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Nueva prórroga de 30 días para aplicar régimen de excepción en El Salvador
El Salvador seguirá combatiendo a los grupos criminales, afirmaron ayer las autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele, por lo que solicitaron a la Asamblea Legislativa aprobar otra prórroga de 30 días del régimen de excepción, que ha permitido la captura de más de 52,000 criminales.
La iniciativa del Ejecutivo recibió 65 votos a favor de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y de Jackeline López, diputada suplente de Carlos Reyes, disidente de ARENA.
Como en las anteriores solicitudes de prórroga, hubo 12 votos en contra de los diputados de la oposición política: ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
#DePais Las bancadas del @FMLNDeptalSS , @vamoselsalvador y @NuestroTiempoSV volvieron a negar sus votos al régimen de excepción una figura establecida en la Constitución que goza del respaldo popular, según sondeos de opinión pública de firmas nacionales e internacionales. pic.twitter.com/Ci0O6syMtk
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) September 15, 2022
La sexta extensión de la medida constitucional, vigente desde el 27 de marzo pasado, fue entregada al presidente del Congreso, Ernesto Castro, por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
El Ejecutivo también presentó a la Asamblea iniciativas de reformas a la Ley especial de intervención a las telecomunicaciones, la Ley de telecomunicaciones y de la Ley contra el crimen organizado para combatir a los grupos terroristas y el crimen organizado.
«Ya no somos santuarios de los grupos terroristas. Los resultados son innegables. Vamos a traer a la Asamblea todas las iniciativas de reformas para garantizar que estos 52,000 terroristas que tenemos detenidos ya no regresen a sus comunidades», anunció Villatoro.
Explicó que dichas reformas recogen jurisprudencia de otros países que tienen en su ordenamiento jurídico medidas para combatir el terrorismo, por lo que restó valor a las críticas que las puedan adversar.
La enmienda a la Ley de intervención a las telecomunicaciones se solicita con el fin de fortalecer los procedimientos y las herramientas de persecución penal en la lucha contra el crimen en la obtención de prueba y su ofrecimiento en el proceso penal.
En tanto, la reforma a la Ley contra el crimen organizado es para ampliar el alcance conceptual de la definición de crimen organizado y unificar trámites de procesos penales a imputados por hechos delictivos, o que pertenecen a grupos terroristas o criminales.
Mientras que con la reforma a la Ley de telecomunicaciones se busca dotar a sus aplicadores de las herramientas necesarias para combatir la delincuencia que usa la tecnología de información y comunicación.
Todas pasaron a la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa para su respectivo estudio.
El régimen de excepción está vigente desde el pasado 27 de marzo, tras una ola de asesinatos cometidos por las pandillas. La medida jurídica, avalada por la Constitución, ha dejado a los meses de julio y agosto de este año como los más seguros en la historia de El Salvador.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres hombres señalados de participar en una pelea callejera ocurrida en el barrio El Centro, en Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según el reporte policial, los involucrados atacaron a puños y patadas a otro hombre luego de una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas.
Los detenidos fueron identificados como Erick Joseph Gamero Santos, Orlando de Jesús Miranda y José Raúl Ventura Carranza.
Las autoridades indicaron que la víctima sufrió lesiones leves. Asimismo, informaron que los capturados serán remitidos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.
