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Rodrigo Ávila acepta que el Plan Mano Dura implementado por ARENA fue mediático
El exdirector del Policía Nacional Civil (PNC) y diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, reconoció este jueves que el plan de seguridad Mano Dura, implementado bajo la administración de Francisco Flores, tuvo un carácter “mediático”.
De la misma forma, confirmó que cuando se le pidió asumir la Policía durante la administración de Antonio Saca, puso como condicionante que no se volviera a hablar más de dicho plan de seguridad.
“Siendo viceministro se complicó un poco el tema delincuencial y se me pidió operar nuevamente la Policía, y lo hice con la condición de que no se hablara más de temas como por ejemplo el Plan Mano Dura, que era un tema eminentemente, yo diría, mediático”, sostuvo el legislador.
Además, reconoció que cuando asumió la Policía el tema de las pandillas no se había desbordado. “Asumí la dirección de la Policía y fue cuando enfrentamos el tema de las pandillas, que era un tema tan importante pero no era el problema”, sostuvo.
Tanto el Plan Mano Dura, como el Súper Mano Dura, este último bajo la presidencia de Saca, fueron anunciados con un gran despliegue y frente a las cámaras de varios medios de comunicación, pero fueron ineficaces para la reducir la cifra de homicidios.
Tampoco lo fueron estrategias como plan El Salvador Seguro, impulsado durante la administración del farabundista Salvador Sánchez Cerén, donde la cifra de asesinatos por cada 100,000 habitantes llegó hasta 103.
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.
El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.
Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.
Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.
En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de El Salvador en Panamá, dio a conocer los números de emergencia a los que los salvadoreños residentes en ese país pueden comunicarse tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado este viernes a las 11:56 de la mañana.
La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse a las líneas telefónicas +507 6378-0116 y +507 6147-2307. Además, está disponible el número de WhatsApp +503 7070-1071.
Según la institución, estos números están a disposición de la comunidad salvadoreña en Panamá para atender sus necesidades de comunicación en el contexto de la emergencia.
Por otra parte, imágenes difundidas por medios de comunicación panameños muestran el derrumbe de una parte de un hotel en la localidad de Penonomé, ubicada a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.
Los reportes también señalan daños considerables en una iglesia y la aparición de grietas en otros edificios.
Mientras tanto, las autoridades de Protección Civil evalúan las afectaciones registradas en distintas zonas del país, principalmente en las regiones centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otros sectores.
Asimismo, imágenes divulgadas por la prensa local muestran grietas en una carretera de la provincia de Veraguas.
