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Se registra cero homicidios en 236 municipios de El Salvador hasta el 23 de enero
Desde el 1 al 23 de enero de 2022 un total de 236 municipios a nivel nacional no han sufrido homicidios, esto según las estadísticas brindadas por el Gabinete de Seguridad.
«En 236 localidades de El Salvador no se contabilizan asesinatos en los primeros días de 2022, esto como resultado de las diferentes acciones contempladas en el Plan Control Territorial. Uno de los propósitos es sacar de la calle a los criminales que se ocultan entre las comunidades», se lee en un comunicado publicado por el Gobierno.
El escrito agrega que dentro de los municipios que no han reportado homicidios se encuentran algunos que en los pasados gobiernos permanecieron en el completo olvido, sin ningún programa de prevención ni estrategia de seguridad integral y con altos índices de muertes violentas.
Recientemente el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro también confirmó que el 90.1% del territorio nacional no ha reportado homicidios en el mismo periodo. «En lo que va del mes tenemos la mayor extensión del territorio libre de homicidios, esto es casi un 90.1%», señaló el ministro.
Agregó que este logró es fruto de la correcta implementación del Plan Control Territorial y del trabajo coordinado entre todas las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. «Estos no son números que nacen de la imaginación o de la nada, esto es fruto precisamente del trabajo coordinado que tenemos como Gabinete de Seguridad y la cercanía de trabajo con la Fiscalía», afirmó Villatoro.
Al cierre del año pasado, la Policía confirmó que en 70 municipios no hubo homicidios. Según los datos de la Policía, en 13 departamentos se destacó la reducción de asesinatos en 2021, principalmente en el departamento de Chalatenango, donde no hubo muertes violentas en 20 de sus 33 municipios.
En Morazán, en siete de sus 26 ciudades tampoco se registraron asesinatos. El panorama fue similar en siete de 22 jurisdicciones del departamento de La Paz.
En San Salvador municipios catalogados con alta incidencia criminal, como Ilopango, San Martín y Soyapango, registraron 75 % en la reducción de asesinatos durante septiembre de 2021, que cerró con 59 homicidios en todo el país.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
