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Sala de lo Constitucional declara: «no existe inconstitucionalidad» en decreto de reapertura económica vetado por presidente Bukele
Este miércoles, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la controversia constitucional originada por el veto emitido por el Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortéz, en contra de los arts. 16 y 17 del Decreto Legislativo n° 661, aprobado por la Asamblea Legislativa el 12 de junio de 2020.
La normativa ratificada por Congreso contiene la “Ley especial de emergencia por la pandemia covid-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía”, donde los artículos 16 y 17 conforman las fases de reapertura gradual de la economía.
En el momento de vetar la ley, el presidente Bukele justificó que la inconstitucionalidad en los artículos 16 y 17 de la mencionada ley violan los artículos 65, 66 y 86 inc. 1° de la Constitución, ya que invaden las competencias del Ministerio de Salud (MINSAL), que forma parte del Órgano Ejecutivo, debido a que prevén la reapertura económica sin tomar en cuenta los criterios técnicos y potestades de dicho ente.
No obstante, la Sala de lo Constitucional indicó: «La normativa vetada no viola el principio de colaboración interorgánica en los términos expuestos por el veto, porque la opinión del Ministerio de Salud sí es tomada en cuenta para la ejecución y aplicación de tal decreto».
Por lo tanto, los magistrados del máximo tribunal declararon que «no existe la inconstitucionalidad alegada» y notificaron al presidente de la república su sanción y publicación en el Diario Oficial.
«La normativa vetada no invade las competencias del Órgano Ejecutivo, puesto que la limitación de los derechos fundamentales forma parte de las competencias del Órgano Legislativo, a la vez que dicha normativa es parte de las obligaciones positivas que genera el derecho a la salud, máxime cuando implica la protección de las personas en condición de vulnerabilidad», se lee en la resolución a la controversia 8-2020.
En tal sentido, la Sala ordenó al presidente, sancionar y publicar el decreto, y que de no hacerlo en un periodo de 8 días se presumirá la sanción, y si el presidente no ordena su publicación en el Diario Oficial en un plazo de 15 días, el decreto deberá ser publicado por la Asamblea Legislativa para que se convierta en ley, ya bien en el Diario Oficial o en cualquier otro diario de mayor circulación de la República.
Los magistrados una vez más hicieron el llamado a los diputados y al Ejecutivo a dialogar y buscan consensos «para que de inmediato coordinen esfuerzos e instauren un diálogo institucional que busque los consensos y las alternativas de acción que el país requiere durante esta pandemia».
Por otra parte, pese a la resolución de la Sala, el decreto 661, contiene fechas de reapertura económica que ya están desfasadas (por ejemplo, abría el transporte público el 7 de junio), por lo que los magistrados ordenan a la Asamblea Legislativa aprobar reformas de manera inmediata para actualizarlo, tomando en cuenta el contexto de la pandemia y valorando la información proporcionada por el ministerio de Salud.
Por su parte, el mandatario no tardó en reaccionar ante el decreto de constitucionalidad:
«Declaran constitucional el decreto legislativo que abría el transporte público el 7 de junio? ¿Qué hacemos? ¿Retroceder el tiempo?», cuestionó Bukele quien dejó entrever que la sentencia podría tratarse de un acto político o incluso de una cortina de humo.
La estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de El Salvador (UES), Ariel Torres, ha sido seleccionada para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, Estados Unidos.
Su ingreso al programa fue posible gracias a su destacado proyecto de Comunicación y Trayectoria Satelital, una propuesta de investigación enfocada en el desarrollo de redes de pequeños satélites.
«Mi participación en el IASP 2026 fue considerada gracias a mi proyecto que consiste en la comunicación y trayectoria satelital que estos son como pequeños satelites que se comunican a través de una red. Este proyecto va de la mano junto con el proyecto presentado en 2025 en la edición en la que participó mi compañera también de la UES, Ángela Pineda», explicó Torres.
De acuerdo a la alumna, esta gran oportunidad se realizará gracias al apoyo que está dando la Universidad de El Salvador a su gran proyecto «y también como estudiante me siento muy agradecida de que se me ha dado la infraestructura y también los medios para poder realizar mi investigación correspondiente al IASP 2026», comentó la joven.
Para la UES es muy destacable que sus estudiantes estén viajando con proyectos innovadores a representar a El Salvador en lugares de renombre internacional: «Este hito consolida a nuestra institución como un verdadero ecosistema de innovación y apoyo a la investigación científica, demostrando que el talento UES no tiene fronteras», se lee en un mensaje publicado en las redes sociales de la UES.
Torres se siente agradecida con la UES por el apoyo e invita a otros jóvenes a desarrollar proyectos innovadores: «Así que gracias a la Universidad de El Salvador he podido llegar a la NASA e invito a todos los estudiantes a creer en sus sueños ya que no hay oportunidad pequeña, no hay sueño pequeño ni loco, todas tus ideas se pueden hacer realidad, solamente hay que ser preseverante y también muy curioso», aconsejó la futura ingeniera mecánica.
Luego de permanecer prófugo de la justicia durante más de 20 años, José Walter Cruz fue condenado a 35 años de prisión por su participación en un secuestro agravado ocurrido en octubre de 2001 en San Salvador.
De acuerdo con la Físcalia General de la República (FGR), la víctima transitaba por el redondel San Benito cuando fue interceptada por Cruz y otros sujetos, quienes utilizando armas de fuego la privaron de libertad.
Durante los 10 días que permaneció secuestrado, los captores exigieron a sus familiares una suma millonaria en efectivo a cambio de su liberación. Finalmente, la víctima logró recuperar su libertad.
Aunque el resto de los implicados ya habían sido procesados y condenados anteriormente por este mismo caso, Cruz logró evadir a las autoridades durante más de dos décadas, hasta que su captura se hizo efectiva en 2025.
El tribunal lo declaró culpable del delito de secuestro agravado y le impuso una pena de 35 años de cárcel.
Este viernes, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada reportaron la captura de Cristian Ernesto Flores Sibrian, de 32 años de edad, por el delito de contrabando de mercadería.
Según reportó la policía, en la vivienda de Flores Sibrian encontraron seis cajas con mercadería ilícita y dinero en efectivo.
«Tras un registro de prevención de allanamiento girado por un juez de Santa Ana, encontramos en su vivienda 6 cajas con mercadería ilícita y dinero en efectivo», detallaron.
El hombre fue ubicado y capturado en el cantón San Jacinto, de Coatepeque, Santa Ana Este.
