Judicial
Pandillero es condenado a 100 años de cárcel por el asesinato de diez personas
José Arturo González Martínez, alias “Gasper”, miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue condenado a 100 años de prisión por haber participado en los asesinatos de diez personas, nueve de las cuales, fallecieron en el mes de octubre y una en junio del año 2011.
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron que Martínez participó en un cuádruple homicidio cometido en horas de la madrugada del 11 de octubre de 2011, en la terminal de buses de la ciudad de San Vicente. En ese ataque dos personas sobrevivieron.
Cinco días antes del cuádruple crimen, González Martínez, según indicaron miembros de la FGR, participó también, el 6 de octubre de ese mismo año, en el triple homicidio de una familia, en la colonia Santa Lucía, del municipio de Santa Clara, en San Vicente, a las 8:40 de la noche.
Sin embargo, estos no son todos los crímenes en los que estuvo vinculado. La lista de víctimas del terrorista “Gasper” aumentó, cuando dos días después del ataque en la terminal de San Vicente, el 13 de octubre, fue coautor del doble homicidio de una pareja que se dedicaba a la recolección de chatarra.
Asimismo, de acuerdo con la Fiscalía, el “Gasper” paticipó el asesinato de un hombre que fue vapuleado y lesionado con armas blancas, el 25 de junio de 2011, en un terreno del barrio San José, del municipio de Santo Domingo.
Debido a la peligrosidad del MS, un tiempo figuró en la lista de los “100 Más Buscados”. Además, el sujeto fue deportado de los Estados Unidos de América (EUA), país donde se refugió por todos los delitos que se le imputaba.
Sin embargo, fue capturado y procesado por sus delitos por lo que fue condenado a 100 años de cárcel.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
