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Plan Control Territorial mantuvo a 70 municipios del país con cero homicidios
En 70 municipios de El Salvador no se registraron homicidios entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2021. Esto forma parte de los resultados de los patrullajes de policías y soldados en el marco del Plan Control Territorial. La estrategia del presidente Nayib Bukele ha superado en mucho los fracasados planes de seguridad de los gobiernos corruptos de ARENA y del FMLN.
Según los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), en 13 departamentos se destaca la reducción de asesinatos en 2021, principalmente en el departamento de Chalatenango, donde no hubo muertes violentas en 20 de sus 33 municipios. Mientras que en Morazán, en siete de sus 26 ciudades tampoco se registraron asesinatos. El panorama es similar en siete de 22 jurisdicciones del departamento de La Paz. A estos datos se suma que, dos años y medio después de que se puso en marcha la estrategia de seguridad del presidente Bukele, El Salvador terminó 2021 con 70 días sin homicidios. La Policía informó que el pasado 9 de diciembre fue el último día acumulado con cero muertes violentas.
La incursión y permanencia de la Fuerza Armada en colonias y comunidades con presencia de pandilleros ha sido clave para reducir todo tipo de hechos delictivos, explicó recientemente el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.
«Tenemos mapeados los lugares donde no se han registrado homicidios; por ejemplo, Soyapango, en lo que va de la fase IV [hasta octubre], ha tenido un tan solo homicidio, y así hay municipios que fueron emblemáticos con el asedio de las pandillas, donde se han reducido enormemente los homicidios», explicó el funcionario.
Municipios catalogados con alta incidencia criminal, como Ilopango, San Martín y Soyapango, registraron un 75 % en la reducción de asesinatos durante septiembre de 2021, que cerró con 59 homicidios. Nada que ver con las cifras registradas en el Gobierno del prófugo Salvador Sánchez Cerén, cuando fueron asesinados 1,028 salvadoreños solo en septiembre de 2016, 2017 y 2018. La cifra por cada año fue de 343, 435 y 250, respectivamente.
Actualmente, departamentos como La Unión tampoco han registrado homicidios en seis de sus municipios; en igual número de ciudades de San Vicente el panorama es similar (ver más detalles en el mapa).
Los datos policiales revelan que el comportamiento de la criminalidad en municipios donde sí ocurrieron asesinatos incluso estuvo por debajo de las cifras diarias que se tenían durante los dos gobiernos del FMLN, que dejaron saldo de 40,100 homicidios y más de 30,000 denuncias de personas reportadas como desaparecidas.
Así, por ejemplo, en Chalatenango, el total de muertes violentas registradas en los municipios donde sí se constató que fueron en estas circunstancias es de 19 víctimas, esto representa apenas el 1.8 % del total registrado a escala nacional, mientras que en San Vicente y Cabañas los homicidios representaron el 2 %; en La Unión, el 3 %, y en Morazán y Cuscatlán, el 4 %.
Hace unos días, el criminólogo Ricardo Sosa destacó que en los primeros 10 días de diciembre el promedio diario de homicidios en el país era de 1.7, una cifra inferior a la reportada por las autoridades en 2020 en el mismo período, que fue de 3.4.
«El Gabinete de Seguridad mantiene los dispositivos de la estrategia Plan Control Territorial que sigue con incursiones en la fase IV con operativos contra criminales y delincuentes; en los últimos días han sido desarrollados operativos por el Gabinete de Seguridad Ampliado, que ha llevado ante la justicia a delincuentes con órdenes activas de captura y producto de las investigaciones», comentó Sosa sobre la estrategia de seguridad y sus resultados.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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