Judicial
Envían a juicio a exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda Portillo y Rodil Hernández, por actos arbitrarios
Los exdirectores son procesados por haber cometido los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y de dos víctimas, además de la población reclusa de los diversos centros penitenciarios.
Envían a juicio a exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda Portillo y Rodil Hernández, por actos arbitrarios
Luego de desarrollar la audiencia preliminar, el Juzgado 4° de Instrucción decidió enviar a juicio a los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta supuestamente cometidos en el periodo que ambos fungieron como funcionarios de esa institución.
Rauda fungió como director desde el ocho de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013; mientras que Hernández, desde junio del año 2013 hasta junio del año 2017.
Ante esto, ambos pasaran a manos de uno de los Tribunales de Sentencia de San Salvador, en donde se determinará la culpabilidad o no de lo que se les imputa.
Los exdirectores son procesados por haber cometido los delitos en perjuicio de la administración pública y de dos víctimas, quienes se encuentran bajo régimen de protección con clave “Kiler” y “Ruso”, además de la población reclusa de los diversos centros penitenciarios.
Ambos exfuncionarios continuarán siendo procesados bajo las medidas sustitutivas con las que cuentan, es decir bajo libertad condicional.
Con respecto al delito de actos arbitrarios, la Fiscalía acusa a Rauda y a Hernández de rebasar sus facultades valiéndose de su cargo y autoridad, cada uno en sus respectivas gestiones, para dar órdenes al coordinador de la tienda institucional de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para distribuir fondos proveniente de las tiendas penitenciarias para fines totalmente distintos a los que establece el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria, que busca mejorar el sistema penitenciario del país.
El ministerio público les atribuyen que utilizaron en concepto del rubro de inteligencia $200,193 entre los años 2012 y 2014 para pagos que no estaban comprendidos en la ley penitenciaria, que establece que los fondos provenientes de las 21 tiendas institucionales van a ser destinados al beneficio de la población reclusa no para personas particulares.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
