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Los reos que no son pandilleros aprenden a cultivar sus alimentos como parte del proceso de rehabilitación
Como parte de la rehabilitación efectiva de los reclusos del país, no pandilleros; la Dirección de Centros Penales, mantiene a privados de libertad en fase de confianza en terrenos en donde cultivan, cosechan alimentos y crían animales de corral.
Dentro del proyecto Granjas Penales Autosostenibles, los reclusos en las casas malla garantizan la seguridad de las cosechas cultivando diferentes tipos de hortalizas.
En las Granjas Penitenciarias Autosostenibles, que funcionan desde julio de 2019, los privados de libertad aprenden a cultivar, cosechar y cocinar sus propios alimentos.
Trabajar con sus manos la tierra permite a los privados de libertad fortalecer su sentido de utilidad, esto como parte del camino recorrido hacia rehabilitación y su reinserción social.
El cuidado de animales de corral es también parte del aprendizaje que adquieren los privados de libertad en las Granjas Penitenciarias Autosostenibles.
Los diferentes productos y hortalizas frescas cultivadas por privados de libertad también son vendidos en mercados penitenciarios en algunas iglesias autorizadas para tal fin.
La filosofía del Plan Cero Ocio que ejecuta el Gobierno permite que los privados de libertad que demuestran que quieren cambiar sus vidas puedan reinsertarse a la sociedad al finalizar sus condenas.
Desde que el Presidente Nayib Bukele asumió su mandato la Dirección de Centros Penales tomó el control total de las penitenciarías cortando toda comunicación de telefonía celular, imponiendo un estricto control de lo que ingresa a esos recintos y eliminando intentos de desorden.
Las prisiones del país dejaron ser centros de operaciones de los criminales y ahora cuentan con talleres, granjas y otras formas de rehabilitación de reclusos.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
