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Presidente del INDES reitera compromiso del Gobierno por transformar el deporte en el país
El presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, reiteró esta mañana el compromiso del Gobierno con el deporte en el país, empezando por mejorar la infraestructura y espacios deportivos, con el objetivo de convertirlos en escenarios de primer nivel.
El funcionario explicó que con el préstamo de los $115 millones autorizados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el mejoramiento y reconstrucción de las instalaciones deportivas del país, se brindará por primera vez espacios dignos para los atletas.
Yamil Bukele dijo que para este proyecto de renovación y reconstrucción de infraestructuras deportivas se ha contemplado también implementar una política de uso y mantenimiento de los escenarios deportivos.
“Por primera vez, el deporte es en verdad una prioridad en un gobierno”, dijo Yamil Bukele, a pesar de que la pandemia de COVID-19 representó un duro revés en materia deportiva, ya que muchos proyectos tuvieron que ponerse en pausa.
El presidente del INDES detalló que algunos de los inmuebles a intervenir son el Centro de Alto Rendimiento (Villa CARI), ubicado en Ayutuxtepeque, el cual confirmó que será clausurado y se construirá uno nuevo, que incluya un hotel para atletas, un gimnasio, área de comida y una clínica, entre otras obras.
Además, anunció mejoras en El Polvorín y el Polideportivo de Ciudad Merliot, donde varias federaciones tienen sus oficinas e instalaciones para la práctica de deportes.
El funcionario destacó que los proyectos que ya se tenían avanzados con la Liga de Futbol Profesional de España y con la National Basketball Association (NBA, por sus siglas en el inglés) se mantienen en pausa, pero “en camino a ser firmados cuando las condiciones lo permitan”.
Otros escenarios que serán remodelados son el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, donde se sustituirá toda la pista de atletismo que ya muestra severos daños. “Ahora vamos a realizar inversiones que de verdad se noten, vamos a recuperar los espacios que estaban abandonados”, recalcó.
También anunció que se gestiona la aprobación de una normativa para registrar a nombre del INDES 72 espacios deportivos propiedad de la institución. Actualmente, solo 6 inmuebles están registrados como propiedad del Instituto. “Estamos conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para que se emita un decreto que nos permita registrar los inmuebles a nombre del INDES”, informó.
Finalmente, el titular del INDES informó que el 85% de las federaciones deportivas ya están desarrollando actividades, siguiendo los protocolos que el Ministerio de Salud ha autorizado por la pandemia de COVID-19.
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
El Gobierno de la República de Corea, a través del Instituto de Avance Tecnológico de Corea (KIAT), dependiente del Ministerio de Industria coreano, desarrolla en El Salvador el programa «Asesoría y Soluciones Tecnológicas de Corea (TASK) para el Sector de Servicios Digitales y Tecnológicos Vinculados a Fábricas Inteligentes», conocido como Smart Factories.
Este programa de cooperación para el desarrollo industrial busca elevar las capacidades digitales del sector manufacturero salvadoreño y ampliar la red de negocios entre ambos países. El programa es coordinado localmente por el Ministerio de Economía (Minec).
El proyecto, con un periodo de ejecución de 54 meses comprendido entre julio de 2023 y diciembre de 2027, es implementado por el Gyeongbuk Technopark, institución coreana especializada en el fomento de pequeñas y medianas empresas. En total, 20 entidades salvadoreñas —18 empresas y 2 universidades— son beneficiarias del programa.
Dos fases de asistencia técnica
La iniciativa se divide en dos etapas. La primera fase, concluida el 31 de diciembre de 2025, atendió a 10 entidades. La segunda fase, actualmente en curso, inició en julio de 2025 y se extenderá hasta diciembre de 2027, beneficiando a otras 10 entidades, entre ellas la Universidad Don Bosco, Garbal, Ingenia, Autocontrol, Pan San Antonio, Fibratecnica, Manufacturas Cavalier, Bolplan, Ingenio La Cabaña y Cacao.
Esta segunda etapa contempla un total de nueve eventos: cinco sesiones de asistencia técnica personalizada, dos programas de formación con visitas a empresas coreanas con sistemas de Fábricas Inteligentes, y dos seminarios tecnológicos dirigidos a empresas de manufactura y proveedores de soluciones digitales.
Misión oficial en El Salvador
Del 10 al 22 de mayo, una delegación de seis especialistas coreanos realizó visitas técnicas a las empresas participantes en coordinación con el Minec. La misión está integrada por Han-hyuk Kim, investigador senior de Gyeongbuk Technopark; Jae-yong Lee, consultor del Instituto Internacional de Desarrollo Agroindustrial; Young-jin Kim, director ejecutivo de K-Consulting Research Institute; Sung-min Lee, director ejecutivo de Hongjin Engineering; Doo-young Choi, vicepresidente de LSB Co., y Ki-dong Ban, director ejecutivo de Hansol Koever.
La cooperación forma parte de una estrategia bilateral que busca no solo transferir conocimiento técnico a las empresas salvadoreñas, sino también facilitar su inserción en redes de negocios con el sector productivo coreano, con miras al mercado latinoamericano.
