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Sala de lo Penal debe decidir qué jueces conocerán el caso de los cuatro exfiscales y dos administrativos
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir qué jueces conocerán el caso denominado Corruptela sobre los exfiscales que fueron torturados para obligarlos a dar “testimonios falsos” en contra del empresario Enrique Rais y otras personas.
Entre los verdugos de los exfiscales torturados fue señalado y denunciado formalmente el exfiscal auxiliar Nahum Martínez quien, pese a las denuncias penales en su contra, por torturar a los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, fue electo magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cargo que a la fecha desempeña a pesar de la existencia de las mencionadas denuncias penales.
Así también, fue denunciado reiteradamente por diversos delitos penales, el fiscal Wil Walter Ruiz quien pese a sendas denuncias penales en su contra continúa desempeñándose en cargos de decisión en la Fiscalía General de la República (FGR).
Es de recordar que, luego de que salieran a la luz pública detalles que revelaron que el exfiscal General de la República, Douglas Meléndez, presionó también a los cuatro fiscales auxiliares y dos empleados administrativos de la institución para que mintieran y “fabricaran” el caso denominado “Corruptela”; el 7 de enero de 2020, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, certificó para qué la FGR, iniciara la investigación respectiva y procesara a los señores Neftalí Roberto Abrego Rosales, Héctor Nahum Martínez García, Jorge Cortez y al mismísimo ex fiscal Douglas Meléndez, por existir la probabilidad del cometimiento de un hecho delictivo.
Ante esto surge la pregunta: ¿cuándo se hará justicia? o ¿cuánto tiempo más hay que esperar?
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
El Instituto Diplomático Doctor José Gustavo Guerrero (IDG) de la Cancillería de la República estableció dos acuerdos que abrirán las puertas a la colaboración y el trabajo conjunto entre este centro y dos casas de estudio de Paraguay.
Precisamente, con la Universidad Americana del Paraguay se firmó un acuerdo para impulsar iniciativas de beneficio recíprocos para la comunidad académica de ambas instituciones.
Este centro de enseñanza superior está enfocado en el desarrollo de las artes, las letras, las ciencias tecnológicas, la investigación científica y la capacitación integral del ser humano.
Sumado a esto, el IDG suscribió un memorándum de entendimiento con la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, un instrumento que dará un nuevo impulso que robustece sus capacidades y contribuye a la formación continua y profesionalización del talento humano de ambas cancillerías.
«Vemos oportunidad para el intercambio de publicaciones, programas de estudio de postgrados, intercambios de docentes y estudiantiles, pasantías laborales y prácticas profesionales, realización de cursos, congresos, seminarios o simposios, proyectos de investigación, para reforzar capacidades y conocimientos, entre otros, que serán de mutuo beneficio para ambas instituciones», señaló la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.
