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Julia deja muertes y destrucción en El Salvador en menos de 24 horas
La muerte de al menos nueve salvadoreños, derrumbes, desbordamientos de ríos, árboles caídos, entre otros, fueron algunos de los daños que generó el paso de la tormenta tropical Julia en El Salvador en menos de 24 horas. Sin embargo, la rápida reacción de las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil salvó la vida de más de mil salvadoreños que fueron afectados por los estragos y llevados a albergues.
Hasta ayer al mediodía, el viceministerio de Gobernación detalló que Julia dejó nueve fallecidos, 113 árboles caídos, 81 vías obstruidas, 31 viviendas dañadas, 22 deslizamientos, 19 ríos desbordados, un puente colapsado, nueve vehículos afectados y una persona lesionada.
Entre las nueve personas que murieron por las lluvias están cinco soldados quienes quedaron soterrados por un muro que se desplomó en Comasagua. Los cuerpos fueron liberados al mediodía del lunes.
Entre las afectaciones más significativas está la destrucción del puente del río Titihuapa que fue arrastrado por las corrientes de agua, este conectaba los municipios de Ciudad Dolores, en Cabañas y San Ildefonso, San Vicente. Su caída dejó incomunicados los dos departamentos.
Producto de las intensas lluvias, los ríos Grande, de San Miguel, el Torola, en La Unión y El Molino en Usulután se desbordaron y provocaron que varias familias fueran evacuadas y perdieran sus pertenencias.
De igual forma, varias carreteras principales de país, entre ellas, la Panamericana en el tramo de Los Chorros, la calle al Puerto de La Libertad, la de Comalapa, la de Planes de Renderos y la de Sensuntepeque sufrieron deslizamientos de tierras que obstruyeron el paso vehicular.
Durante la emergencia las autoridades desplegaron en todo el país a 500 personas de los equipos tácticos operativos, más de 200 guardavidas y 650 bomberos, 1,500 trabajodores del Fovial y utilizaron más de 1,100 maquinas para remoción de escombros. Un contingente de 16,000 policías y soldados ayudaron en tareas de remoción, evacuación y rescate.
«Por instrucciones del señor Presidente de la República, todas las instituciones que conformamos Protección Civil nos activamos con todas las medidas de prevención desde la semana pasada, ante la llegada de la tormenta tropical Julia. En todo el país hemos realizado una labor 24/7 y todavía la vamos a seguir realizando para rescatar familias de los lugares donde se han dado inundaciones para trasladarlos a los diversos albergues, hasta el momento son más de 1,000 personas las que han sido evacuadas», informó el viceministro de Gobernación, Raúl Juárez Cestoni.
«A ellos se suman las comisiones departamentales y municipales de Protección Civil y elementos de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, personal del ministerio de Obras Públicas, Fovial y ministerio de Salud», indicó Cestoni.
El Gobierno mantiene listos 81 albergues a escala nacional. De estos, 35 se encuentran abiertos.
«Nos mantenemos hasta este momento en alerta roja y la población debe estar consciente de ello, tenemos a todo el aparato del Estado trabajando para salvaguardar sus vidas», afirmó el funcionario.
«En el caso del Fovial se han atendido 77 emergencias entre los cuales están: 22 derrumbes, cuatro cárcavas, seis inundaciones y 44 árboles caídos.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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