Judicial
Motorista y cobrador de la ruta 140 entregan a un soldado junto con su hermano a pandilleros
El día más feliz para un soldado y su hermano se convirtió en el último de sus vidas luego de que el motorista y cobrador de la ruta 140 los encerraran en un microbús para entregárselos a 15 pandilleros que posteriormente los asesinaron en la colonia Nuevos Horizontes, del municipio de Ilopango, en San Salvador.
Francisco y Jorge Sánchez Abarca, son dos hermanos que vivían en el municipio de Tonacatepeque. El primero era estudiante mientras que el otro había decidido entrar a la Fuerza Armada y formar una familia a la que llegó su primer hija.
Según la relación de los hechos, el 3 de junio de 2016, los hermanos en el Hospital de Maternidad, ya que la esposa de Jorge acabada de dar a luz a una niña.
Pasada la hora de visita, ambos hombres procedieron a regresar a su casa en una de las rutas que los llevaría hacía el desvío de Tonacatepeque.
Fue un microbús de la ruta 140 el que las víctimas tomaron sin percatarse que desde su ingreso el motorista los comenzó a vigilar.
El reloj marcaba la 1:30 de la tarde, cuando el militar se comunicó por última vez con su madre: “Es una niña y voy contento porque me dejaron verla. Nosotros ya vamos en el microbús y no se preocupe que ya vamos a llegar a la casa”, fueron las últimas palabras que la mujer escuchó de su hijo.
Minutos más tarde, uno de los hermanos le indicó al cobrador que les avisara cuando estuviran por llegar al desvío, él asentó la cabeza en aprobación con un semblante serio pero nunca lo hizo.
«Aquí les llevo dos regalos»
Los jóvenes se percataron que el entorno iba cambiando y que la zona no les era familiar por lo que intentaron bajarse en el desvío que conduce hacia Apulo; ellos pretendían regresar antes de que el microbús se introdujera a la calle de la colonia Nuevos Horizontes.
Se pusieron de pie y se aproximaron a la puerta e inmediatamente le pidieron al conductor que se detuviera pero este no hizo caso; le volvieron a exigir una y otra vez pero este cerró ambas puertas y aceleró el vehículo.
Los pasajeros a bordo de la unidad escucharon cuando el cobrador con una risa macabra realizó una llamada y dijo: “¡Ey! Aquí llevo dos regalos que no son de la zona y se han equivocado de ruta. Cáigamele con todo”.
“¡Abrí la puerta!”, exigió uno de los hermanos con un tono angustiado al mismo tiempo que golpeaba la lata del vehículo.
El miedo y la incertidumbre le ganaron a la esperanza de salir con vida del lugar. Jorge y Francisco se volteaban a ver sin tener la respuesta de qué hacer.
Una vez a dentro de la colonia, pandilleros de la MS los estaban esperando. El motorista paró y abrió la puerta para quense subieran ocho sujetos quienes rodearon a las víctimas para no dejarlos escapar; metros adelante se subieron siete haciendo un total de 15.
Al lado de la unidad de transporte a par del micro se puso una motocicleta donde iban los palabreros de la clica: Henry, alias “Demo” y el Edwin, “el akiler”.
Los pasajeros llamaron al 911 para alertar de la situación pero la ayuda policial nunca llegó a los hombres que entre lágrimas trataban de buscar piedad en los terroristas.
«Venimos del hospital donde mi mujer ha dado a luz y mi hermano solo me anda acompañando”, fue una de las suplicas realizadas.
El viaje de Francisco y Jorge llegó hasta a un terreno baldío, Ahí los golpearon y los torturaron hasta provocarles la muerte, sus cuerpos fueron lanzados a unos matorrales y fue hasta el día siguiente que las autoridades dieron con ellos.
De los 15 sujetos responsables de la muerte de los dos hermanos, el ministerio publicó logró adjudicarle el delito a Edwin Alexander Valle Mejía, aslias “Akiler”, de 28 años, quien ahora es acusado de homicidio agravado.
El tribunal Primero de sentencia de San Salvador espera desarrollar el juicio donde responderá por las acusaciones en su contra.
Por: El Salvador Times:
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
