Nacionales
Régimen de excepción permite más de 62,900 capturas y reducción de homicidios a 0.3 promedio por día
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, actualizó los resultados del régimen de excepción con el que las fuerzas del orden han logrado efectuar 62,975 capturas.
El funcionario agregó que gracias a los planes de seguridad también han podido decomisar a las estructuras terroristas más de 2,218 armas de fuego, 2,799 vehículos, más de 15,000 celulares y $1.6 millones en efectivo.
Detalló que estos resultados se han traducido en que el promedio diario de homicidios de enero de este año sea de 0.3, en tanto que en nueve meses del régimen de excepción fue entre 0.5 y 0.6, lo que significa cerca de un 50 % en la reducción diaria sostenida a escala nacional.
De continuar con esta tendencia, dijo, El Salvador tendría una reducción de la tasa de homicidios muy por debajo respecto a la que tiene Canadá.
«En todas estas capturas es importante el trabajo que hacen día con día nuestras fuerzas del orden, el fin de semana, por ejemplo, se hicieron capturas de gente con porciones de marihuana, crack, básculas, teléfonos, con armas. Todo este trabajo es importante porque golpea a las pandillas», explicó el ministro durante la entrevista de Canal 10.
El funcionario agregó que, en su momento, los grupos terroristas cobraban extorsión en las comunidades donde también vendían droga. «Tenían el monopolio del narcomenudeo en este país, ahora les va quedando [para vender] pequeñas porciones de marihuana», manifestó.
El titular de Justicia y Seguridad afirmó que todas las estructuras terroristas son impactadas cada vez que las fuerzas del orden realizan una captura y decomisan droga al menudeo en las comunidades.
«Todas estas 62,975 capturas es lo que nos ha llevado, y no es que estos números son por arte de magia, pues no han permitido que [este] enero, así como los meses anteriores, está llamado a marcar un hito en la historia en materia de seguridad en este país», destacó.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
