Judicial
Pidió a su novia la cantidad de $200 para no publicar fotos comprometedoras de ella en las redes
El Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra un hombre el cual podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel, acusado de extorsionar a su novia, amenazándola con mostrar sus fotos íntimas.
Los hechos señalados ocurrieron el 30 de noviembre de 2019.
La víctima, de nombre clave “4590” expuso que su novio, identificado únicamente como “J. González” publicó fotos íntimas de ella en una red social, por lo que le reclamó que ya no lo siguiera haciendo.
El sujeto le dijo que si quería que no publicara más fotos íntimas de ella le tenía que darle $200 y le dio como fecha límite ese mismo día hasta las cinco de la tarde, por lo que “4590” denunció a su pareja ante la Policía.
Los agentes de la Policía Nacional Civil montaron un dispositivo de entrega controlada en la colonia San Rafael de la capital y marcaron el dinero previo antes de la transferencia.
La víctima dio el dinero a González, que a los pocos minutos fue interceptado por una patrulla, capturado con los billetes marcados y llevado hasta unas bartolinas policiales de San Salvador.
Cuando González fue entregado a la Fiscalía, se le acusó de extorsión agravada en perjuicio de su pareja.
El Juzgado 5° de Instrucción resolvió la apertura a juicio y le dio medidas alternativas a la detención que consistían en la colocación de un brazalete electrónico y la prohibición de acercarse a la víctima.
La ley especial contra el delito de extorsión establece una pena de 10 a 15 años como sanción, pero en caso esta sea agravada la cárcel se aumenta hasta los 20 años.
Nota: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
