Nacionales
Presidente del INDES reitera compromiso del Gobierno por transformar el deporte en el país
El presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, reiteró esta mañana el compromiso del Gobierno con el deporte en el país, empezando por mejorar la infraestructura y espacios deportivos, con el objetivo de convertirlos en escenarios de primer nivel.
El funcionario explicó que con el préstamo de los $115 millones autorizados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el mejoramiento y reconstrucción de las instalaciones deportivas del país, se brindará por primera vez espacios dignos para los atletas.
Yamil Bukele dijo que para este proyecto de renovación y reconstrucción de infraestructuras deportivas se ha contemplado también implementar una política de uso y mantenimiento de los escenarios deportivos.
“Por primera vez, el deporte es en verdad una prioridad en un gobierno”, dijo Yamil Bukele, a pesar de que la pandemia de COVID-19 representó un duro revés en materia deportiva, ya que muchos proyectos tuvieron que ponerse en pausa.
El presidente del INDES detalló que algunos de los inmuebles a intervenir son el Centro de Alto Rendimiento (Villa CARI), ubicado en Ayutuxtepeque, el cual confirmó que será clausurado y se construirá uno nuevo, que incluya un hotel para atletas, un gimnasio, área de comida y una clínica, entre otras obras.
Además, anunció mejoras en El Polvorín y el Polideportivo de Ciudad Merliot, donde varias federaciones tienen sus oficinas e instalaciones para la práctica de deportes.
El funcionario destacó que los proyectos que ya se tenían avanzados con la Liga de Futbol Profesional de España y con la National Basketball Association (NBA, por sus siglas en el inglés) se mantienen en pausa, pero “en camino a ser firmados cuando las condiciones lo permitan”.
Otros escenarios que serán remodelados son el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, donde se sustituirá toda la pista de atletismo que ya muestra severos daños. “Ahora vamos a realizar inversiones que de verdad se noten, vamos a recuperar los espacios que estaban abandonados”, recalcó.
También anunció que se gestiona la aprobación de una normativa para registrar a nombre del INDES 72 espacios deportivos propiedad de la institución. Actualmente, solo 6 inmuebles están registrados como propiedad del Instituto. “Estamos conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para que se emita un decreto que nos permita registrar los inmuebles a nombre del INDES”, informó.
Finalmente, el titular del INDES informó que el 85% de las federaciones deportivas ya están desarrollando actividades, siguiendo los protocolos que el Ministerio de Salud ha autorizado por la pandemia de COVID-19.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
