Judicial
Según la FGR, expresidente de Arena tuvo en su poder 23,306 armas de uso de la Fuerza Armada, valoradas en más de 3 millones de dólares
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, tuvo en su poder 23,306 armas de uso privativo de la Fuerza Armada valoradas en $3,277,097.28.
Esta es la razón por la que Davidson fue detenido, debido a que canjeó armas en buen estado por otros activos de forma ilegal con la complicidad de los ex ministros de Defensa del FMLN, David Munguía Payés y José Atilio Benítez.
La Fiscalía además, reportó en su investigación que CENTRUM, la empresa mediante la cual Davidson realizó la permuta ilegal, obtuvo: 4,593 ametralladoras FMK-3; 83 ametralladoras UZI; 700 MP5; 32 Steyer; más de 16,000 fusiles G-3; entre otros.
Aparte de estas armas, Davidson saqueó de la Fuerza Armada más de 2 millones de cartuchos y más de 9 mil repuestos de armas en buen estado.
Los fiscales acreditaron en el requerimiento fiscal que el Ministerio de Hacienda de ese entonces, que era dirigido por el ex ministro, Carlos Cáceres; autorizó la permuta por 14,930 armas valoradas más de $2 millones. Sin embargo, CENTRUM y los generales ahora detenidos fueron más allá y realizaron el canje por más de $3 millones.
Según la Fiscalía, la permuta ilegal partió de un informe denominado Informe de Reevaluación de Material de Guerra clase V y clase VII.
“Respecto de las armas nuevas y armas usadas no existió recomendación que las mismas fueran permutadas“, establece la Fiscalía en su investigación.
Los fiscales también señalan que las armas que recibió Davidson tenían sobreprecios, respecto a su verdadero valor en el mercado.
En la investigación fiscal consta que Munguía Payés y Atilio Benítez autorizaron prórrogas, modificaciones y otros actos ilegales, como por ejemplo, admitieron que una empresa se retirara de la permuta cuando esta ya había sido seleccionada para acompañar a CENTRUM y le mostraron las armas a esta empresa el mismo día que enviaron la invitación de la licitación a otras, lo cual demuestra la clara ventaja de Davidson en el proceso. Además, negociaron en el intermedio de la permuta la compra de otras armas nuevas y viajes a Israel.
Miembros de la Fuerza Armada entrevistados por la Fiscalía señalaron que si bien CENTRUM entregó Obuses y otras armas de grueso calibre en la permuta, nunca les dejaron utilizarlas para probarlas, ni adiestraron al personal, al punto que les prohibieron utilizar municiones que fueran compradas en CENTRUM debido a que el arma podía perder la garantía.
La Fiscalía no establece en su investigación el paradero de las armas, sin embargo, fuentes vinculadas al Caso Jaque, en el que se enjuició a los máximos líderes de la MS13, señalaron que existieron coincidencias entre los perfiles de las armas que saqueó Davidson y las que la pandilla negoció con el Cartel de Sinaloa en años anteriores.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
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#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
