Judicial
Según la FGR, expresidente de Arena tuvo en su poder 23,306 armas de uso de la Fuerza Armada, valoradas en más de 3 millones de dólares
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, tuvo en su poder 23,306 armas de uso privativo de la Fuerza Armada valoradas en $3,277,097.28.
Esta es la razón por la que Davidson fue detenido, debido a que canjeó armas en buen estado por otros activos de forma ilegal con la complicidad de los ex ministros de Defensa del FMLN, David Munguía Payés y José Atilio Benítez.
La Fiscalía además, reportó en su investigación que CENTRUM, la empresa mediante la cual Davidson realizó la permuta ilegal, obtuvo: 4,593 ametralladoras FMK-3; 83 ametralladoras UZI; 700 MP5; 32 Steyer; más de 16,000 fusiles G-3; entre otros.
Aparte de estas armas, Davidson saqueó de la Fuerza Armada más de 2 millones de cartuchos y más de 9 mil repuestos de armas en buen estado.
Los fiscales acreditaron en el requerimiento fiscal que el Ministerio de Hacienda de ese entonces, que era dirigido por el ex ministro, Carlos Cáceres; autorizó la permuta por 14,930 armas valoradas más de $2 millones. Sin embargo, CENTRUM y los generales ahora detenidos fueron más allá y realizaron el canje por más de $3 millones.
Según la Fiscalía, la permuta ilegal partió de un informe denominado Informe de Reevaluación de Material de Guerra clase V y clase VII.
“Respecto de las armas nuevas y armas usadas no existió recomendación que las mismas fueran permutadas“, establece la Fiscalía en su investigación.
Los fiscales también señalan que las armas que recibió Davidson tenían sobreprecios, respecto a su verdadero valor en el mercado.
En la investigación fiscal consta que Munguía Payés y Atilio Benítez autorizaron prórrogas, modificaciones y otros actos ilegales, como por ejemplo, admitieron que una empresa se retirara de la permuta cuando esta ya había sido seleccionada para acompañar a CENTRUM y le mostraron las armas a esta empresa el mismo día que enviaron la invitación de la licitación a otras, lo cual demuestra la clara ventaja de Davidson en el proceso. Además, negociaron en el intermedio de la permuta la compra de otras armas nuevas y viajes a Israel.
Miembros de la Fuerza Armada entrevistados por la Fiscalía señalaron que si bien CENTRUM entregó Obuses y otras armas de grueso calibre en la permuta, nunca les dejaron utilizarlas para probarlas, ni adiestraron al personal, al punto que les prohibieron utilizar municiones que fueran compradas en CENTRUM debido a que el arma podía perder la garantía.
La Fiscalía no establece en su investigación el paradero de las armas, sin embargo, fuentes vinculadas al Caso Jaque, en el que se enjuició a los máximos líderes de la MS13, señalaron que existieron coincidencias entre los perfiles de las armas que saqueó Davidson y las que la pandilla negoció con el Cartel de Sinaloa en años anteriores.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
