Nacionales
Carta abierta a Magistrados de la Sala de lo Penal
CARTA ABIERTA
A LA SEÑORA Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO PENAL
Dra. Doris Luz Rivas Galindo
Lic. José Roberto Argueta Manzano
Lic. Leonardo Ramírez Murcia
En virtud del reconocimiento internacional que mi lucha por hacer justicia ha tenido, principalmente con la resolución adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), que constituye el Órgano de Naciones Unidas / ONU con el principal mandato de dictaminar la existencia de detenciones ilegales o arbitrarias a nivel mundial, y que ha confirmado en su Opinión No. 76/2020 (Relativa a José Aquiles Enrique Rais López -El Salvador-) que:
- En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:
La privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar “pronta y cumplida justicia” y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la “fabricación” de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de ordenes de prisión preventiva arbitrarias y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas por tener calidad de “cosa juzgada fraudulenta.”
El caso, para conocimiento de la opinión pública, consiste en que a través de mis abogados y habiendo sabido siempre que las acciones penales en mi contra estaban fundadas en pruebas ilícitas, pruebas espúreas y fraudes procesales, interpuse ante la Fiscalía General de la República (FGR) sendas denuncias en contra de:
Wil Walter Ruiz Ponce, Ex Jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del Ex Fiscal General, Douglas Meléndez.
Los fiscales y exfiscales de crimen organizado que usando “Testigos sin rostro”, “Escuchas Telefónicas Ilegales” y “Pruebas adulteradas” violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA, entre estos se encuentran: Julio César Larrama (actual Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la FGR), Mayra Raquel Guerra, Luis Montes Pacheco, Liliana Jovel Guzmán y Xenia Lizeth Linares Rodríguez.
Los Ex Directores del Centro de Intervenciones Telefónicas (CITE) de la FGR: Sigfredo Alcides Campos Crespo y Froilán Francisco Coto Cabrera, quienes incumplieron sus obligaciones impuestas por la Ley Especial para Intervenciones Telefónicas (LEIT) bajo una actitud conspirativa de fabricar pruebas a través de escuchas telefónicas ilícitas contra otras personas, pero que utilizaron en mi contra, a pesar que siempre supieron que: a) No existían autorizaciones judiciales para intervenir mis telefónos; b) No me encontraba vinculado a la investigación que estaban realizando; c) No aparezco relacionado con los hechos que fueron descubiertos en el curso de la investigación; y d) la única vez que se coloca mi nombre en el expediente, es en el informe final, por la mera arbitrariedad del señor Campos Crespo que deduce que se está hablando de mi persona de manera referencial.
Además esas escuchas telefónicas, carecían de valor probatorio y al no haber sido utilizadas en el plazo de seis meses (vencían el 14 de octubre de 2015 y fueron utilizadas para ejercer acción penal, hasta el 25 de agosto de 2016) era responsabilidad del Director del CITE que se destruyeran; y posteriormente, fueron divulgadas por distintos medios de prensa, quienes además las utilizaron para hacer juicios mediáticos de culpabilidad, en violación de mi garantía a la presunción de inocencia y a pesar que ni mis abogados ni mi persona como acusado habíamos tenido acceso a esa prueba.
También fue denunciada la técnica informática de la FGR, Ena Maricela Granados Ponce, de quien se comprobó que alteró un Dictamen Técnico, señalando que mi persona utilizaba un número telefónico, del que contaban con la documentación que estaba a nombre de otra persona distinta; también consignó registros de llamadas como si estaban realizados por mi persona y un abogado, cuando estaba comprobado que esas llamadas eran de ese abogado y una mujer. Luego al ser descubierta, se limitó a decir que se trataba de un “error material”; pero ese error material ha significado cuatro años de una orden de detención ilegal con todos los perjuicios que ello significa.
Pero, ¿Qué ocurrió en la FGR? Resulta que sobre los hechos que mis abogados denunciaron, se siguió una investigación totalmente parcializada y carente de objetividad, lo que está debidamente datado en el expediente; y, finalmente, unos días previo a que finalizara en el cargo el Ex Fiscal General, Douglas Meléndez se presentó Requerimiento Fiscal solicitando el Sobreseimiento Definitivo de todas estas personas.
Desde entonces, habiéndome constituído Querellante inicié una batalla legal, para que se me permita como víctima de tan graves atropellos a mis derechos fundamentales, contar con una tutela judicial efectiva. Sin embargo el Juez 5º de Paz de San Salvador (un juez nombrado en la famosa Acta de Corte Plena de fecha 20 de septiembre de 2016, que es el más grande atentado al derecho del justiciable a la independencia judicial e imparcialidad y que he documentado para presentar a la Relatoría Especial sobre la Independencia de magistrados y abogados) en contra de lo que dicta el derecho, asumió todos los graves hechos consistentes en: extracciones de copias de escuchas sin control de cadena de custoria, alteración de hechos en las pruebas, emisión de orden de arresto sin fundamento y únicamente basada en testigos sin rostro, materialización de la detención en contra de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, etc, consideró que todos estos eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.
Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA en cuanto:
64. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
Aunque estoy claro que sus dignas autoridades, conocen con más amplitud los estándares de protección internacional de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprovecho para recordar que esta última respecto a la cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta” ha manifestado como parámetros para considerar que este sea el caso lo siguientes:
“i) La actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de justicia.” (Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154)
Finalmente reafirmo, que mi lucha por alcanzar justicia y por evitar que lo ocurrido contra mí, le ocurra a cualquier otra persona, llevaré el caso ante las instancias nacionales e internacionales que sean precisas hasta que se deduzcan las responsabilidades de quienes cometieron tan graves atentados contra mis derechos fundamentales.
Como decisión personal, para que no se repitan en perjuicio de nadie, los abusos de poder del Sistema Judicial -especialmente el Penal- muy pronto daré a conocer el detalle del Observatorio sobre Independencia Judicial, con el que apoyaré para que organizaciones que velan por la protección de los derechos humanos, puedan incidir positivamente en la contraloría de funcionarios públicos y quienes pretendan serlo, de manera que ya no haya más violadores de derechos humanos ejerciendo funciones en el Estado, cuya obligación legítima es protegerlos y no infringirlos.
Y también haré públicos en cuanto se complete su organización de los medios de contacto, donde se podrá denunciar ante un equipo de defensores de derechos humanos, cualquier abuso o violación de autoridad, a fin de poder llevar ad honorem, casos de víctimas de violación de derechos humanos.
LA LUCHA POR LA JUSTICIA, APENAS COMIENZA.
ENRIQUE RAIS
ENTREGA ESPECIAL
De fuente protegida de El Faro a capturado: cae “Little Man”, pandillero que acusó a Bukele de pactos con la 18
Remberto Ismael Colindres Rajo apareció en una investigación periodística haciendo graves señalamientos sobre supuestos acuerdos políticos con pandillas. Más de un año después, fue localizado en México y trasladado nuevamente a El Salvador. Su captura ha reabierto una polémica que ahora también alcanza al papel de los periodistas que lo entrevistaron.
La historia de Remberto Ismael Colindres Rajo, alias “Little Man”, dio un giro que difícilmente pasará inadvertido en la discusión política salvadoreña. El hombre que en 2025 apareció como una de las fuentes utilizadas para sostener explosivas acusaciones sobre supuestos pactos entre políticos y la Pandilla 18 fue localizado en México y terminó nuevamente bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que Colindres Rajo, de 37 años, se encontraba entre cinco salvadoreños entregados por autoridades mexicanas en la frontera de El Carmen, San Marcos. La institución guatemalteca los identificó como presuntos integrantes de estructuras de pandillas y posteriormente los trasladó hacia la frontera con El Salvador. En el caso de “Little Man”, Guatemala indicó que registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en grado de tentativa.
Pero el nombre de Colindres Rajo ya había trascendido mucho antes de esta operación.
En 2025, “Little Man” apareció como fuente en una investigación difundida por El Faro y N+ Univision sobre presuntos acuerdos entre dirigentes políticos y miembros de la Pandilla 18. En aquel trabajo, el pandillero sostuvo que la estructura criminal había utilizado su control territorial para presionar a comunidades y conseguir respaldo electoral para Nayib Bukele durante su ascenso político.
Su testimonio fue particularmente polémico. “Little Man” afirmó que desde la estructura se giraban instrucciones para obligar a familiares y habitantes de comunidades controladas por la pandilla a votar por Bukele bajo amenazas. También aseguró que durante determinados períodos existió un entendimiento para reducir enfrentamientos y que Carlos Marroquín, funcionario vinculado a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, habría tenido contacto con integrantes de la organización. Bukele negó públicamente aquellas acusaciones.
El personaje utilizado como fuente tampoco fue presentado por los propios reportajes como un ciudadano ajeno a las estructuras criminales. Publicaciones de la época describieron a “Little Man”, también identificado con el alias “Tasmania”, como un integrante con peso dentro del Barrio 18 y señalaron que su rostro y ubicación no serían revelados durante la publicación del material.
Ese detalle cobra una dimensión distinta después de su captura.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aprovechó la detención para atacar directamente al medio que entrevistó al pandillero. El funcionario lo describió como uno de los sujetos a los que El Faro habría dado espacio en sus investigaciones y fue todavía más lejos: afirmó que periodistas involucrados en el reportaje supuestamente ofrecieron gestionar para Colindres Rajo asilo y tranquilidad en México a cambio de su participación.
Precisamente ahí aparece la nueva controversia.
Una cosa es que un periodista proteja la identidad o ubicación de una fuente —una práctica utilizada habitualmente cuando revelar esa información puede poner en peligro a quien proporciona datos— y otra muy distinta sería colaborar activamente para que una persona requerida por la justicia escape de las autoridades. La primera pertenece al terreno de la protección de fuentes; la segunda, de comprobarse, plantearía cuestionamientos de naturaleza completamente diferente. Por ahora, la acusación pública del ministro no permite confundir ambas situaciones.
La captura también coloca bajo una nueva lupa las declaraciones que “Little Man” realizó en 2025. Haber sido detenido o poseer antecedentes no demuestra por sí solo que aquello que declaró fuera falso; del mismo modo, que haya participado como fuente tampoco convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos comprobados. Su testimonio debía ser —y continúa debiendo ser— evaluado frente a documentos, otras fuentes y evidencias independientes.
El caso resulta todavía más explosivo porque El Faro ha publicado durante años investigaciones sobre supuestas negociaciones entre distintos gobiernos salvadoreños y estructuras criminales. En 2021, por ejemplo, el medio publicó información basada en documentos de una investigación de la Fiscalía denominada “Catedral”, en la que se señalaban reuniones entre funcionarios y representantes de las principales pandillas dentro de centros penitenciarios.
Ahora, sin embargo, uno de los hombres que apareció contando desde adentro su versión sobre esos supuestos entendimientos ya no está oculto ni fuera del alcance de las autoridades salvadoreñas.
“Little Man” pasó de fuente protegida a detenido.
Y con su regreso a El Salvador se abre una interrogante que probablemente continuará alimentando el enfrentamiento entre el Gobierno y uno de sus medios más críticos: ¿la captura servirá únicamente para procesar al presunto pandillero por los delitos que las autoridades le atribuyen, o también permitirá comprobar —o desmontar— algunas de las acusaciones que durante meses colocaron su testimonio en el centro de la tormenta política?
Por ahora hay una certeza: el hombre cuya identidad y ubicación fueron protegidas mientras hacía acusaciones capaces de sacudir al poder político salvadoreño ya está en manos de ese mismo Estado.
Un automóvil particular cayó esta mañana en un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad, en el departamento de Usulután.
El vehículo circulaba sobre la carretera que conduce hacia la playa El Espino cuando, por circunstancias no precisadas, cayó al precipicio.
De manera preliminar, se reportó que el conductor del automotor resultó lesionado tras el aparatoso siniestro vial.
Hasta el cierre de esta nota, el automóvil permanecía en el fondo del barranco, a la espera de la llegada de una grúa para ser retirado del lugar.
La Administración de la Zona 1 de la alcaldía de San Salvador Centro, en coordinación con Promoción de Salud, realizó una jornada de fumigación en los condominios Palo Verde, Belloso, Cuscatlán, Palmas, Jardines de Versalles y Libertad.
De acuerdo con las autoridades edilicias, estas acciones benefician a más de 500 familias de las colonias intervenidas.
La jornada tiene como objetivo prevenir los contagios de dengue, zika y chikungunya, enfermedades asociadas a la proliferación de zancudos.
Asimismo, el personal municipal brindó recomendaciones a las familias beneficiadas para prevenir la formación de criaderos de zancudos y contribuir a evitar la propagación de estas enfermedades.
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