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Más de 57,500 pandilleros están presos en las cárceles de El Salvador
En el año 2013, en los centros penales había 8,886 pandilleros recluidos, nueve años después, con el Plan Control Territorial dinamizado por el régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo, en las cárceles de El Salvador hay 57,500 integrantes de pandillas.
En junio de 2019 cuando asumió su mandato el presidente Nayib Bukele, se comenzó a atacar el accionar de las maras para reducir delitos como homicidios y extorsiones.
La primera estrategia de seguridad ejecutada por el gobierno fue el lanzamiento del Plan Control Territorial, medida que fue operativizada a través de varias fases.
Pese al bloqueo que desde la Asamblea Legislativa tuvo el ejecutivo en sus primeros dos años, a las estructuras de las pandillas las fueron cercenando con los constantes operativos, capturando a sus principales cabecillas y golpeándoles sus finanzas.
Las maras que durante 30 años mantuvieron sometido al país y con planes que lejos de debilitarlas las fortalecieron, se resistían a ser doblegadas y a finales de marzo de 2022 retaron al gobierno con una ola de homicidios: más de 80 en tres días, que fue contrarrestada con fuertes medidas como fue la instauración del régimen de excepción.
Hasta el 27 de marzo, con el Plan Control Territorial, habían sido llevados a las prisiones 16,000 pandilleros, pero con el régimen de excepción policías y soldados han detenido a otros 41,500 miembros de pandillas, haciendo un total de 57,500.
La medida adoptada por el gobierno llegó a dinamizar el Plan Control Territorial, según lo han expresado funcionarios del gabinete de seguridad, incluso el presidente Bukele durante el discurso del tercer año de gestión dijo que «¡Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas!».
El delito en común atribuido a todos los capturados es el de agrupaciones ilícitas, que castiga hasta con 45 años de prisión a los cabecillas terroristas.
Varios procesos penales fueron promovidos también por tráfico ilícito, fraude de fluidos [robo de agua o energía], portación o conducción ilegal de arma de fuego, posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico, resistencia, lavado de dinero, extorsión, homicidio, proposición y conspiración en el delito de homicidio, privación de libertad y otros delitos de crimen organizado.
En la guerra contra las pandillas, al esfuerzo del ejecutivo se le unió el Órgano Judicial ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), creo 10 nuevos juzgados especializados que desde el pasado 9 de abril comenzaron a realizar audiencias de imposición de medidas contra los capturados.
En las diligencias realizadas por los jueces especializados de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, ordenaran que los pandilleros continuaran en las cárceles.
Desde que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada comenzaron a realizar las detenciones, coordinaron con la Dirección General de Centros Penales para llevarlos a diversas penitenciarías.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.
Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.
El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.
Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.
La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador participó este viernes en el rescate de una persona en el edificio Bahía Mar, ubicado en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles.
Desde tempranas horas, los rescatistas salvadoreños se desplazaron hacia la urbanización Caribe y el edificio Bahía Mar para apoyar las labores de búsqueda y rescate en una de las áreas más impactadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela.
La misión humanitaria cuenta además con el apoyo de la unidad canina, entre cuyos integrantes se encuentra el perro Rambo, con amplia experiencia en la localización y rescate de víctimas en escenarios de terremotos.
El líder de la misión humanitaria El Salvador-Venezuela, Roberto Giovanni Cortez, destacó la preparación del personal desplegado. «Todo el personal tiene la capacidad y la experiencia para la búsqueda y rescate urbano, en contextos de estructuras colapsadas como el que estamos viviendo en el panorama aquí en Venezuela», expresó.
En un acto de solidaridad, el presidente Nayib Bukele informó sobre el envío de 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, medicamentos y alimentos para apoyar al pueblo venezolano. La ayuda humanitaria ha sido trasladada a ese país mediante seis aviones.
Hasta las últimas horas, las autoridades de Venezuela reportan un saldo de 586 víctimas mortales a causa de los terremotos, más de 2,900 personas heridas y miles de desaparecidos.
