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Más de 215 pandilleros deportados de Guatemala y México en la guerra a las maras
Más de 215 pandilleros de las diferentes estructuras terroristas han sido deportados de Guatemala y México hacia El Salvador en el marco del combate frontal a las maras entre finales de marzo de 2022 y 7 de noviembre de este año, de acuerdo con los datos de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el Instituto Nacional de Migración de México (INM).
En reiteradas ocasiones, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha enfatizado que las detenciones de los mareros que pretenden huir de la justicia son gracias al buen trabajo de investigación e inteligencia de la Policía salvadoreña en coordinación con las autoridades de Guatemala y México.
El titular de Seguridad ha reiterado que la guerra contra las pandillas, ideada por el presidente Nayib Bukele, terminará hasta capturar al último terrorista y que ninguno escapará de la justicia, aunque huyan a otros países.
El pasado 9 de noviembre, la SGIC de la Policía de Guatemala informó que, del 1.º de enero al 7 de noviembre de 2023, arrestaron a 76 mareros que luego fueron entregados a las autoridades de El Salvador.
El total de aprehendidos fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para ser entregados a la Policía salvadoreña. Las autoridades guatemaltecas indicaron que entre los capturados hay 38 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS) y 38 de la pandilla del Barrio 18, a quienes les decomisaron 13 pistolas, una escopeta, 12 cargadores, una motocicleta, dos fusiles, 192 municiones distintos calibres, 51 celulares y un vehículo.
Un accidente de tránsito múltiple se registró esta tarde en el distrito de Nueva Guadalupe, San Miguel Oeste, involucrando a un autobús de la ruta 333, un microbús de la ruta 16 y un camión.
Según informes de los socorristas de Comandos de Salvamento, tres personas resultaron lesionadas en el incidente. Las primeras investigaciones sugieren que la excesiva velocidad y la falta de distancia entre los vehículos podrían haber sido factores determinantes en el choque.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud y la identidad de las víctimas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.
Johao Carlos Marín Fuentes fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente y constantemente de una menor de edad de febrero a agosto del año 2024, en una colonia del distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, departamento de San Salvador.
Con las abundantes pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, se evidenció que el imputado convivía con varios familiares de la víctima, por lo que aprovechaba cuando se quedaba solo con la menor afectada para agredirle sexualmente en reiteradas ocasiones y de diferentes maneras.
Marín Fuentes amedrentaba a la víctima para que no dijera nada a nadie de lo que estaba sucediendo, a la vez que le ofrecía usar una tableta electrónica, a cambio de su silencio.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador validó todas las pruebas presentadas por los fiscales del caso e impuso la pena de prisión en mención y el imputado está obligado a $2,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
A Fuentes se le procesó por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en su modalidad de delito continuado.
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura de cuatro venezolanos y un ecuatoriano que estafaron a diez víctimas con la falsa promesa de venta de vehículos.
Los detenidos son los venezolanos: Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Eduardo Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y el ecuatoriano Gabriel Andrés Ponce Ruiz.
Según las investigaciones, desde octubre del año 2024 a la fecha, los extranjeros crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de automóviles, y a las víctimas les hicieron creer que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los automotores que elegían.
Las víctimas hicieron pagos o depósitos desde los $5,000 a $10,000 dólares para adquirir los vehículos; sin embargo, luego les aseguraron que esos pagos eran en concepto de derecho para participar en asambleas en donde rifarían las compraventas de los vehículos. Ninguna de las víctimas recibió documento ni los autos, ni la devolución del dinero.
Los extranjeros serán procesados por cometer los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
Las capturas y registros, realizados en San Salvador, se efectuaron con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección de Migración y Extranjería.
