Sucesos
CASO GRP: PNC asegura que agente Carla Aya fue sepultada como desconocida, hay más implicados
POR: El Salvador Times
Warner Velásquez/Ernesto Pérez
El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, reveló avances en la investigación realizada en el caso de la agente desaparecida durante una fiesta en sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).
Según la línea de investigación, el pasado 30 de diciembre familiares del agente Juan Josúe Castillo Arévalo habrían abandonado una casa en el municipio de Soyapango, lugar en el que una persona habría fallecido.
Al día siguiente, es decir el 31 de diciembre, la familia de Castillo, quien se encuentra prófugo, entierran a esta persona a quien según Cotto no se realizaron actividades fúnebres como habitualmente sucede.
Cotto explicó que las dudas surgen luego de entrevistar a un médico en Ilopango, quien explicó a los elementos a cargo de la investigación que extendió una constancia de defunción sin tener a la vista el cuerpo.
«Familiares de Castillo Arévalo utilizan para tramitar entierro una constancia de defunción emitida por un médico de Ilopango», remarcó el jefe policial quien señaló que aún no se puede confirmar si se trata de la agente Ayala.
El jefe de la corporación señaló que se va a solicitar abrir la tumba para que se le realice una exhumación y verificar la identidad de la persona que fue enterrada en la tumba del cementerio de San Francisco Javier.
«El lugar se encuentra abandonado sin signos que se haya cuidado la tumba como suele hacerse con alguien al fallecer», remarcó Cotto quien dijo que espera que en los próximos días se tenga el aval del juzgado de la zona.
El jefe policial dijo que el pasado jueves 22 de febrero en horas de la tarde se ordenó establecer la custodia permanente en el lugar donde se presume está enterrado el cuerpo de la agente Carla Ayala. También se le informó y presentó toda la documentación que respalda la información policial.
Tiempo a tardar del ADN
En cuanto al tiempo que podría tardarse para confirmar que Medicina Legal de a conocer los resultados de ADN y se confirme que el cuerpo encontrado en el cementerio es el de la agente Ayala, Cotto dijo que primero habría que determinar la fecha que el juez establece para la exhumación del cuerpo, por lo que espera sea lo más pronto posible.
Aseveró que lo que se realizará este día por parte de la Fiscalía es la petición de la exhumación del cuerpo.
«Independiente de lo que tarde el trámite, nosotros vamos a mantener la custodia en el cementerio sin importar las horas o días que pueda durar la investigación de la Fiscalía», aseveró.
«No me es posible determinar la cantidad de tiempo que Medicina Legal pueda tardar, pero nosotros estaremos insistiendo tanto con Fiscalía, Medicina Legal, con el juez si es necesario para que este trámite se haga lo más rápido posible», detalló.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 540 años de prisión a Roberto Carlos García Martínez, alias Bestia, y a 216 años de cárcel a Francisco Eduardo Ramírez Vicente, alias Yeiko. Ambos son acusados por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros nueve imputados también fueron condenados a penas que oscilan entre cinco y 173 años de prisión por los mismos delitos.
«El juzgador valoró 11 casos de homicidio agravado y 21 casos de robo agravado en perjuicio de diversas empresas y personas particulares. La estructura estaba integrada por expolicías, exsoldados y civiles; estos últimos colaboraban proporcionando información a los líderes sobre los movimientos de comercios y víctimas, quienes eran asesinadas si se resistían durante los robos», explicó el fiscal del caso.
La mayoría de los crimines fueron ejecutados por los imputados en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel. En esta última zona, llegaron a asaltar cooperativas y empresas dedicadas a la venta de motocicletas.
«Al emitir el fallo, el juez manifestó que los delitos cometidos fueron atroces y que los procesados se aprovecharon de su posición como agentes de autoridad para vulnerar a la población», indicó el fiscal.
En otro caso, el pasado 30 de abril, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, condenó a 260 años de prisión a Jaime Ulises Vega Guzmán, alias Siniestro, por ocho casos de homicidio agravado y por el delito de organizaciones terroristas.
Asimismo, condenó a 140 años de prisión a Elías Adonis Quijano Merino, alias Baby de los Chorros, por cuatro homicidios agravados y por el delito de organizaciones terroristas.
Otros tres ranfleros fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas. En el caso de Melvin Adonay García Rivas, alias Badboy de Lavas, y Valentin Cruz Castro, alias Necio, fueron condenados a 50 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado. Ambos imputados ostentaban el rango de ranfleros en la MS.
La Policía informó que el lunes 4 de mayo finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la tercera jornada del mes sin muertes a causa de la violencia y en la 104 del año.
Los tres días sin asesinatos reportados en mayo se suman a las 27 jornadas con cero homicidios con que finalizó abril, a los 23 días sin muertes a causa de la violencia de marzo, a los 24 días de febrero y a las 27 jornadas sin asesinatos registradas en enero, para totalizar 104 días con cero homicidios en lo que va del año.
Los datos de la corporación policial también establecen que en la gestión del presidente Nayib Bukele se han reportado 1,206 días sin asesinatos, de estos, 1,092 han sido logrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 4 de mayo de 2026, durante el régimen de excepción.
Las medidas de seguridad también permitieron que El Salvador finalizara el 2025 como el país centroamericano con menos homicidios en 2025. Mientras El Salvador solo reportó 82 asesinatos, Guatemala cerró con 3,022 homicidios, Honduras con 2,330, Costa Rica registró 856 y Panamá cerró el año anterior con 588 asesinatos.
En el actual Gobierno, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en el mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con ese bajo promedio, hubo 27 días sin homicidios en abril.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver todos los casos con la captura de los sospechosos. La más reciente fue la Maynor Humberto García Flores, responsable del homicidio en perjuicio de Lorenza del Tránsito Cardona, de 65 años, quien según la PNC, murió tras ser atacada con arma blanca. Este hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra un hombre identificado con las iniciales F. A. J. P., de 49 años, acusado del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía General de la República, los hechos habrían iniciado en el año 2010, cuando la víctima tenía 5 años de edad, y se prolongaron durante varios años, hasta que cumplió 13 años, en la zona urbana del distrito.
Las investigaciones señalan que el imputado, quien era padrastro de la víctima, presuntamente se aprovechó de la relación de cercanía y de la condición de vulnerabilidad de la niña para cometer de forma reiterada tocamientos de índole sexual.
La denuncia fue interpuesta en octubre de 2025, luego de que la víctima revelara lo ocurrido a su madre, en un contexto marcado por el temor hacia el imputado y antecedentes de violencia intrafamiliar.
El caso continuará en fase de instrucción mientras las autoridades profundizan en las investigaciones y se desarrolla el proceso judicial correspondiente.
