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Presidente Bukele pide proteger los derechos de personas honradas
Nayib Bukele, presidente de la república, criticó que anteriormente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fue utilizada para defender los derechos de los delincuentes en detrimento de los de la población honrada.
Esta crítica la hizo durante una reunión el sábado anterior por la noche con el Gabinete de Seguridad; el fiscal general, Rodolfo Delgado; y la nueva titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, quien sustituyó al exprocurador y exfinancista del FMLN José Apolonio Tobar Serrano.
«Nadie duda de que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted [procuradora] lo hizo y no me acuerdo, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada», afirmó el mandatario.
Actualmente y desde el 27 de marzo, en El Salvador se implementa el régimen de excepción para combatir a las pandillas. La medida, que se basa en la Constitución, fue solicitada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa. La última prórroga, por 30 días más, se aprobó el viernes anterior.
Sin embargo, ONG nacionales e internacionales, defensoras y promotoras de los derechos humanos, se han quejado de que la herramienta constitucional, presuntamente, ha servido para vulnerar los derechos de las personas capturadas y luego enviadas a los centros penitenciarios.
No obstante, el Ejecutivo ha señalado que el estado de excepción ha servido para desarticular las estructuras criminales, capturar a más de 55,000 integrantes, golpear sus finanzas y decomisar ilícitos, como armas de fuego y droga.
«Como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONG, incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y de la gran mayoría de la gente honrada a nadie le importa sus derechos», dijo.
El mandatario argumentó que durante 30 años —tiempo que gobernaron ARENA y el FMLN— los delincuentes asesinaron, extorsionaron, violaron y amenazaron a la población honrada, pero nadie dijo nada. La nueva procuradora asintió que las palabras del presidente Bukele eran ciertas.
En Twitter, Caballero se mostró en favor de trabajar coordinadamente para resolver las deudas que el Estado tiene con los salvadoreños.
«Del esfuerzo de concertación y coordinación conjunta, depende la verdadera solución de las grandes deudas del Estado salvadoreño, que la población exige que se conozcan y se atiendan con sustentabilidad e inmediatez en esta nueva era democrática de la sociedad salvadoreña», dijo la funcionaria, quien anteriormente ocupó ese cargo gracias a los votos de los diputados de ARENA y del FMLN.
Por: DES.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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