Sucesos
CASO GRP: PNC asegura que agente Carla Aya fue sepultada como desconocida, hay más implicados
POR: El Salvador Times
Warner Velásquez/Ernesto Pérez
El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, reveló avances en la investigación realizada en el caso de la agente desaparecida durante una fiesta en sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).
Según la línea de investigación, el pasado 30 de diciembre familiares del agente Juan Josúe Castillo Arévalo habrían abandonado una casa en el municipio de Soyapango, lugar en el que una persona habría fallecido.
Al día siguiente, es decir el 31 de diciembre, la familia de Castillo, quien se encuentra prófugo, entierran a esta persona a quien según Cotto no se realizaron actividades fúnebres como habitualmente sucede.
Cotto explicó que las dudas surgen luego de entrevistar a un médico en Ilopango, quien explicó a los elementos a cargo de la investigación que extendió una constancia de defunción sin tener a la vista el cuerpo.
«Familiares de Castillo Arévalo utilizan para tramitar entierro una constancia de defunción emitida por un médico de Ilopango», remarcó el jefe policial quien señaló que aún no se puede confirmar si se trata de la agente Ayala.
El jefe de la corporación señaló que se va a solicitar abrir la tumba para que se le realice una exhumación y verificar la identidad de la persona que fue enterrada en la tumba del cementerio de San Francisco Javier.
«El lugar se encuentra abandonado sin signos que se haya cuidado la tumba como suele hacerse con alguien al fallecer», remarcó Cotto quien dijo que espera que en los próximos días se tenga el aval del juzgado de la zona.
El jefe policial dijo que el pasado jueves 22 de febrero en horas de la tarde se ordenó establecer la custodia permanente en el lugar donde se presume está enterrado el cuerpo de la agente Carla Ayala. También se le informó y presentó toda la documentación que respalda la información policial.
Tiempo a tardar del ADN
En cuanto al tiempo que podría tardarse para confirmar que Medicina Legal de a conocer los resultados de ADN y se confirme que el cuerpo encontrado en el cementerio es el de la agente Ayala, Cotto dijo que primero habría que determinar la fecha que el juez establece para la exhumación del cuerpo, por lo que espera sea lo más pronto posible.
Aseveró que lo que se realizará este día por parte de la Fiscalía es la petición de la exhumación del cuerpo.
«Independiente de lo que tarde el trámite, nosotros vamos a mantener la custodia en el cementerio sin importar las horas o días que pueda durar la investigación de la Fiscalía», aseveró.
«No me es posible determinar la cantidad de tiempo que Medicina Legal pueda tardar, pero nosotros estaremos insistiendo tanto con Fiscalía, Medicina Legal, con el juez si es necesario para que este trámite se haga lo más rápido posible», detalló.
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador condenó a diez años de prisión, en un juicio sumario, a Elías Candelario Crespín López, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.
El reporte oficial detalla que, en noviembre del año pasado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de que, sobre la 8a. Avenida Norte y 1a. Calle Oriente de San Salvador, en un microbús de la ruta 11, se transportaba un hombre con arma de fuego. Al ser intervenido, fue identificado como Elías Candelario Crespín, quien portaba un revólver calibre 38, con seis cartuchos.
Al solicitarle la documentación del arma de fuego, Elías Candelario pudo demostrar la legalidad, razón por la cual fue detenido.
La Fiscalía informó que en la vista pública se comprobó la culpabilidad del procesado a través de la prueba documental, pericial y testimonial incorporada durante la investigación sumaria.
En octubre de 2025, Pedro Héctor Rosa Cruz fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y disparo de arma de fuego.
El 4 de febrero de 2025, el imputado se encontraba frente a su casa, junto a otras personas, en la lotificación El Trapiche, en el distrito de Guazapa, San Salvador. Al lugar llegó una patrulla con agentes policiales que habían recibido informes de varios disparos en la zona. Pedro Héctor, que se encontraba en estado de ebriedad, entregó el arma de la cual no tenía permiso y fue puesto en detención.
Armando Cárcamo Andrade fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Dimas Flores. Asimismo, el tribunal libró la respectiva orden de captura por ser imputado rebelde.
El reporte oficial da cuenta que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 9 de septiembre de 2021, en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este. El cuerpo sin vida fue encontrado por una persona que hacía labores de limpieza, quien ingresó a la vivienda al notar que el portón se encontraba entreabierto y que el vehículo de la víctima no estaba en el lugar.
La persona continuó con sus labores y, al pasar a la habitación, observó a Dimas en una hamaca, al acercarse notó que presentaba heridas en el rostro y el cuello, además de que el cuarto estaba desordenado. Uno de los testigos declaró que la víctima había llegado tres días antes del crimen junto a su agresor y que ambos estuvieron departiendo.
Durante el juicio se demostró que la activación de las antenas del teléfono celular de la víctima fue ubicada en la residencia de Cárcamo Andrade, quien además se llevó el vehículo de la víctima hacia su vivienda, situada en el departamento de La Unión, detalló la Fiscalía.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de prisión a Juan José Díaz Salinas, integrante de la Mara Salvatrucha por el homicidio de un agente de la PNC en septiembre de 2017.
Según la investigación fiscal, el imputado mató a la víctima en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, La Paz; el agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar.
Además de la pena de prisión, Cárcamo Andrade debe pagar $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
Actualmente Díaz Salinas cumple penas de prisión, entre otros hechos, por haber asesinado a una mujer en 2017 y por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en la jurisdicción del departamento de La Paz.
Industrias Plásticas S.A. de C.V. (IPSA) se incorporó como nuevo miembro del Consejo Industrial de El Salvador de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), como parte de la consolidación de una industria cada vez más unida, sólida y orientada al desarrollo de El Salvador.
La adhesión de IPSA fortalece la institucionalidad del Consejo Industrial, cuya agenda estratégica, enfoque técnico y capacidad de incidencia continúan atrayendo a empresas líderes comprometidas con la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de El Salvador.
Con más de 67 años de trayectoria, IPSA es una empresa salvadoreña referente en la fabricación de empaques plásticos flexibles y soluciones de empaque para alimentos, reconocida por su enfoque en calidad, innovación y sostenibilidad. Su incorporación aporta experiencia en procesos industriales, gestión ambiental, economía circular y desarrollo de cadenas de valor, elementos clave para la consolidación de una industria moderna y responsable.
La firma de la declaración de principios del Consejo Industrial representa para IPSA un paso firme para convertir el compromiso en acción, sumando capacidades con otros actores del sector para impulsar una agenda industrial que genere inversión, empleo, competitividad y bienestar para el país.
«Con esta nueva incorporación, el Consejo Industrial reafirma su carácter multisectorial y su misión de ser una plataforma efectiva de articulación entre empresas, gremiales e instituciones, orientada a incidir en políticas públicas y a construir condiciones favorables para el desarrollo productivo de El Salvador», explicó la entidad a través de un comunicado.
Por otra parte, afirmó que El Salvador necesita una industria fuerte, unida y visionaria, por lo que IPSA se suma al esfuerzo colectivo con la convicción de contribuir activamente a un futuro más competitivo, sostenible y próspero para el país.
