Judicial
Pandillero adolescente es condenado a 17 años de prisión
El juez de menores del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, condenó a 17 años de prisión a Fabio Alexander Alfaro Arévalo, miembro de la Mara Salvatrucha.
El adolescente de 17 años de edad, fue encontrado culpable de agrupaciones ilícitas, delito por el cual recibió 12 años, mientras que por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, el juzgado le impuso cinco.
En la audiencia, la Fiscalía General de la República mencionó que el menor es un miembro activo de la clica Guanacos Criminales de la Mara Salvatrucha y que delinquía en el municipio de Talnique, departamento de La Libertad.
Cuando fue detenido el 24 de julio de 2023, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo registraron junto a otros sospechosos le encontraron una pistola 9 milímetros en buen funcionamiento, según la experticia que hizo la División Técnica y Científica de la Policía.
También le hallaron un teléfono celular al que le hicieron un vaciado de información donde las autoridades verificaron que pertenece a la organización terrorista.
Según el informe, Alfaro Arévalo, no era un simple miembro de la MS ya que había comenzado a escalar dentro de la agrupación delictiva.
En el fallo emitido, el juez de garantías para el menor dijo que impuso la condena al adolescente porque el ministerio público acreditó con la extracción de información que pertenece a la Mara Salvatrucha.
El teléfono celular del menor tenía abundante información, como videos, mensajes sobre conversaciones y fotografías de su accionar delictivo, además del lenguaje y la jerga de pandillero.
Según las nuevas leyes contra menores delincuentes, los que tienen 16 años en adelante pueden recibir hasta 20 años de cárcel.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
