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Judicial

Reprograman juicio a familia Flores Batres por lavado de $12.5 millones

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador reprogramó por segunda ocasión la audiencia de vista pública contra ocho integrantes de la familia Flores Batres acusados de lavado de dinero por un monto que supera los $12.5 millones.

Dicha audiencia estaba programada para que se desarrollada la mañana de este lunes 13 de noviembre en la sala 4-A del centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, pero fue suspendida debido a que el abogado defensor no se presentó por estar atendiendo diligencias en los juzgados de San Miguel, según informaron fuentes oficiales.

Los integrantes de esta familia, originarios de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de no justificar la procedencia de $12,583,000, los cuales entre ellos se habían estado transfiriendo por medio de diversas transferencias y montos para desviar la atención de las autoridades.

Las investigaciones fiscales surgieron cuando la institución obtuvo información de que los salvadoreños Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez efectuaron una transacción por $196,500, hacia Lima, Perú, nación a la cual, según lo señalado, también trasladaron elevados montos en efectivo.

De igual manera, al resto de integrantes les fue detectado productos financieros y movimientos bancarios significativos a diferentes entidades financieras.

Las investigaciones en el sistema bancario comprende el período del año 2004 al 2015; se estableció que los movimientos de fondos en el sistema financiero están concentrados entre el 2008 al 2014.

Los sospechosos han sido identificados por las autoridades como: Jaime Adalberto Flores Batres, Rosa Delmy Amaya Márquez, María Verónica Rodríguez Rivera, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmín Flores, Rosa Batres Viuda de Flores y María Brígida Márquez.

Los procesados fueron absueltos en septiembre de 2022 por el Tribunal Tercero de Sentencia; no obstante, esta decisión quedó sin efecto luego que la Cámara Tercera de lo Penal ordenara nuevo juicio.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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