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Ministro de Hacienda presenta 7 avisos de presunta evasión fiscal que rondan $1.8 millones
El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya se presentó la mañana de este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar más casos de presunta evasión fiscal y contrabando de mercadería. En ese sentido, fueron presentados siete avisos que sumados se estiman en $1.8 millones.
El funcionario explicó que el caso más significativo, de los siete presentados, está relacionado con una empresa que ha evadido el pago de IVA por $1.2 millones; cinco de los casos más están relacionados a contribuyentes que retuvieron el impuesto sobre la renta de sus empleados y no lo entregaron al Ministerio de Hacienda, entre ellas está una alcaldía del oriente del país.
«Esta entidad pública retuvo los fondos de los trabajadores y no los entregó al ministerio de Hacienda», aseguró el funcionario.
Entre los avisos está uno relacionado con el presunto contrabando de mercancías por $1.2 millones, esta compañía se encargaba, según dijo Zelaya, de importar mercadería a El Salvador con el objeto de internarla a una zona franca y luego simulaba exportaciones al exterior para no pagar impuestos; sin embargo, al verificar el destino de la mercadería se dieron que nunca llegó a los destinos.
Los productos eran comercializados en el mercado nacional sin pagar impuestos aduaneros y otros tributos.
Eduardo Zelaya brindó detalles de los millones que reflejan las denuncias interpuestas en el Ministerio Publico. «Este día estaría llegando a 105 avisos presentados ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado de la FGR, $92 millones es la cifra que abarcan estos 15 avisos presentados hasta el momento», dijo el ministro Zelaya.
El funcionario destacó la actual gestión de la FGR, bajo la administración de Rodolfo Delgado, con quien ha visto avances en la investigación de los casos presentados, así como mejor coordinación entre las instituciones.
«…esa es la importancia de que esos malos empresarios que cada día son menos en nuestro país le han robado a la población regresen a las arcas públicas, estos fondos nos sirven para seguir construyendo escuelas, remodelando hospitales, para seguir reforzando el Plan Control Territorial, para seguir reactivando nuestra economía y brindar justicia tributaria a la población salvadoreña», dijo Zelaya.
Agregó que «no es posible que mientras unos pocos evaden y se lucran con el dinero, que es del pueblo, otros responsablemente paguemos todos nuestros impuestos, nuestro principal objetivo es llevar justicia tributaria a la población salvadoreña; no perseguimos a empresarios, perseguimos a evasores de impuestos».
También la directora de la Dirección General de Aduanas, Samadhy Martínez, se refirió a los casos denunciados este mañana en la Fiscalía.
«No es posible que en nuestras fronteras pase por nuestras aduanas el contrabando técnico, estos casos a presentar este día en la Fiscalía y los ya presentados son este tipo de contrabando no es el que pasa por puntos ciegos es el que pasa por nuestras fronteras que aparenta operaciones de comercio exterior lícitas», dijo Martínez.
Agregó que «Gracias al equipo de inteligencia aduanera y al departamento contra el contrabando como Dirección General de Aduanas hemos apostado más de $6 millones solo de contrabando técnico, (…) presentamos la denuncia contra esta empresa [uno de los casos denunciados de los que hizo referencia Zelaya], cuya actividad es las importaciones diversas que simula importaciones con tránsitos temporales a un almacenamientos de aduanas, incluso, simula reexportaciones que nunca llegan al país de destino».
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
