Sucesos
CASO GRP: PNC asegura que agente Carla Aya fue sepultada como desconocida, hay más implicados
POR: El Salvador Times
Warner Velásquez/Ernesto Pérez
El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, reveló avances en la investigación realizada en el caso de la agente desaparecida durante una fiesta en sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).
Según la línea de investigación, el pasado 30 de diciembre familiares del agente Juan Josúe Castillo Arévalo habrían abandonado una casa en el municipio de Soyapango, lugar en el que una persona habría fallecido.
Al día siguiente, es decir el 31 de diciembre, la familia de Castillo, quien se encuentra prófugo, entierran a esta persona a quien según Cotto no se realizaron actividades fúnebres como habitualmente sucede.
Cotto explicó que las dudas surgen luego de entrevistar a un médico en Ilopango, quien explicó a los elementos a cargo de la investigación que extendió una constancia de defunción sin tener a la vista el cuerpo.
«Familiares de Castillo Arévalo utilizan para tramitar entierro una constancia de defunción emitida por un médico de Ilopango», remarcó el jefe policial quien señaló que aún no se puede confirmar si se trata de la agente Ayala.
El jefe de la corporación señaló que se va a solicitar abrir la tumba para que se le realice una exhumación y verificar la identidad de la persona que fue enterrada en la tumba del cementerio de San Francisco Javier.
«El lugar se encuentra abandonado sin signos que se haya cuidado la tumba como suele hacerse con alguien al fallecer», remarcó Cotto quien dijo que espera que en los próximos días se tenga el aval del juzgado de la zona.
El jefe policial dijo que el pasado jueves 22 de febrero en horas de la tarde se ordenó establecer la custodia permanente en el lugar donde se presume está enterrado el cuerpo de la agente Carla Ayala. También se le informó y presentó toda la documentación que respalda la información policial.
Tiempo a tardar del ADN
En cuanto al tiempo que podría tardarse para confirmar que Medicina Legal de a conocer los resultados de ADN y se confirme que el cuerpo encontrado en el cementerio es el de la agente Ayala, Cotto dijo que primero habría que determinar la fecha que el juez establece para la exhumación del cuerpo, por lo que espera sea lo más pronto posible.
Aseveró que lo que se realizará este día por parte de la Fiscalía es la petición de la exhumación del cuerpo.
«Independiente de lo que tarde el trámite, nosotros vamos a mantener la custodia en el cementerio sin importar las horas o días que pueda durar la investigación de la Fiscalía», aseveró.
«No me es posible determinar la cantidad de tiempo que Medicina Legal pueda tardar, pero nosotros estaremos insistiendo tanto con Fiscalía, Medicina Legal, con el juez si es necesario para que este trámite se haga lo más rápido posible», detalló.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
