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Medios internacionales destacan el combate a las pandillas en El Salvador
Ante la propuesta que hiciera el presidente de la república, Nayib Bukele, de poder colaborar para frenar la situación de violencia que vive Haití, diversos medios de comunicación internacionales destacaron que el mandatario fue capaz de controlar el fenómeno de las pandillas en El Salvador.
«El presidente salvadoreño, que logró reducir drásticamente los crímenes en su país con una polémica doctrina de mano dura, se mostró dispuesto a intervenir para solucionar el preocupante escenario haitiano», escribió Infobae, medio de comunicación digital de Estados Unidos (EE. UU.)
El fin de semana pasado Bukele dijo que puede solucionar la situación de violencia en el país caribeño, pero es necesario que haya una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además del consentimiento del país anfitrión, y que se cubran los gastos de la misión especial.
«El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, elogiado por aplastar los niveles de criminalidad del país centroamericano, ofreció su ayuda para restaurar el orden en Haití», publicó el periódico El Debate, de España, al relatar que la capital de la nación caribeña, Puerto Príncipe, es el epicentro del caos y violencia provocada por miembros de pandillas. A esto se suma que unos 4,500 criminales huyeron de las cárceles haitianas en los últimos días.
Por otra parte, el periódico colombiano El Tiempo resaltó que las acciones de seguridad impulsadas por el presidente de El Salvador -como el régimen de excepción- han permitido la captura de más 76,000 pandilleros, incluyendo a cabecillas de los grupos delincuenciales.
«El mandatario lanzó en marzo de 2022 una ofensiva contra estos grupos bajo un régimen de excepción que redujo a mínimos históricos los asesinatos en el que fue uno de los países sin conflicto bélico más violentos del mundo», consigna.
El periódico mexicano Excélsior fue enfático en señalar que el presidente Bukele logró acabar con la violencia y la inseguridad en El Salvador por medio del «estado de excepción», medida constitucional que ha sido extendida 24 veces, aprobadas por el grupo parlamentario de Nuevas Ideas y partidos aliados, mientras la oposición (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo) han negado sus votos.
Las cadenas Globovisión, de Venezuela; CNN, de EE. UU.; y ABC, de España, también destacaron el combate contra las pandillas, como un modelo en la región. «Bukele ha ofrecido en varias ocasiones ayudar a otros países con la aplicación del modelo de su Gobierno para combatir las pandillas, antes poderosos grupos criminales que controlaban gran parte del país y sometían a la población a un estado paralelo de terror, según las autoridades», informó Globovisión.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
