Judicial
Un hombre con discapacidad se salva de morir a mano de pandilleros al lanzarse de una mototaxi en marcha en San Martín
Los hombres se dedicaban a pedir limosna en el mercado de San Martín mientras siete pandilleros los amenazaron de muerte. Todo terminó en una persecución que logró salvarles la vida.
Un hombre con dicapacidad, que se dedicaba a pedír dinero en el centro de San Martín, tuvo el valor de lanzarse desde una mototaxi en marcha en la que junto a un amigo estabas privados de libertad por pandilleros que los iban a asesinar.
Según el expediente judicial, Cristóbal y Pedro (nombres modificados por seguridad) viajaban todos los días a diferentes puntos del departamento de San Salvador para pedir limosnas a las personas que circulaban por el lugar.
Tratando de convencer a quienes lo ayudaban, Pedro relataba la forma en la que sufrió la lesión que desde hace varios años lo tiene postrado en una silla de ruedas que era empujada por Cristobal.
El 7 de diciembre de 2017, las víctimas acordaron iniciar la jornada de recolección de dinero en el mercado de San Martín, lugar en el que habían estado en varias oportunidades y nunca habían tenido problemas.
Pasadas las 9:00 de la mañana, dos hombres y una mujer con apariencia de pandilleros se dirigieron hacia ellos. Sin mediar palabras tomaron del cuello a Pedro y lo tiraron de la silla de ruedas al suelo para comenzar a golpearlo.
El ayudante del hombre en silla de ruedas trató de escapar pero fue interceptado por otros dos delincuentes quienes luego de varios golpes le exigieron que se levantara la camisa para verificar que no tenía tatuajes. Todo esto ante la mirada atónita de muchos testigos.
Teniendo bajo control a los dos amigos, uno de los criminales sacó un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo con el que los amenazó de muerte. “Nos quitaron el dinero que habíamos obtenido pidiendo en el lugar, eran como $20.00 en monedas”, relató Cristóbal.
El camino hacía la muerte
A los cinco pandilleros se le sumaron otros dos que llegaron en una mototaxi en la que a punta de pistola obligaron a Pedro a subir a Cristobal. Los criminales se subieron a los costados para que sus víctimas no trataran es escapar.
El vehículo comenzó a recorrer a gran velocidad y en medio de la multitud las calles aledañas al mercado. Al mismo tiempo, los delincuentes no dejaban de atemorizar a los dos hombres asegurandoles que se iban a morir ese día.
Una hora después, una pareja de soldados recibieron una alerta sobre dos personas que fueron sacadas a la fuerza de un sector del mercado municipal por lo que decidieron moverse a la zona.
Los efectivos militares localizaron el vehículo lleno de personas sospechosa por lo que le dieron la orden al conductor que se detuviera, algo a lo que este hizo caso omiso desatando una persecución.
El rescate
Al ver que la presencia de elementos de seguridad incrementaba, los pandilleros optaron por tirarse uno a uno del vehículo en marcha, algo que el minúsvalido optó por imitar sin temor a que los delincuentes lo pudieran mantener raptado.
Luego de recorrer varios kilómetros, en el mototaxi solo quedaron el conductor, un pandillero y Cristobal que estaba muy asustado y al parecer se quedó sin reacción ante la situación que vivió.
Los elementos de seguridad identificaron a los delincuentes involucrados como: Abner Wilmer Alfaro López, alias “Chele”, de 40 años, y el conductor de la mototaxi, José Fredy Menjivar Escobar, alias “Negro”, de 19; ambos son perfilados como miembros activos de la pandilla 18.
Durante la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de San Martín, Escobar explicó a las autoridades que ese día realizaba un viaje de rutina y que era inocente de los delitos que le atribuyen.
Pese a esto, los dos sujetos fueron enviados a juicio en el juzgado primero de Sentencia de Salvador que conocerá el caso por los delitos de privación de libertad. De momento, está pendiente la fecha en la que se celebrará el proceso.
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Judicial
José Atilio Benítez y su esposa deben devolver al Estado $121,657 por enriquecerse de forma ilícita
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, declaró la existencia de enriquecimiento ilícito en el proceso judicial contra el exviceministro de la Defensa, José Atilio Benítez Parada, y su esposa Emma Isaura Muñoz de Benítez.
Benítez fungió como vice ministro durante la gestión del partido FMLN, cuando el ministro era David Munguía Payés, quien la semana pasada, fue condenado a 18 años de cárcel por negociar con pandillas y ahora enfrentas señalamientos de lavado de dinero.
Según las autoridades, el exfuncionario y su esposa incrementaron su patrimonio en $88,044 en su patrimonio, entre junio de 2009 y noviembre de 2011.
Benítez Parada realizó 40 depósitos bancarios en cuentas corrientes a su nombre. Este incremento ocurrió durante el período en que ejerció como viceministro, desde el 1 de junio de 2009 hasta el 21 de noviembre de 2011.
Las autoridades detallaron que el juez de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla también valoró la falta de justificación de ingresos por parte de la señora Emma Isaura Muñoz de Benítez, en su calidad de cónyuge del exfuncionario, por un monto de $33,613.35, que incluye depósitos bancarios, pagos de tarjeta de crédito y abonos a crédito hipotecario.
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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una apelación ante el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de Santa Ana, contra los nueve cómplices de Hugo Osorio, asesino serial de Chalchuapa, quienes fueron absueltos el pasado 8 de mayo por una jueza.
«El ministerio publico no estaba de acuerdo con la resolución de la jueza -Lidia del Carmen López- en la cual absolvió a los procesados en esta causa y por lo tanto hemos hecho del recurso de apelación en el que estamos poniendo todo el fundamento jurídico de la investigación para que una Cámara pueda revisar y ordenar un nuevo juicio», dijo la fiscal del caso.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, todos los señalados tenían una organización criminal de cabecillas, ejecutores y colaboradores que cumplían funciones específicas para ocultar y desaparecer personas, de las cuales se estima que hay 13 víctimas. Los hechos por los cuales son procesados fueron cometidos en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, entre 2020 y 2021. Todos son cómplices de Hugo Osorio, quien en junio del año pasado ya fue condenado a 70 años de cárcel por un doble feminicidio.
Dicha jueza del Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de Santa Ana, es una de las que no lograron ser removidas del sistema judicial tras las reformas a la Ley del Órgano Judicial en 2021.
Los cómplices que fueron absueltos por dicha jueza fueron recapturados en mayo pasado luego que las autoridades los acusaran por el delito de desaparición de personas y agrupaciones ilícitas.
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El expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó y se autorizó la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, hecho perpetrado en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, así lo establece el dictamen de acusación que presentó este lunes la Fiscalía General de la República.
En las investigaciones, el ministerio público ha determinado que «el expresidente Cristiani y el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA de la época, sostuvieron varias llamadas telefónicas previo a la masacre».
«No solo es un testigo, Emilio Ponce (ya fallecido) también refiere que ahí estuvo el expresidente Cristiani, tenemos otros testigos que también lo ubican en el lugar y que también afirman que él estuvo de acuerdo y autorizó los hechos que desencadenaron esas muertes», estableció el fiscal del caso.
El representante fiscal añadió que dentro de dicho dictamen también se acusa al asesino, Inocente Orlando Montano, quien fue condenado en España a 133 años, «fue condenado por la muerte de los sacerdotes jesuitas, es decir, por los ciudadanos españoles, pero las personas salvadoreñas no, por estos hechos no fue condenado allá y acá si lo estamos acusando», dijo. Se trata de Julia Elba y Celina Ramos, quienes eran colaboradoras de los sacerdotes.
Homicidio, actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento personal, son algunos de los delitos por los que la Fiscalía acusa a los involucrados. «En total son ocho imputados, además de estos también tenemos a Rodolfo Parker quien manipuló las declaraciones que se dieron al tribunal de honor».
Parker al igual que Cristiani huyeron al saber que son procesados en este caso de la masacre de la UCA.
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