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“No me matés por favor, no me matés”, Los minutos de terror que vivió la abogada del penal de Izalco antes de ser asesinada por pandilleros
La abogada del equipo criminológico del penal de Izalco, Adilia Patricia Recinos, de 35 años, suplicó por su vida antes de ser asesinada a manos de pandilleros del barrio 18 Revolucionarios la tarde del pasado 2 de mayo.
Tras un día de descanso gracias al asueto del 1 de mayo, Adilia se levantó la mañana del miércoles para ir trabajar como lo hacía cada día en el Penal de Izalco, sin imaginarse que ese día al salir de su trabajo iba ser víctima de un ataque cobarde por parte de pandilleros, quienes atentaron contra el microbús que Centros Penales ocupa para distribuir personal.
Eran las 4:00 de la tarde y de acuerdo a informes preliminares de la Policía, la profesional en derecho junto a otros compañeros se transportaban en un microbús placas N 20-682. Cuando transitaban por la calle principal del redondel del municipio de Sonzacate, Sonsonate, el transporte fue interceptado por tres miembros de pandillas del ala 18 Revolucionarios y dispararon contra ellos.
Al ver el ataque de los delincuentes con pistolas, la víctima se bajó del vehículo y empezó a correr. Solo pensaba en salvar su vida y corrió varios metros de donde los había dejado el microbús. Un criminal la siguió sin dejar de dispararle.
«No me matés por favor, no me matés», le gritaba la abogada de 35 años, pero sus súplicas no valieron. Una fuente policial dijo a El Salvador Times que mientras el hombre la perseguía para matarla, la mujer debido a que andaba con zapatos de tacón se cayó en la calle y fue allí donde el sujeto aprovechó para asestarle varios disparos.
Fueron al menos seis disparos los que le arrebataron la vida a la profesional del derecho, quien quedó tendida en la calle a varios metros de donde estaba el microbús que había sido atacado.
Recinos trabajó como abogada desde el 2011 en la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y en la actualidad laboraba específicamente en la fase # 2 del penal de Izalco, según información brindada a El Salvador Times por dicha fuente.
La abogada deja dos niñas en la orfandad, una de cinco años y otra en edad adolescente, quien está cursando bachillerato. Ambas hoy exigen que se haga justicia por la muerte de su madre que es otra víctima en esta vorágine de delincuencia que afecta al país.
Ya tenían vigilado al microbús
Cuando la abogada decidió bajarse del microbús también lo hizo un compañero de ella, un trabajador del archivo del penal de Izalco. En el ataque, él también resultó gravemente herido.
El trabajador fue herido de bala en el rostro por lo que tuvo que ser llevado hacia un hospital, mientras que el delincuente que le disparó a la abogada junto a otros que lo esperaban en el lugar, se dieron a la fuga.
Horas después, la Policía montó un operativo en la zona de Sonzacate y logró detener a Melvin Vladimir Perdomo, quien según las autoridades fue el responsable de asesinar a la abogada. Junto a él fueron detenidos nueve sujetos más acusados de resistencia al arresto y se investigará el nivel de participación en el crimen de Recinos.
La corporación policial detalla que los delincuentes ya tenían controlada la rutina en que el microbús marca Toyota Hiace realizaba a la hora de ir a dejar y traer a los empleados del centro penitenciario de Izalco. «Ya tenían controlado quiénes iban dentro del automotor y se bajaban en el lugar», citó la fuente policial.
También, la Policía maneja la hipótesis de que un pandillero de la 18, hace días había salido de ese centro penal donde estaba recluido y que este conocía a los empleados que laboran dentro y por tal razón habría dado orden para atentar contra ellos.
Hipótesis del ministro de Justicia y la Policía
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseveró que con el asesinato de Recinos se trataba de un ataque dirigido contra el Sistema Penitenciario y al mismo Estado por parte de la criminalidad.
«El hecho de que la criminalidad crea que las decisiones que se han tomado a nivel legislativo van a favorecerles, se equivocan. El control logrado desde los últimos dos años del Sistema Penitenciario lo vamos a mantener y profundizar», sostuvo.
Landaverde manifestó que el objetivo de la criminalidad con la muerte de la abogada es en razón a las decisiones que se están tomando en el área penitenciaria y que las pandillas buscan hacer retroceder al Gobierno y al Sistema Penitenciario del país.
«Si la criminalidad cree que con estas acciones van intimidar y lograr que se retroceda, están muy equivocados y nos compromete más a seguir adelante a tomar acciones más fuertes para someter a estos criminales al control que deben de guardar en el Sistema Penitenciario», expresó Landaverde.
Mientras que la Policía manifestó que el ataque está dirigido hacia el Estado, ya que días atrás, los miembros de estructuras criminales amenazaron con atentar contra agentes de la Policía, soldados, miembros de la Fiscalía y de Centros Penales.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
Judicial
Cadena perpetua para cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel; otros cuatro reciben 45 años
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso cadena perpetua a cinco integrantes de la estructura criminal conocida como La Mirada Loca Sureños 13. Los condenados son Josué Odir Granados Zapata, identificado como cabecilla y palabrero encargado de zona, junto a los homeboys Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez.
En el mismo proceso, el tribunal sentenció a 45 años de prisión a Carlos Alberto Hernández Vásquez, José Joel Castillo Guevara, Yesenia Guadalupe Segovia Guevara y Nicolás Arístides Montoya Ríos por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República acreditó que los nueve imputados formaban parte de esta estructura que operaba principalmente en el distrito de San Miguel, en la zona oriental del país, y que mantenía atemorizada a la población.
La resolución se basó en las evidencias presentadas por la Fiscalía, que validó la pertenencia de los acusados a la organización. Algunos de los condenados a 45 años mantienen otros procesos judiciales pendientes.
La estructura La Mirada Loca Sureños 13 es una de las clicas de la Mara Salvatrucha que ha sido objeto de múltiples procesos judiciales en el departamento de San Miguel.
Dos personas resultaron gravemente lesionadas después de que un vehículo cayera a un río en la carretera que conecta Ilobasco con Tejutepeque, en el departamento de Cabañas. El accidente fue reportado la tarde de este martes 20 de octubre en el sector del caserío Los Frailes, según información preliminar publicada por El Blog.
De acuerdo con reportes ciudadanos recogidos por ese medio, el conductor perdió el control del automóvil y se precipitó hacia el cauce. Hasta la publicación consultada, no se había establecido qué provocó la salida de la carretera ni se habían precisado las condiciones en las que circulaba el vehículo.
Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. El reporte no identifica a los afectados, sus edades ni el hospital al que fueron llevados. Tampoco incluye una actualización médica posterior al traslado.
Elementos de la Policía Nacional Civil acudieron a la escena para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. Por el momento, la información disponible no permite atribuir el accidente a exceso de velocidad, fallas mecánicas u otra causa específica.
