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Nacionales

Propietarios de LPG y EDH son investigados por caso Panama Papers

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Foto: Cortesía

Retomado de Primera Hora SV

José Roberto Dutriz, propietario de LPG, también enfrenta dos demandas millonarias, una de su primo hermano, José Alfredo Dutriz, por más de 11 millones por malversación y otra por 5 millones por difamación a empresario Enrique Rais.

Los documentos confidenciales de la firma panameña Mossack Fonseca fueron obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Una filtración de documentos reveló la existencia de miles de empresas que a nivel mundial usan paraísos fiscales para esconder su dinero. Entre los documentos de la firma panameña Mossack Fonseca se vinculan a empresarios, dueños de medios y políticos salvadoreños

“Los registros permiten una mirada inédita al interior del mundo de los paraísos fiscales y las empresas offshore, y revelan cómo día a día, década a década, el dinero sucio fluye por el sistema financiero global, generando crimen y despojando a las tesorerías nacionales de ingresos por impuestos”.

Más de 220 empresas offshore ligadas a El Salvador fueron creadas bajo la sombrilla de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que entre 2000 y 2015 trabajó con al menos 33 clientes salvadoreños que ha logrado identificar el medio.

Una empresa offshore es una compañía legalmente constituida cuya característica principal es que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica.

Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, es decir, que brindan ventajas fiscales a estas empresas.

Las compañías offshore han sido cuestionadas debido a que constituyen una figura legal poco transparente y que se prestan a la evasión de impuestos en terceros países, donde si realizan operaciones comerciales.

Las personas extranjeras que forman parte de la sociedad offshore, utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal aunque sus empresas no realizan allí ninguna transacción, pero si lo hacen en sus lugares de origen y sus ganancias no significan ingresos fiscales a la nación.

A grandes rasgos, hay tres grandes ventajas que aporta una empresa offshore en un paraíso fiscal: protección de activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas fiscales.

Según la investigación, bajo el auspicio de la firma panameña, las empresas con beneficiarios salvadoreños se asentaron mayoritariamente en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá y el estado de Nevada (Estados Unidos).

Hasta el momento ha trascendido en redes sociales nombres de dueños de corporaciones de medios de comunicación como Fabricio León Altamirano Basil, José Roberto Dutriz Fogelback, todos asociados a la empresa PROMDESA que se decida a la promoción de espectáculos.

En la lista figura el diputado de ARENA, Ernesto Muyshondt y Juan Federico Salaverría, propietario de una agencia de publicidad. Ambos están vinculados a la empresa GP Investments, CORP.

El exdiputado del FMLN y presidente de PROESA, Sigfrido Reyes, aparece vinculado en los #PanamaPapers relacionado a la empresa Rabo Group, S.A.

Juan José Daboub Abdala, hermano del presidente de la ANEP y secretario Técnico durante el gobierno del expresidente Francisco Flores, utilizó los servicios de la compañía panameña para el Grupo Financiero FICOHSA, S.A.

El expresidente Alfredo Cristiani es otro de los clientes de Mossack Fonseca con la empresa PRETORIA CAPITAL, CORP. Antonio Juan Cristiani Burkard, Jorge Leopoldo Well Schwartz y Monica Bahaia de Saca figuran como directores de la empresa.

GRUPO ROBLE PANAMA, S.A. de C.V. se encuentra en la lista de clientes, entre sus directores están Carlos Patricio Escobar -esposo de la diputada Ana Vilma de Escobar- Jose Eduardo Diaz Avilés y José Ricardo Poma Delgado.

En el listado de Mossack Fonseca figura el presidente de ARENA, Jorge Velado, registrado con la empresa GLOBAL PORTAFOLIO FUND INC.

En la investigación de #PanamaPapers han participado más de 730 periodistas de 100 medios de comunicación establecidos en 78 países, la información obtenida contiene registros confidenciales de miles de clientes desde hace 40 años.

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PNC captura a joven de 18 años por tráfico de marihuana y cocaína en Acajutla, Sonsonate Oeste

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Adriana Beatriz Ríos Chávez, de 18 años, en Acajutla, Sonsonate Oeste, durante un procedimiento de la División Antinarcóticos. En la intervención se incautaron marihuana, cocaína, una balanza electrónica y un celular. La detenida será remitida por el delito de tráfico ilícito, en el marco de las acciones permanentes que la institución realiza para interrumpir la distribución local de sustancias.
En la intervención se incautó:
✅ Marihuana
✅ Cocaína
✅ Una balanza electrónica
✅ Un celular
Acajutla, puerto del occidente salvadoreño, figura de forma recurrente en operativos policiales de la zona de Sonsonate, donde la División Antinarcóticos mantiene controles tanto en tierra como en rutas de acceso. Este tipo de intervenciones se inscribe en el Plan Control Territorial y se suma a una serie de capturas reportadas en 2026 en distintos puntos del país, en las que se han decomisado paquetes de marihuana, cocaína y otras sustancias junto con balanzas, vehículos y dispositivos de comunicación.
Las autoridades de seguridad han señalado que en 2025 se incautaron más de 25 mil kilogramos de droga, con un valor estimado superior a los 620 millones de dólares, y que las acciones continúan en 2026 con el objetivo de reducir la circulación de estupefacientes en el territorio. El mensaje reiterado por la PNC en estos casos es que el tráfico de drogas conduce a la cárcel.
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Economia

Comisión de Hacienda inicia el estudio del presupuesto estatal de 2027

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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.

La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.

En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.

En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.

Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.

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Nacionales

Fiscalía destruiiye de más de 35 kilos de droga valorada en $52,230

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La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.

El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).

La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.

«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.

Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.

Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.

El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.

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