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Presidente Bukele pide proteger los derechos de personas honradas
Nayib Bukele, presidente de la república, criticó que anteriormente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fue utilizada para defender los derechos de los delincuentes en detrimento de los de la población honrada.
Esta crítica la hizo durante una reunión el sábado anterior por la noche con el Gabinete de Seguridad; el fiscal general, Rodolfo Delgado; y la nueva titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, quien sustituyó al exprocurador y exfinancista del FMLN José Apolonio Tobar Serrano.
«Nadie duda de que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted [procuradora] lo hizo y no me acuerdo, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada», afirmó el mandatario.
Actualmente y desde el 27 de marzo, en El Salvador se implementa el régimen de excepción para combatir a las pandillas. La medida, que se basa en la Constitución, fue solicitada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa. La última prórroga, por 30 días más, se aprobó el viernes anterior.
Sin embargo, ONG nacionales e internacionales, defensoras y promotoras de los derechos humanos, se han quejado de que la herramienta constitucional, presuntamente, ha servido para vulnerar los derechos de las personas capturadas y luego enviadas a los centros penitenciarios.
No obstante, el Ejecutivo ha señalado que el estado de excepción ha servido para desarticular las estructuras criminales, capturar a más de 55,000 integrantes, golpear sus finanzas y decomisar ilícitos, como armas de fuego y droga.
«Como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONG, incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y de la gran mayoría de la gente honrada a nadie le importa sus derechos», dijo.
El mandatario argumentó que durante 30 años —tiempo que gobernaron ARENA y el FMLN— los delincuentes asesinaron, extorsionaron, violaron y amenazaron a la población honrada, pero nadie dijo nada. La nueva procuradora asintió que las palabras del presidente Bukele eran ciertas.
En Twitter, Caballero se mostró en favor de trabajar coordinadamente para resolver las deudas que el Estado tiene con los salvadoreños.
«Del esfuerzo de concertación y coordinación conjunta, depende la verdadera solución de las grandes deudas del Estado salvadoreño, que la población exige que se conozcan y se atiendan con sustentabilidad e inmediatez en esta nueva era democrática de la sociedad salvadoreña», dijo la funcionaria, quien anteriormente ocupó ese cargo gracias a los votos de los diputados de ARENA y del FMLN.
Por: DES.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
