Judicial
Quiso comprar terreno con documentos firmados por un notario que tenía 12 años de haber muerto
Óscar Armando C., de 58 años, es señalado de intentar comprar un terreno con documentos firmados por un notario que tiene más de 12 años de muerto; el hecho ocurrió en el departamento de Santa Ana.
Por este caso, la Fiscalía acusado al sujeto del delito de falsedad material en perjuicio de la fe pública.
Según las investigaciones, el sospechoso se presentó al Centro Nacional de Registros (CNR) de Santa Ana para entregar un documento de compra venta de un terreno ubicado en el barrio El Centro, jurisdicción de San Antonio Pajonal, Santa Ana.
El documento era por la compra del 25% del terreno, el mismo fue otorgado el 19 de septiembre de 2018 por un abogado y notario de nombre Óscar René Reyes.
Cuando el jefe del CNR revisó los papeles sospechó de su autenticidad, pues tenía la idea que el notario que los firmó había fallecido hace algunos años.
Ante las dudas, el CNR pidió a la sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el último libro notarial que se le autorizó a Óscar René Reyes, así como la fecha en la que murió.
La Corte informó que el último libro notarial fue devuelto en enero de 2007, pues el profesional había muerto en diciembre de 2006.
Una verificada la información, el CNR interpuso la denuncia ante la Fiscalía en contra de Óscar Armando C.
Después de las pesquisas iniciales, los fiscales interpusieron la acusación por falsedad material contra del sospechoso por el delito de falsedad material en el Juzgado Cuatro de Paz de Santa Ana.
El juez consideró que las evidencias presentadas por el Ministerio Público eran suficientes para sostener la acusación, por lo que ordenó se continúe el proceso judicial contra el señalado.
Fuentes judiciales informaron que Óscar Armando C. está siendo procesado en libertad por decisión del referido juzgado.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
