Nacionales
Polémica por deceso de ingeniero salvadoreño en cuarentena, viuda acusa de negligencia a Salud
Diversas opiniones encontradas se han suscitado en las últimas horas, luego que se diera a conocer el lamentable deceso de de un ingeniero de 56 años en el interior de un centro de contención habilitado en el municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Por un lado, se encuentra la opinión de su esposa, y ahora viuda, Dina de Méndez, quien asegura que su esposo no estaba enfermo cuando regresó el 13 de marzo de un viaje de trabajo en Panamá, por lo que fue llevado al albergue de la Villa Olímpica para cumplir cuarentena y descartar síntomas de coronavirus.
Por lo qué, la noticia de su espontánea muerte la ha dejado sorprendida, atormentada y sin respuestas, sobre todo porque asegura que cuando le notificaron su muerte no le explicaron la causa del deceso.
Ante esa situación, Dina consternada y en busca de respuestas, decidió relatar en conferencia de prensa lo sucedido.
«Lo metieron a cuarentena, en Panamá solo existía un caso y a él lo metieron en un centro de cuarentena en la Villa Olímpica, donde estaban personas que tenían positivo el Covid-19 y él yo estoy segura que venía sano, él es una persona sana, no padecía ni de presión arterial alta ni de problemas de corazón, de nada», dijo entre lágrimas Dina
El Gobierno de El Salvador, por su parte, informó a través de un comunicado de prensa, que Méndez, ingeniero de profesión, falleció a causa de un paro respiratorio y explicó que tenía un padecimiento prostático e infección en las vías urinarias, lo que le provocó una “disnea súbita”.
El Gobierno además asegura, que se cumplieron «todos los protocolos necesarios en este caso» y expresó su solidaridad con la familia afectada.
Por su parte, el presidente de la República Nayib Bukele, reaccionó ante la situación, quien opina que el sufrimiento de Dina y su familia por la pérdida de su ser querido, está siendo instrumentalizada por los medios de comunicación.
Además dice haber instruido al Ministro Francisco Alabi, a acercarse a la familia y explicarles el trágico suceso con su esposo y padre.
El relato de Dina
Dina relató que el miércoles 25 de marzo todas las personas que se encontraban en la Villa Olímpica fueron trasladados a centros de contención en Sonsonate, a excepción de un grupo de 18 personas, entre ellas su esposo, ya que presentaban fiebre y tos y a ellos los llevaron al hotel Beverly Hills, ubicado en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.
“Todos los días me comunicaba con él y siempre me decía que tenía fiebre, ya tenía 10 a 12 días con fiebre y el día de ayer yo le llamaba toda la mañana, llegó el mediodía y no me contestaba las llamadas”, relató y fue en ese momento que tomó la decisión de ir al hotel a buscarlo.
Al llegar al hotel, nadie le brindaba información sobre su esposo, cuatro policías la recibieron y solo le tomaron los datos y la hicieron esperar ya que, le aseguraron, ellos no podían darle información.
“Después de una hora estar esperando en la calle me acerqué y les dije que si no me daban información sobre mi esposo iba a llamar a todos los medios para que se dieran cuenta cómo tratan a las personas que tienen en cuarentena”, relató.
Autoridades del Ministerio de Salud le comunicaron que Óscar había fallecido, sin explicarle la causa de su muerte, afirmó.
«Me dijo una doctora que me recibía que era la encargada de la región de La Libertad y ella fue la que me dio la noticia que mi esposo había muerto y yo le dije que cómo era posible que él estaba muerto, nunca me dieron información. Me quedé ahí esperando hasta como las 9:30-10:00 de la noche hasta que lo iban a sacar del cuarto de hotel que se lo iban a llevar para el hospital Saldaña. Yo me iba a ir detrás de la ambulancia para ver a dónde lo llevaban, pero me dijeron que no me iban a dejar entrar al hospital», relató.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
