Sucesos
CASO GRP: PNC asegura que agente Carla Aya fue sepultada como desconocida, hay más implicados
POR: El Salvador Times
Warner Velásquez/Ernesto Pérez
El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, reveló avances en la investigación realizada en el caso de la agente desaparecida durante una fiesta en sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).
Según la línea de investigación, el pasado 30 de diciembre familiares del agente Juan Josúe Castillo Arévalo habrían abandonado una casa en el municipio de Soyapango, lugar en el que una persona habría fallecido.
Al día siguiente, es decir el 31 de diciembre, la familia de Castillo, quien se encuentra prófugo, entierran a esta persona a quien según Cotto no se realizaron actividades fúnebres como habitualmente sucede.
Cotto explicó que las dudas surgen luego de entrevistar a un médico en Ilopango, quien explicó a los elementos a cargo de la investigación que extendió una constancia de defunción sin tener a la vista el cuerpo.
«Familiares de Castillo Arévalo utilizan para tramitar entierro una constancia de defunción emitida por un médico de Ilopango», remarcó el jefe policial quien señaló que aún no se puede confirmar si se trata de la agente Ayala.
El jefe de la corporación señaló que se va a solicitar abrir la tumba para que se le realice una exhumación y verificar la identidad de la persona que fue enterrada en la tumba del cementerio de San Francisco Javier.
«El lugar se encuentra abandonado sin signos que se haya cuidado la tumba como suele hacerse con alguien al fallecer», remarcó Cotto quien dijo que espera que en los próximos días se tenga el aval del juzgado de la zona.
El jefe policial dijo que el pasado jueves 22 de febrero en horas de la tarde se ordenó establecer la custodia permanente en el lugar donde se presume está enterrado el cuerpo de la agente Carla Ayala. También se le informó y presentó toda la documentación que respalda la información policial.
Tiempo a tardar del ADN
En cuanto al tiempo que podría tardarse para confirmar que Medicina Legal de a conocer los resultados de ADN y se confirme que el cuerpo encontrado en el cementerio es el de la agente Ayala, Cotto dijo que primero habría que determinar la fecha que el juez establece para la exhumación del cuerpo, por lo que espera sea lo más pronto posible.
Aseveró que lo que se realizará este día por parte de la Fiscalía es la petición de la exhumación del cuerpo.
«Independiente de lo que tarde el trámite, nosotros vamos a mantener la custodia en el cementerio sin importar las horas o días que pueda durar la investigación de la Fiscalía», aseveró.
«No me es posible determinar la cantidad de tiempo que Medicina Legal pueda tardar, pero nosotros estaremos insistiendo tanto con Fiscalía, Medicina Legal, con el juez si es necesario para que este trámite se haga lo más rápido posible», detalló.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
