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Nueva prórroga de 30 días para aplicar régimen de excepción en El Salvador
El Salvador seguirá combatiendo a los grupos criminales, afirmaron ayer las autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele, por lo que solicitaron a la Asamblea Legislativa aprobar otra prórroga de 30 días del régimen de excepción, que ha permitido la captura de más de 52,000 criminales.
La iniciativa del Ejecutivo recibió 65 votos a favor de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y de Jackeline López, diputada suplente de Carlos Reyes, disidente de ARENA.
Como en las anteriores solicitudes de prórroga, hubo 12 votos en contra de los diputados de la oposición política: ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
#DePais Las bancadas del @FMLNDeptalSS , @vamoselsalvador y @NuestroTiempoSV volvieron a negar sus votos al régimen de excepción una figura establecida en la Constitución que goza del respaldo popular, según sondeos de opinión pública de firmas nacionales e internacionales. pic.twitter.com/Ci0O6syMtk
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) September 15, 2022
La sexta extensión de la medida constitucional, vigente desde el 27 de marzo pasado, fue entregada al presidente del Congreso, Ernesto Castro, por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
El Ejecutivo también presentó a la Asamblea iniciativas de reformas a la Ley especial de intervención a las telecomunicaciones, la Ley de telecomunicaciones y de la Ley contra el crimen organizado para combatir a los grupos terroristas y el crimen organizado.
«Ya no somos santuarios de los grupos terroristas. Los resultados son innegables. Vamos a traer a la Asamblea todas las iniciativas de reformas para garantizar que estos 52,000 terroristas que tenemos detenidos ya no regresen a sus comunidades», anunció Villatoro.
Explicó que dichas reformas recogen jurisprudencia de otros países que tienen en su ordenamiento jurídico medidas para combatir el terrorismo, por lo que restó valor a las críticas que las puedan adversar.
La enmienda a la Ley de intervención a las telecomunicaciones se solicita con el fin de fortalecer los procedimientos y las herramientas de persecución penal en la lucha contra el crimen en la obtención de prueba y su ofrecimiento en el proceso penal.
En tanto, la reforma a la Ley contra el crimen organizado es para ampliar el alcance conceptual de la definición de crimen organizado y unificar trámites de procesos penales a imputados por hechos delictivos, o que pertenecen a grupos terroristas o criminales.
Mientras que con la reforma a la Ley de telecomunicaciones se busca dotar a sus aplicadores de las herramientas necesarias para combatir la delincuencia que usa la tecnología de información y comunicación.
Todas pasaron a la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa para su respectivo estudio.
El régimen de excepción está vigente desde el pasado 27 de marzo, tras una ola de asesinatos cometidos por las pandillas. La medida jurídica, avalada por la Constitución, ha dejado a los meses de julio y agosto de este año como los más seguros en la historia de El Salvador.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) contabilizó 61 sismos en Mercedes Umaña, Usulután Norte, entre las 11:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde del martes 20 de octubre de 2026. El reporte corresponde a una secuencia registrada en un período de cinco horas y 49 minutos.
De acuerdo con la información institucional citada por El Blog, cinco de los movimientos fueron sentidos por la población. El balance distingue entre los eventos detectados por los instrumentos de monitoreo y aquellos que los habitantes lograron percibir.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona. Estas estructuras son fracturas de la corteza terrestre donde el desplazamiento de bloques de roca libera energía y genera movimientos sísmicos.
La cifra de 61 eventos corresponde al corte de las 5:00 de la tarde y debe interpretarse con ese horario de referencia. La actualización publicada no detalla las magnitudes ni las profundidades de los movimientos, por lo que esos datos requieren consultar los boletines específicos de cada sismo.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Salvador a Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años, señalado de colgar a su perro de una pata desde el balcón de su apartamento. La intervención ocurrió después de que el caso fuera denunciado en redes sociales durante la tarde del 20 de octubre.
🔴 URGENTE | Denuncian maltrato a un perrito en Condominio Torre del Sol, San Salvador
🐶 Una denuncia ciudadana alerta que un hombre lleva cerca de 30 minutos agrediendo a un perrito en el quinto piso del Condominio Torre del Sol, sobre la calle El Mirador.
Los fuertes llantos del animal se escuchan desde el interior del inmueble.
🚔 Se pide la intervención inmediata de la @PNCSV y de las instituciones de bienestar animal para proteger al perrito.
Cc: @alcaldia_ss @marioduran @Vi11atoro
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 20, 2026
Según la información policial, las imágenes difundidas mostraban al hombre sosteniendo al animal por sus extremidades desde el balcón. La denuncia permitió que las autoridades conocieran el hecho y procedieran con la detención del presunto responsable.
La PNC informó que Rosales Bonilla será remitido a las autoridades correspondientes por el cargo de maltrato animal. Tras confirmar el arresto, la institución expresó: “No vamos a tolerar este tipo de acciones”.
La información publicada no precisa el estado de salud del perro, si recibió atención veterinaria o bajo qué resguardo quedó después del incidente. Tampoco detalla una resolución judicial contra el detenido, cuya responsabilidad deberá determinarse durante el proceso.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
