Judicial
Tribunal prevé instalar este jueves el inicio del juicio contra exdiputado Silva
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, prevé instalar juicio contra el exdiputado suplente por el departamento de La Unión, Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años de edad, acusado por el delito de lavado de dinero y activos y cohecho activo.
Este día, las juezas del tribunal manifestaron que el juicio se instalará el jueves 20 de enero, a las 8:30 de la mañana, para darle tiempo a la defensora pública que estudie el caso, esto luego de haber declarado el abandono de sus defensores particulares por no presentarse a los llamados judiciales.
Según la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) el exdiputado presuntamente ofreció sobornos a varios alcaldes y ocultó cantidades de dinero, supuestamente obtenidas de manera ilícita de las municipalidades.
Además, manifestaron que presuntamente el acusado mantuvo negocios con un aproximado de 15 municipalidades de la zona oriental, a quienes presuntamente ofrecía el 10% del total de las obras, como sobornos con el fin de que le adjudicaran los proyectos, sin pasar por el procedimiento que exige la LACAP, por lo anterior se le atribuye que lavó de esta forma $13.4 millones de dólares, de los cuales 11 milllones ingresaron a sus cuentas personales y el resto a cuentas de sus sociedades.
Los hechos atribuidos al exlegislador suplente supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
