Judicial
Tribunal admite demanda contra el Alcalde de San Salvador Nayib Bukele acusado de calumnia
El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla admitió la acusación particular en el orden penal y civil contra el alcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, acusado del delito de calumnia, previsto y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal, en perjuicio del ex secretario de comunicaciones de la Presidencia y diputado del PARLACEN, Eugenio Chicas Martínez.
Bukele acusó en octubre pasado a Chicas de haber violado a una menor. En una entrevista televisiva, el edil expresó que “el FMLN tiene en Casa Presidencial a un hombre que violó a su hija de crianza y luego se casó con ella para evitar la cárcel y nadie se ha pronunciado”, a pregunta del conductor de televisión, Bukele dijo que se trataba de Chicas.
Pese a que la parte acusadora había pedido la reserva total del caso, el juez consideró que “en el proceso penal aplica el principio general de publicidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, inciso 1º de la Constitución de la República, 13 y 369 del Código Procesal Penal y que en el presente caso no se han fundamentado de una forma convincente los supuestos que permiten al juzgador otorgar dicha medida de protección”. De igual manera, destaca que tanto la víctima como el acusado son figuras públicas, “por lo que procede la aplicación de los principios de máxima publicidad y acceso a la información en el presente caso”.
De conformidad al Artículo 440, inciso 1º del Código Procesal Penal, las partes procesales ya fueron notificadas y el acusado será intimado el próximo 4 de abril, a las 8:30 de la mañana en una de las salas de audiencias del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, en La Libertad. En dicha diligencia, se le entregará la copia de la acusación, así como la prueba documental y pericial, para que proceda a nombrar un defensor particular o de su confianza.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
