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Judicial

Empresario Enrique Rais pide a Sala de lo Penal abordar resolución de instancia de la ONU que califica de «arbitraria» su privación de libertad

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El empresario Enrique Rais llamó a los magistrados  de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) a ejercer el principio de «pronta y cumplida justicia» a su favor, a partir de la resolución emitida en su beneficio por el  Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA),  organismo constituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En su Opinión 67-2020, el GTDA estableció que «la privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

Al respecto de tal decisión del organismo de la ONU, el empresario hizo llegar una misiva a manos de los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, donde expone la opinión del Grupo de Trabajo.

«Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar ‘pronta y cumplida justicia’, y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a mi persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la fabricación de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de órdenes de prisión preventiva arbitrarias, y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas, por tener calidad de cosa juzgada fraudulenta», manifestó en su misiva el empresario.

Rais explica que ante la ejecución de un proceso en su contra, «basado en pruebas ilícitas, espúreas y fraudes procesales», interpuso ante la Fiscalía General de la República sendas denuncias en contra de Wil Walter Ruiz Ponce, ex jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del ex fiscal general, Douglas Meléndez, así como contra un grupo de agentes y exagentes del Ministerio Público que recurrieron maniobras ilegales para incriminarlo.

También denunció a personal técnico de la Fiscalía por participar con acciones ilícitas en la presentación de pruebas.

«Los fiscales y exfiscales de crimen organizado, usando ‘testigos sin rostro’, ‘escuchas telefónicas Ilegales’ y ‘pruebas adulteradas’ violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA», señaló el empresario.

Recordó Rais que en ese momento inició una batalla legal en favor de sus derechos humanos ante el atropello del que era objeto por parte de agentes fiscales, pero que el juez 5° de Paz de San Salvador consideró que todos los graves hechos en su contra eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.

«Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA, la cual establece en su numeral 64 lo siguiente:  ‘El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos'»,  instó el empresario

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Tres pandilleros son condenados por intento de homicidio en San Vicente

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Gracias a las sólidas pruebas presentadas por los fiscales se logró condenar a Mario Alfonso Alvarado Cerritos, alias Gavilán, y Dennis Alfonso Flores, alias Street Demond, a 20 años de prisión, y Orlando Abarca, alias Culebra, fue condenado a 14 años de prisión; a todos se les procesó por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa (intento de homicidio), en perjuicio de dos víctimas.

Los tres hombres fueron perfilados como miembros de la clica Directos Locos Salvatruchos, de la Mara Salvatruca, MS-13.

Los hechos ocurrieron el 14 de junio del año 2016, en las inmediaciones de un terreno ubicado en caserío La Cruzadilla, cantón Calderas, distrito de Apastepeque, departamento de San Vicente; las víctimas estaban en el terreno realizando labores agrícolas cuando llegaron los imputados y sin mediar palabra, les dispararon en diferentes partes del cuerpo.

Los afectados intentaron esconderse, pero debido a los impactos de bala quedaron inconscientes en el lugar y los imputados huyeron del lugar creyendo que habían matado a las víctimas.

Según el expediente, los terroristas de la MS-13 buscaban matar a las víctimas porque habían impedido que sus hijos se involucraran con la organización criminal.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente validó cada prueba presentada por los fiscales del caso, por lo que decidió imponer las penas de prisión mencionadas, según la participación delictiva de cada involucrado.

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Cárcel para sujeto que secuestró a estudiante y exigió $15,000 para dejarlo en libertad

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José David Reyes Hernández estará en prisión sus próximos 46 años por haber secuestrado a un estudiante el 30 de junio del 2022. El imputado habría exigido $15,000.00 dólares para dejarlo en libertad.

La privación de libertad se realizó por dos hombres tapados de sus rostros y con ropa oscura, en el distrito de San Julián del municipio de Sonsonate Este, aproximadamente a las 7:30 de la mañana cuando la víctima se conducía a su centro escolar, detalló la fiscal del caso de la Unidad Especializada de Casos de Personas Desaparecidas.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima fue trasladada a una quinta en el cantón Cruz Grande del distrito de Izalco, en donde la mantuvieron en cautiverio por varias horas y en ese tiempo, los secuestradores mandaron mensajes de texto a los familiares exigiéndoles la entrega del dinero.

Por un momento la víctima quedó sola y decidió huir del lugar, en el camino encontró a Reyes Hernández, quien fingió que le ayudaría para llevarlo con su familia y tras ponerse en contacto con sus familiares, el incriminado la entregó en una gasolinera cerca de un turicentro en Atecozol.

Agentes policiales que acompañaron el procedimiento para recibir a la víctima e interrogaron a Reyes Hernández, sin embargo, encontraron contradicciones en sus explicaciones e inconsistencias en las pruebas, por lo que fue capturado en flagrancia.

La condena fue impuesta por el Juzgado Primero de Sentencia de Sonsonate que validó las pruebas de cargo presentadas por la representación fiscal en su contra.

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Juramentan a perito contable que evaluará pruebas en demanda de enriquecimiento ilícito contra Rodolfo Parker

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En el marco de la demanda que presentó la Fiscalía General de la República en contra del exdiputado Rodolfo Antonio Parker Soto, su cónyuge y sus tres hijos por enriquecimiento ilícito, hoy se juramentó un perito contable que evaluará y analizará la documentación financiera relacionada a los demandados, quienes no pudieron justificar un incremento en su patrimonio por un monto de $2,311.138.47 dólares.

El profesional contable fue juramentado ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro. La diligencia se realiza previo a la audiencia probatoria que se instalará en los próximos días.

A Rodolfo Parker se le demandan $571,224.39 dólares, en su calidad de diputado propietario por el departamento de San Salvador entre el 2012 y 2021; y a su esposa Cristina Renate Wein se le reclaman $521,637.92 dólares.

Sus hijos también fueron demandados, a Andrés Rodolfo Parker Wein se le señalan irregularidades por la suma de $967,777.75 dólares; a Sofía Cristina Parker Wein se le cuestiona un total de $81,401.19 dólares y a Katya Renate Parker Wein se le reprocha un monto de $169,097. 22 dólares.

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