Nacionales
Por desobedecer cuarentena domiciliar más de 3,000 salvadoreños han sido llevados a centros de contención
Desde mediados de marzo hasta, ayer, domingo 24 de mayo, elementos policiales y de la FAES, han retenido a más de 3 mil salvadoreños por desobedecer la cuarentena domiciliar, y los ha llevado a distintos centros de contención en todo el país, informó el gobierno esta tarde.
La cuarentena domiciliar obligatoria que se mantiene tras la entrada en vigencia del decreto ejecutivo número 26, del pasado 20 de mayo, busca evitar el contagio masivo de covid-19 en la población, señalan las autoridades.
En los primeros cuatro días de haber entrado en vigencia el decreto 26, la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han implementado 102 controles vehiculares en diferentes puntos del país, entre los que destacan San Salvador, Santa Ana y Sonsonate.
Durante los controles, los policías y soldados verifican que las personas que salen de sus casas sean parte de los grupos autorizados por la normativa.
En esos puntos de control, las autoridades han ubicado 21 personas, 19 hombres y 2 mujeres, cuando se encontraban incumpliendo la cuarentena domiciliar. Ocho de ellos fueron localizados en el departamento de Usulután; siete en San Salvador; cuatro en Morazán y dos en Chalatenango. A todos los llevaron a consulta médica para descartar la posibilidad de tener COVID-19, y luego trasladados a un centro de cuarentena.
El trabajo que llevan a cabo los policías y militares en la verificación de la cuarentena domiciliar es paralelo a la ejecución del Plan Control Territorial, el cual continúa dando grandes resultados para el bienestar de la población, como la reducción sostenida de los homicidios, señaló el gobierno a través de un comunicado de prensa.
Principal
Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
