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Más de 200 mil salvadoreños ya han recibido la tercera dosis contra el COVID-19
A tres semanas de haber iniciado la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, hasta el 10 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó un total de 203,495 terceras dosis administradas a escala nacional.
Actualmente, todas las personas que ya han sido inoculadas con la segunda dosis, y han transcurrido un periodo de al menos cuatro meses, ya pueden agendar su cita para recibir el refuerzo del biológico en los más de 160 establecimientos habilitados para este proceso.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la vacunación, la cifra de los refuerzos aplicados diariamente supera las primeras y segundas inoculaciones. El domingo 10 de octubre de las 55,707 dosis aplicadas a escala nacional, 29,658 correspondieron al refuerzo del biológico; mientras que 15,176 fueron primeras y 10,873 segundas aplicaciones.
Diversos estudios han demostrado que la administración de una tercera dosis puede aumentar hasta 10 veces la efectividad del fármaco si se combinan diferentes mecanismos entre las dosis primeras dosis y la tercera.
El grupo asesor de expertos en vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó ayer que pacientes de determinados grupos en riesgo reciban una tercera dosis adicional de vacuna anti COVID-19.
En tanto, en El Salvador se ya se ha empleado la tercera dosis de la vacuna para todas las personas mayores de 18 años, de manera que este refuerzo pueda otorgar una protección mayor ante la afectación del virus y sus diferentes variantes de preocupación.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
