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Por alza de casos de Covid-19, Ministerio de Salud pide se continúe suspendidas las clases presenciales
El titular de Salud, Francisco Alabi, solicitó al Ministerio de Educación mantener las clases presenciales suspendidas en el 2021, por el comportamiento del virus SARS-Cov-2 en El Salvador, en vista que los casos de Covid-19 van en alza desde el pasado 13 de diciembre.
Alabi señala que la tendencia ascendente de los casos se ha sostenido por cerca de cuatro semanas. La cartera de Salud tomado como base el análisis epidemiológico obtenido en las jornadas de tamizajes que realizan en los diferentes municipios, la vigilancia centinela, los barridos comunitarios y las atenciones brindadas en la red de salud a nivel nacional.
De acuerdo con el titular de Salud, las condiciones que se presentan en el sistema educativo son factores de riesgo para que la población estudiantil pueda contagiarse, por ello recomienda que las clases no sean presenciales y se mantenga la enseñanza virtual.
Algunos de los factores de riesgo que ha tomado en cuenta la cartera sanitaria es: movilización masiva en el transporte escolar, transporte público, zonas de recreación escolar. También, los salones de clases por ser espacios reducidos.
“Las aulas son espacios cerrados, que condicionan la facilidad de contagio a través de aerosoles, la cual ha sido demostrada en reiteradas ocasiones por la comunidad científica, como el principal mecanismo de transmisión”, aseguró.
A consideración del doctor Alabi, hay mayor porcentaje de riesgo de contagio en el grupo etario de menores de 5 años, por las características de este sector estudiantil, quienes no cumplirían al 100 % las medidas de bioseguridad, entre ellas distanciamiento social, uso de mascarillas y otras.
El nivel de contagio de Covid-19 no solo quedaría en la población estudiantil, explicó el galeno, sino que este se expandiría al sector docente y al seno familiar, es decir, que sería un vehículo de transmisión de virus.
“Se podrían enfermar al menos 3 personas en cada hogar por cada estudiante, eso unido a la alta interacción con grupos vulnerables, como personas adultas mayores (familiares, cuidadores y docentes), que es la población de mayor riesgo de presentar complicaciones y letalidad”, indicó.
Además, Salud tomó en consideración que cada día se movilizan más de un millón de estudiantes, igual número de familiares, docentes, personal administrativo y otras personas relacionadas al sistema educativo, por ello la suspensión de clases presenciales sería hasta nuevo aviso, dijo Alabi.
Por el delito de Extorsión Agravada fue condenado a 15 años de prisión, Luis Ángel Contreras Godoy, miembro de la MS, que exigió a la víctima $80.00 en efectivo con amenazas de muerte.
La demanda de dinero se hizo de forma personal por parte del imputado el 24 de julio de 2019, y como la víctima con régimen de protección de testigos no podía entregarla el efectivo en ese momento, lo obligó a darle un número de celular para comunicarse posteriormente.
Al siguiente día, 25 de julio, las llamadas fueron recibidas insistentemente, advirtiéndole a la víctima que sino entregaba lo matarían junto a su familia.
Por las amenazas se acordó la entrega en horas de la tarde, pero a través de un dispositivo policial se logró la captura en flagrancia de Contreras Godoy.
En el juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel la Fiscal demostró con prueba documental, testimonial y pericial la responsabilidad penal del incriminado que recibió una sentencia condenatoria de 15 años de cárcel.
Fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y la Adolescencia de la oficina fiscal de Zacatecoluca, lograron que Gerson Cruz Orellana, recibiera la condena de 26 años ocho meses de cárcel, por el delito de Violación en Menor o Incapaz Agravada en la modalidad Continuada, en perjuicio de menor a la cual agredió en varias ocasiones en el mes de julio de 2019.
El dictamen de acusación Fiscal establece que la víctima fue abusada sexualmente en la zona rural del municipio de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz, donde el imputado se aprovechaba de la cercanía que él tenía con la familia con la víctima.
Durante la vista pública desarrollada en el Juzgado Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, los operadores de justicia condenaron a Gerson Cruz Orellana, por el delito de Violación en Menor o Incapaz Agravada en la modalidad Continuada, previsto sancionado en los artículos 159 y 162 del código penal, a una pena de 26 años ocho meses de cárcel.
Judicial
Integrantes de banda dedicada al hurto de vehículo fueron condenados a penas de hasta 89 años de prisión
Un grupo de cuatro sujetos que integran una banda que por dos años se habían dedicado al hurto de vehículos automotores en Cojutepeque, San Salvador, Aguilares, Chalatenango y Apopa, y que posteriormente desmantelaban y vendían por piezas en Honduras, fueron condenados a penas de hasta 89 años de cárcel.
El Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la oficina Fiscal de Cojutepeque, detalló que Wilfredo Martínez González fue condenado a 89 años de cárcel por los delitos de Hurto Agravado, Receptación de Vehículo, Hurto de Vehículo y Receptación de Vehículo Automotor o sus piezas provenientes de Hurto.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, los integrantes de la banda delincuencial realizaban labores de ubicación de los vehículos automotores, planifican y ejecutan el hurto, desarrollaban vigilancia en la ruta de traslado, los ocultaban para que algunos de estos vehículos fueran llevados posteriormente a Honduras, para lo cual preparaban la documentación falsa para burlar la autoridad. Otros los desmantelaban para venderlos por piezas.
El 12 de septiembre del año 2017, los imputados hurtaron varios automotores en Cojutepeque, San Salvador, Aguilares, Chalatenango y Apopa.
Otro de los condenados por estos hechos es Rolando Vercelli Corvera Iraheta que fue sentenciado a 42 años y medio.
Mientras que Mario Ernesto Rico Rivas a 9 años de cárcel, y Marciano Eduardo Alvarado Vásquez a 5 años y medio.
La sentencia condenatoria fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador.
