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Por desobedecer cuarentena domiciliar más de 3,000 salvadoreños han sido llevados a centros de contención
Desde mediados de marzo hasta, ayer, domingo 24 de mayo, elementos policiales y de la FAES, han retenido a más de 3 mil salvadoreños por desobedecer la cuarentena domiciliar, y los ha llevado a distintos centros de contención en todo el país, informó el gobierno esta tarde.
La cuarentena domiciliar obligatoria que se mantiene tras la entrada en vigencia del decreto ejecutivo número 26, del pasado 20 de mayo, busca evitar el contagio masivo de covid-19 en la población, señalan las autoridades.
En los primeros cuatro días de haber entrado en vigencia el decreto 26, la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han implementado 102 controles vehiculares en diferentes puntos del país, entre los que destacan San Salvador, Santa Ana y Sonsonate.
Durante los controles, los policías y soldados verifican que las personas que salen de sus casas sean parte de los grupos autorizados por la normativa.
En esos puntos de control, las autoridades han ubicado 21 personas, 19 hombres y 2 mujeres, cuando se encontraban incumpliendo la cuarentena domiciliar. Ocho de ellos fueron localizados en el departamento de Usulután; siete en San Salvador; cuatro en Morazán y dos en Chalatenango. A todos los llevaron a consulta médica para descartar la posibilidad de tener COVID-19, y luego trasladados a un centro de cuarentena.
El trabajo que llevan a cabo los policías y militares en la verificación de la cuarentena domiciliar es paralelo a la ejecución del Plan Control Territorial, el cual continúa dando grandes resultados para el bienestar de la población, como la reducción sostenida de los homicidios, señaló el gobierno a través de un comunicado de prensa.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
