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Más de $16,000 son incautados en casas de refugio de colombiana, Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, implicada en el asesinato de fiscal paraguayo
Un total $16, 298.91 en efectivo y de diferentes divisas fue parte de lo incautado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en dos allanamientos ejecutados en las viviendas donde se refugiaba Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, la colombiana implicada en el asesinato del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que en el procedimiento efectuado en una de las viviendas decomisaron 14,970 euros, 510 dólares, 74,000 pesos colombianos, 500 pesos mexicanos, 500 coronas suecas.
Además, confiscaron tres pasaportes colombianos, un carné de registro civil, un teléfono celular, una laptop, y un recipiente con marihuana; mientras que en la otra casa incautaron cuatro teléfonos celulares, una computadora, un pasaporte y un pasaje aéreo.
Como parte del seguimiento al arresto de Margareth Chacón Zúñiga, colombiana, por su vinculación con el homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, unidades especializadas de la @PNCSV y la @FGR_SV ejecutaron allanamientos en dos viviendas donde se refugiaba. https://t.co/jASM7eWI5b
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) January 20, 2023
Las viviendas se ubican en zonas residenciales de la colonia La Cima 4 y de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
«Ya lo dijimos, El Salvador no será refugio de delincuentes y estamos dispuestos a colaborar con otros países que buscan llevar ante la justicia a criminales que intentan escapar de la ley y creen que sus delitos quedarán impunes», enfatizó el titular de la seguridad.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Chacón Zúniga habría tenido una notable participación en el manejo del dinero usado para la contratación de los sicarios y compra de armas con las que asesinaron al funcionario.
«La compañera, tuvo el fin de planear y proveer al articulador todos los insumos criminales para acabar con la vida del señor Marcelo Pecci», manifestó el fiscal Mario Burgos en la audiencia de imputación de cargos contra Andrés Felipe Pérez Hoyos celebrada el pasado domingo 15 de enero.
La colombiana es compañera sentimental del empresario Pérez Hoyos, quien también fue capturado por el homicidio ocurrido el 10 de mayo de 2021 en la playa de Barú, a una hora de Cartagena de Indias, Colombia.
Pérez Hoyos fue acusado de financiar el homicidio del funcionario fiscal y fue él mismo quien aceptó su culpabilidad en los hechos al confesar que se había aliado con su hermano Ramón Emilio para planear el asesinato de Pecci Albertini, quien pasaba su luna de miel en la playa de Barú en el Caribe de Colombia cuando fue atacado a balazos por sicarios en motos acuáticas.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
