Nacionales
Carta abierta a Magistrados de la Sala de lo Penal
CARTA ABIERTA
A LA SEÑORA Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO PENAL
Dra. Doris Luz Rivas Galindo
Lic. José Roberto Argueta Manzano
Lic. Leonardo Ramírez Murcia
En virtud del reconocimiento internacional que mi lucha por hacer justicia ha tenido, principalmente con la resolución adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), que constituye el Órgano de Naciones Unidas / ONU con el principal mandato de dictaminar la existencia de detenciones ilegales o arbitrarias a nivel mundial, y que ha confirmado en su Opinión No. 76/2020 (Relativa a José Aquiles Enrique Rais López -El Salvador-) que:
- En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:
La privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar “pronta y cumplida justicia” y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la “fabricación” de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de ordenes de prisión preventiva arbitrarias y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas por tener calidad de “cosa juzgada fraudulenta.”
El caso, para conocimiento de la opinión pública, consiste en que a través de mis abogados y habiendo sabido siempre que las acciones penales en mi contra estaban fundadas en pruebas ilícitas, pruebas espúreas y fraudes procesales, interpuse ante la Fiscalía General de la República (FGR) sendas denuncias en contra de:
Wil Walter Ruiz Ponce, Ex Jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del Ex Fiscal General, Douglas Meléndez.
Los fiscales y exfiscales de crimen organizado que usando “Testigos sin rostro”, “Escuchas Telefónicas Ilegales” y “Pruebas adulteradas” violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA, entre estos se encuentran: Julio César Larrama (actual Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la FGR), Mayra Raquel Guerra, Luis Montes Pacheco, Liliana Jovel Guzmán y Xenia Lizeth Linares Rodríguez.
Los Ex Directores del Centro de Intervenciones Telefónicas (CITE) de la FGR: Sigfredo Alcides Campos Crespo y Froilán Francisco Coto Cabrera, quienes incumplieron sus obligaciones impuestas por la Ley Especial para Intervenciones Telefónicas (LEIT) bajo una actitud conspirativa de fabricar pruebas a través de escuchas telefónicas ilícitas contra otras personas, pero que utilizaron en mi contra, a pesar que siempre supieron que: a) No existían autorizaciones judiciales para intervenir mis telefónos; b) No me encontraba vinculado a la investigación que estaban realizando; c) No aparezco relacionado con los hechos que fueron descubiertos en el curso de la investigación; y d) la única vez que se coloca mi nombre en el expediente, es en el informe final, por la mera arbitrariedad del señor Campos Crespo que deduce que se está hablando de mi persona de manera referencial.
Además esas escuchas telefónicas, carecían de valor probatorio y al no haber sido utilizadas en el plazo de seis meses (vencían el 14 de octubre de 2015 y fueron utilizadas para ejercer acción penal, hasta el 25 de agosto de 2016) era responsabilidad del Director del CITE que se destruyeran; y posteriormente, fueron divulgadas por distintos medios de prensa, quienes además las utilizaron para hacer juicios mediáticos de culpabilidad, en violación de mi garantía a la presunción de inocencia y a pesar que ni mis abogados ni mi persona como acusado habíamos tenido acceso a esa prueba.
También fue denunciada la técnica informática de la FGR, Ena Maricela Granados Ponce, de quien se comprobó que alteró un Dictamen Técnico, señalando que mi persona utilizaba un número telefónico, del que contaban con la documentación que estaba a nombre de otra persona distinta; también consignó registros de llamadas como si estaban realizados por mi persona y un abogado, cuando estaba comprobado que esas llamadas eran de ese abogado y una mujer. Luego al ser descubierta, se limitó a decir que se trataba de un “error material”; pero ese error material ha significado cuatro años de una orden de detención ilegal con todos los perjuicios que ello significa.
Pero, ¿Qué ocurrió en la FGR? Resulta que sobre los hechos que mis abogados denunciaron, se siguió una investigación totalmente parcializada y carente de objetividad, lo que está debidamente datado en el expediente; y, finalmente, unos días previo a que finalizara en el cargo el Ex Fiscal General, Douglas Meléndez se presentó Requerimiento Fiscal solicitando el Sobreseimiento Definitivo de todas estas personas.
Desde entonces, habiéndome constituído Querellante inicié una batalla legal, para que se me permita como víctima de tan graves atropellos a mis derechos fundamentales, contar con una tutela judicial efectiva. Sin embargo el Juez 5º de Paz de San Salvador (un juez nombrado en la famosa Acta de Corte Plena de fecha 20 de septiembre de 2016, que es el más grande atentado al derecho del justiciable a la independencia judicial e imparcialidad y que he documentado para presentar a la Relatoría Especial sobre la Independencia de magistrados y abogados) en contra de lo que dicta el derecho, asumió todos los graves hechos consistentes en: extracciones de copias de escuchas sin control de cadena de custoria, alteración de hechos en las pruebas, emisión de orden de arresto sin fundamento y únicamente basada en testigos sin rostro, materialización de la detención en contra de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, etc, consideró que todos estos eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.
Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA en cuanto:
64. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
Aunque estoy claro que sus dignas autoridades, conocen con más amplitud los estándares de protección internacional de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprovecho para recordar que esta última respecto a la cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta” ha manifestado como parámetros para considerar que este sea el caso lo siguientes:
“i) La actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de justicia.” (Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154)
Finalmente reafirmo, que mi lucha por alcanzar justicia y por evitar que lo ocurrido contra mí, le ocurra a cualquier otra persona, llevaré el caso ante las instancias nacionales e internacionales que sean precisas hasta que se deduzcan las responsabilidades de quienes cometieron tan graves atentados contra mis derechos fundamentales.
Como decisión personal, para que no se repitan en perjuicio de nadie, los abusos de poder del Sistema Judicial -especialmente el Penal- muy pronto daré a conocer el detalle del Observatorio sobre Independencia Judicial, con el que apoyaré para que organizaciones que velan por la protección de los derechos humanos, puedan incidir positivamente en la contraloría de funcionarios públicos y quienes pretendan serlo, de manera que ya no haya más violadores de derechos humanos ejerciendo funciones en el Estado, cuya obligación legítima es protegerlos y no infringirlos.
Y también haré públicos en cuanto se complete su organización de los medios de contacto, donde se podrá denunciar ante un equipo de defensores de derechos humanos, cualquier abuso o violación de autoridad, a fin de poder llevar ad honorem, casos de víctimas de violación de derechos humanos.
LA LUCHA POR LA JUSTICIA, APENAS COMIENZA.
ENRIQUE RAIS
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo Especial del Billetero, como un reconocimiento a los agentes billeteros que comercializan sus productos y acercan la oportunidad de ganar a miles de salvadoreños en todo el país.
Durante la fase previa del sorteo, Marjorie González, jefa del Departamento de Agencias de la LNB, participó en el ingreso de los premios a la tómbola y en la selección de maletines. Además, explicó a la audiencia el trabajo que realizan los agentes billeteros y detalló el proceso para formar parte de esta red de venta que distribuye los productos de la institución en todo el territorio nacional.
En el Sorteo Especial del Billetero, el primer premio de $185,000 correspondió al billete n.º 23733, el cual fue vendido. El segundo premio de $20,000 fue para el billete n.º 02503, que no fue vendido, mientras que el tercer premio de $10,000 correspondió al billete n.º 16890, también no vendido.
La LNB destacó que cada boleto adquirido para participar en sus sorteos también contribuye a los programas de beneficencia que desarrolla la institución. Según informó, durante junio de 2026 fueron beneficiadas 5,618 personas, con una inversión de $61,707.50, como parte de los esfuerzos para acercar atención y apoyo a la población salvadoreña.
Asimismo, la institución invitó a la población a consultar la lista completa de números ganadores en su sitio web oficial y a seguir el resumen de los premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Finalmente, la LNB recordó que cada miércoles ofrece una nueva oportunidad para participar en sus sorteos bajo el mensaje: «Ese Algún Día, te puede pasar a vos».
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
Una mujer identificada como Leslie Vanessa Flores Rodríguez, alias «La China», de 26 años, fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) por su presunta participación en un homicidio agravado ocurrido en 2019.
El arresto fue ejecutado tras una investigación y por orden de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con las autoridades, la detenida fue identificada como homegirl de la pandilla 18 Sureños.
Según las investigaciones, la víctima fue privada de libertad cuando salía de estudiar y posteriormente asesinada. Su cuerpo fue abandonado en un río.
Las autoridades señalaron que en el crimen habrían participado 12 integrantes de la pandilla 18 Sureños, de los cuales la mayoría ya fueron capturados.
El procedimiento policial se desarrolló en Santa Tecla, donde, según las autoridades, la mujer permanecía oculta para evadir la justicia.
La PNC informó que Leslie Vanessa Flores Rodríguez será puesta a disposición de los tribunales para enfrentar el cargo de homicidio agravado.
