Judicial
Por una pelota de fútbol, pelea entre vecinas termina en los juzgados
El pleito que hubo entre vecinas pasó de los insultos a los golpes y finalmente terminó en los juzgados de Santa Ana donde al ser encaradas ante el juez no les quedó de otra que conciliar.
Cabe mencionar que todo ocurrió por una pelota de fútbol con la que jugaba el hijo de una de las mujeres en el pasaje donde residen.
Los hecho ocurrieron la noche del 14 de agosto del presenta año, en una colonia de Santa Ana, donde el hijo de una tercera mujer jugaba fútbol en el pasaje donde reside. Fue en ese momento cuando Rosario, de 68 años, salió de su casa a quitarle el balón.
Eso generó que la madre del niño –una mujer de 28 años de nombre Claudia– fuera a reclamarla; sin embargo, consta en la información judicial que la señora no la quiso entregar y fue entonces cuando las mujeres pasaron a los insultos y a la advertencia de ésta última que “si no se iba la sacaría a golpes”.
Según la información proporcionada por la PNC: “Agarró un palo de su jardín y golpeó a la víctima. Luego, ésta se defendió y en ese momento Rocío –una joven de 19 años que estaba a favor de la señora de 68 años– intervino golpeando con un palo a la víctima”, detallaron fuentes judiciale”.
Debido a las lesiones que le provocaron a la víctima, las dos mujeres fueron acusadas en los juzgados del delito de lesiones.
Ya ante el juez del caso –durante la audiencia inicial– las tres mujeres decidieron conciliar y arreglar las diferencias por la vía pacífica no sin antes cumplir con las siguientes medidas: que tanto la joven como la anciana respeten a la víctima, que no se le acerquen, no le dirijan la palabra y que si la encuentran en la calle eviten hablarle.
De no cumplir con lo antes señalado, el juzgado advirtió que “Para el cumplimiento de los acuerdos se fijó un plazo de tres meses; se les hizo saber a las imputadas que en caso de incumplimiento sin justa causa a lo acordado en la audiencia del acuerdo conciliatorio al que llegaron, el procedimiento continuará como si no se hubiera conciliado de conformidad a lo establecido en el Artículo 39, inciso 4, del Código Procesal Penal”.
Con información de El Salvador Times
NOTA: https://bit.ly/2HgrnFg
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
