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Presidente Bukele pide proteger los derechos de personas honradas
Nayib Bukele, presidente de la república, criticó que anteriormente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fue utilizada para defender los derechos de los delincuentes en detrimento de los de la población honrada.
Esta crítica la hizo durante una reunión el sábado anterior por la noche con el Gabinete de Seguridad; el fiscal general, Rodolfo Delgado; y la nueva titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, quien sustituyó al exprocurador y exfinancista del FMLN José Apolonio Tobar Serrano.
«Nadie duda de que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted [procuradora] lo hizo y no me acuerdo, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada», afirmó el mandatario.
Actualmente y desde el 27 de marzo, en El Salvador se implementa el régimen de excepción para combatir a las pandillas. La medida, que se basa en la Constitución, fue solicitada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa. La última prórroga, por 30 días más, se aprobó el viernes anterior.
Sin embargo, ONG nacionales e internacionales, defensoras y promotoras de los derechos humanos, se han quejado de que la herramienta constitucional, presuntamente, ha servido para vulnerar los derechos de las personas capturadas y luego enviadas a los centros penitenciarios.
No obstante, el Ejecutivo ha señalado que el estado de excepción ha servido para desarticular las estructuras criminales, capturar a más de 55,000 integrantes, golpear sus finanzas y decomisar ilícitos, como armas de fuego y droga.
«Como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONG, incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y de la gran mayoría de la gente honrada a nadie le importa sus derechos», dijo.
El mandatario argumentó que durante 30 años —tiempo que gobernaron ARENA y el FMLN— los delincuentes asesinaron, extorsionaron, violaron y amenazaron a la población honrada, pero nadie dijo nada. La nueva procuradora asintió que las palabras del presidente Bukele eran ciertas.
En Twitter, Caballero se mostró en favor de trabajar coordinadamente para resolver las deudas que el Estado tiene con los salvadoreños.
«Del esfuerzo de concertación y coordinación conjunta, depende la verdadera solución de las grandes deudas del Estado salvadoreño, que la población exige que se conozcan y se atiendan con sustentabilidad e inmediatez en esta nueva era democrática de la sociedad salvadoreña», dijo la funcionaria, quien anteriormente ocupó ese cargo gracias a los votos de los diputados de ARENA y del FMLN.
Por: DES.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
