Un grupo de pandilleros le quitó a una familia sus pertenencias para exigirles el pago de una extorsión de $4,000 a cambio de no atentar contra su vida en una colonia popular de San Salvador.

Antonia y Mario (nombres modificados por seguridad) vivían en una zona acechada por pandillas y a pesar de esto habían logrado hacerse de electrodomésticos que les facilitaban la vida.

Los problemas para la pareja comenzaron el 9 de octubre del 2018, al filo de las 4:30 p.m., la mujer fue amenazada por tres sujetos que aprovecharon que su pareja se encontraba trabajando para amenazarla.

Desde la entrada de la puerta, los delincuentes exigieron hablar con Mario pero al no encontrarlo en casa le ordenaron a Antonia que le hablara para poder exigirle $4,000 a cambio de perdonarle la vida a él y su familia.

Vía telefónica, Mario les explicó que no tenía el dinero solicitado, esto seguido de una súplica para que no cumplieran con su amenaza. Los delincuentes colgaron y decidieron llevarse todos los artículos de valor que encontraron en la casa.

Los delincuentes se llevaron desde una laptop hasta un horno microonda y le señalaron a Antonia que esto serviría como garantía del pago que les debían de hacer.

La denuncia pese a las amenazas

Pese a las amenazas, el matrimonio se armó de valor e interpusieron la denuncia con la que en horas de la noche de ese mismo día se detuvo a Luis V., de 22 años, alias “Sky-king”, quien se desempeñaba como cobrador de una ruta de microbuses; José P., empleado de un  car wash y Martín S., alias “Doopy”.

Según el expediente judicial, luego de las amenazas os tres señalados se llevaron de la vivienda una computadora portátil, un equipo de sonido “de última generación”, un horno microonda, un reproductor de DVD y $500 en efectivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó el caso hasta el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el cual instaló el juicio en contra de los imputados el pasado 8 de enero.

La defensa argumentó que sus clientes eran inocentes ya que dos de ellos estaban en sus jornadas laborales y que el otro estaba incapacitado con una bota de yeso que le imposibilitaba moverse.

Luego de varias horas dentro de la sala de audiencias, la Fiscalía solicitó el aplazamiento de la audiencia ya que la víctima no había sido localizada, el juez del tribunal aceptó la petición y quedó pendiente de conocerse la fecha de la reprogramación.