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Mauricio Funes dice que le encantaría que el gobierno le aplicara la vacuna contra el COVID-19 a su padre
Mauricio Funes, actualmente prófugo de la justicia por delitos de corrupción, aseguró que le gustaría que su padre fuera uno de los beneficiados con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, adquirida por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Funes, a quien se le siguen seis procesos judiciales acumulando un gajo de delitos entre los que destacan Peculado, Agrupaciones Ilícitas, Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes, entre otros, cometidos durante su gestión presidencial entre 2009 y 2014, y que actualmente huye de la justicia, se consideró que es uno de los primeros en alegrarse con la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a El Salvador.
“Yo soy de los primeros que me alegro, por yo tengo a mi padre vivo aún que tiene 94 años y que entraría de hecho en el grupo de más alto riesgo, y me encantaría que fuera uno del grupo de más alto riesgo que pudiera ser vacunado”, dijo Funes este jueves durante una entrevista televisiva realizada desde Nicaragua, donde se encuentra escondido desde que se conoció las investigaciones en su contra.
Ayer se conoció que Costa Rica autorizó la extradición del suegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, acusado del delito de lavado de dinero.
Guzmán Berdugo es padre de Ada Mitchell Guzmán, madre de uno de los hijos de Funes y con quien reside en Nicaragua, es acusado de pertenecer a una presunta red de corrupción, encabezada por Funes, considerado responsable de sustraer de manera ilícita $ 351 millones del Estado, cuando fue presidente de la república.
En atención a varias denuncias ciudadanas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en varios bares y centros nocturnos de la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
De acuerdo con las autoridades edilicias, algunos de estos establecimientos operaban de manera ilegal y, además, generaban ruido y desorden en la zona.
Durante la intervención fueron inspeccionados ocho negocios, de los cuales tres fueron clausurados temporalmente por operar de forma ilegal.
Asimismo, las autoridades impusieron 14 esquelas por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia, la venta no autorizada de bebidas alcohólicas y acciones en contra de los delegados municipales.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acompañaron al personal de la comuna capitalina durante las inspecciones.
Además, se realizaron 12 prevenciones por obstrucción de la vía pública y para regular el orden vehicular en la zona.
La Comuna Central sigue trabajando 24/7 para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. pic.twitter.com/wXk9kR1Nmd
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 3, 2026
Con el objetivo de promover una mejor convivencia ciudadana y proteger la tranquilidad de las comunidades, la alcaldía de San Salvador Este recordó a la población la importancia de respetar los niveles de ruido permitidos en el municipio.
Según informó la comuna, en las zonas residenciales los niveles máximos autorizados son de 55 decibeles (dBA) durante el día y 45 decibeles (dBA) durante la noche. En el caso de discotecas y otros establecimientos, los límites establecidos son de 100 y 110 dBA, respectivamente.
Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma anónima los casos en los que viviendas o establecimientos excedan los niveles de ruido permitidos.
Las denuncias pueden realizarse a través del WhatsApp del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), al número 6071-6861, o mediante la página oficial de Facebook de la alcaldía.
La municipalidad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para identificar los lugares donde no se respeta la sana convivencia y contribuir al bienestar de las comunidades.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
