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Reprograman audiencia caso Carla Ayala, tribunal no notificó a la defensa dictamen de acusación

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l Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador reprogramó para el 27 de noviembre la audiencia preliminar contra el prófugo Juan José Castillo, alias “Samurái”, acusado del feminicidio de la agente policial, Carla Ayala.

La diligencia fue aplazada debido a que el tribunal no notificó a la defensa sobre el dictamen de acusación presentado por el ministerio público.

“Fuimos convocados este día a las 8:00 a.m. para la instalación de la audiencia, pero el día de ayer un abogado manifestó que a él no se le había notificado que Fiscalía había presentado el dictamen de acusación y la Ley le da el derecho que tiene 5 días para contestarla y hacer el ofrecimiento de prueba y se verificó que efectivamente el tribunal omitió haberle notificado que la representación fiscal lo presentó”, explicó el fiscal Arturo Cruz.

“Para evitar algún tipo de vulneración de derecho de defensa materia y técnica de los imputados se suspende esta audiencia para las 8:30 a.m. del próximo 27 de noviembre”, añadió.

Cruz dijo que como representación fiscal se sienten inconformes por los atrasos e inconvenientes que se están dando en este caso.

“Es una situación que le causa extrañeza a esta representación fiscal, transcurren 9 meses sin que nos hayan señalado audiencia preliminar, y cuando una vez nos señalan surgen este tipo de inconvenientes”, acotó.

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Además señaló que existe prueba suficiente para que el proceso pase a la siguiente etapa.

“Existen diferentes testimonios que agentes policiales, de la unidad de control, disciplinarias que observaron displicencia del jefe del GRP y como otros miembros del mismo grupo que no quisieron dar con la captura del agente”, expuso.

En este caso también son procesados José Atilio Jiménez Quintanilla y Joel Isaac Castillo Arévalo, por el delito de encubrimiento, así como Ovidio Antonio Pacheco Morales, Wilfredo Deras Hernández, Juan Antonio Linares y José Antonio Pérez Pineda por Incumplimiento de Deberes.

Los imputados pertenecen al extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y de acuerdo al ministerio público, todos están vinculados directa o indirectamente en el feminicidio de Ayala.

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Autoridades piden seis años de cárcel para diputado desaforado Erick García

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En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.

Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.

García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.

Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.

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Exdiputado del FMLN y familia enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.

El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.

En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.

A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.

En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.

A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

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Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.

«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.

Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.

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FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS

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La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.

En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.

Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.

Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.

Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.

Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.

Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.

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Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.

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