Judicial
Tribunal admite demanda contra el Alcalde de San Salvador Nayib Bukele acusado de calumnia
El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla admitió la acusación particular en el orden penal y civil contra el alcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, acusado del delito de calumnia, previsto y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal, en perjuicio del ex secretario de comunicaciones de la Presidencia y diputado del PARLACEN, Eugenio Chicas Martínez.
Bukele acusó en octubre pasado a Chicas de haber violado a una menor. En una entrevista televisiva, el edil expresó que “el FMLN tiene en Casa Presidencial a un hombre que violó a su hija de crianza y luego se casó con ella para evitar la cárcel y nadie se ha pronunciado”, a pregunta del conductor de televisión, Bukele dijo que se trataba de Chicas.
Pese a que la parte acusadora había pedido la reserva total del caso, el juez consideró que “en el proceso penal aplica el principio general de publicidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, inciso 1º de la Constitución de la República, 13 y 369 del Código Procesal Penal y que en el presente caso no se han fundamentado de una forma convincente los supuestos que permiten al juzgador otorgar dicha medida de protección”. De igual manera, destaca que tanto la víctima como el acusado son figuras públicas, “por lo que procede la aplicación de los principios de máxima publicidad y acceso a la información en el presente caso”.
De conformidad al Artículo 440, inciso 1º del Código Procesal Penal, las partes procesales ya fueron notificadas y el acusado será intimado el próximo 4 de abril, a las 8:30 de la mañana en una de las salas de audiencias del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, en La Libertad. En dicha diligencia, se le entregará la copia de la acusación, así como la prueba documental y pericial, para que proceda a nombrar un defensor particular o de su confianza.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana de viernes que se encuentra realizando las gestiones correspondientes ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio para que el exministro de Defensa, David Munguía Payés sea despojado de bienes que ascienden a los 4.6 millones de dólares.
Esta mañana el Ministerio Público presentó la solicitud de extinción de dominio ante la instancia judicial con la respectiva documentación.
“La FGR presenta la solicitud de extinción de dominio, ante el Juzgado Especializado, sobre los bienes del exministro de Defensa David Munguía Payés valorados en US$4,638,164.91”, indicaron las autoridades.
Entre los bienes que la FGR pretende sustraer y trasladar a favor del Estado se encuentran inmuebles, productos financieros y vehículos automotores, los cuales fueron obtenidos “producto de actividades ilícitas” durante la gestión del exfuncionario entre los años 2009 y 2019.
Actualmente, la Fiscalía ha acusado a Munguía Payés de los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios, delitos cometidos en el marco de la tregua entre pandillas durante la administración de Mauricio Funes, quien también enfrenta cargos por delitos de corrupción.
Un hombre fue condenado a pasar 12 años tras las rejas por el Tribunal Cuarto de San Salvador, porque lo encontró culpable de abusar de una niña en varias ocasiones.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el sujeto responde al nombre de Julio César Zarpate Escobar, de 31 años.
Las investigaciones del Ministerio Público detallan que el hecho ocurrió en la urbanización Valle Verde, del municipio de Apopa al norte de San Salvador entre los años 2019 y 2020.
El testimonio de la menor establece que, Zarpate Escobar apartaba a la víctima y la llevaba al cuarto matrimonial para agredirla.
Judicial
Armando Pineda, expresidente de la CSJ, podría pagar 10 años de cárcel por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes
El grupo de abogados del empresario Enrique Rais, denunció penalmente al expresidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda, por los delitos de Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes; el acusado podría pagar una pena de diez años de prisión.
Los defensores de José Aquiles Enrique Rais López, demostraron con base a la resolución que emitió la ONU, que el exmagistrado Pineda Navas, aplicó justicia selectiva en contra de Enrique Rais, y los delitos emitidos por el expresidente de la CSJ, se encuentran la omisión de la ejecución de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), sentenció que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y que se vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
Los abogados exhortaron al ministerio público a que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre la privación arbitraria de José Aquiles Enrique Rais López y aplique las medidas pertinentes contra los responsables.
El Abogado defenso Carlos Mauricio Miranda Rubio, afirmó que: “se han vulnerado derechos fundamentales, principalmente su afectación al derecho a la libertad es arbitraria, estamos conscientes que el interés del señor Rais, además de alcanzar justicia en las demandas penales, se pretende que este caso se vuelva un precedente de justicia para visibilizar todas las demandas penales del sistema de justicia”, destacó el defensor.
La Corte Suprema de Justicia descartó dar cumplimiento a lo emitido por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais, ignorando investigaciones contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raúl Melara.
La destitución de Carlos Sánchez Escobar fue por los actos de violación a Derechos Humanos y uso Ilegal de su cargo, aplicando a su conveniencia selectivamente las leyes y la Constitución, se espera que se le formule un antejuicio para comprobar los delitos de los cuales también se le acusa.
Al exmagistrado Pineda Navas, se le imputan los delitos de actos arbitrarios y según el artículo 230 del Código Penal, establece que “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Según el artículo 321 del mismo código, el delito de incumplimiento de deberes establece que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
