Judicial
Ministro de la Defensa, Munguía Payés, declaró sobre el caso Tregua que continúa hoy en el Tribunal Antimafia
El ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, se refirió este lunes a la tregua entre pandillas a la que llamó “proceso de pacificación”, y aceptó que esta “fue una política púbica que nació en el gabinete de seguridad” del expresidente Mauricio Funes.
“El proceso de pacificación era una política pública, de gobierno, y mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de estos y miembros de la OEA, y mantener informado al presidente de los avances del proceso”, dijo el general, quien ayer fue citado en calidad de testigo por el Tribunal Antimafia para declarar en el caso Tregua.
En 2013, cuando se dio la tregua entre las principales pandillas del país, Munguía Payés se desempeñaba como ministro de Seguridad, por lo que era uno de los principales promotores de dicha política pública que mediáticamente se ha calificado como un fracaso por la cantidad de muertos que dejó luego de interrumpirse.
El militar defendió el proceso y dijo que el principal fin que tenía era el de disminuir los homicidios y otros delitos y que “hay gente que puede no estar de acuerdo con la manera en que se llevó a cabo, pero el Estado tiene que trabajar y hacer sus esfuerzos por combatir el crimen, y es lo que estamos haciendo”, dijo, a la vez agregó que “si por hacer el trabajo nos quieren imputar que lo hagan, pero no lo van a poder probar porque no hay caso”, afirmó.
Según Munguía Payés, es falso que la tregua haya aumentado la cifra de desaparecidos. “Ahí están los datos”, manifestó y argumentó que la cantidad de desaparecidos es mayor en la actualidad que cuando se implementó la tregua.
También reveló que parte del dinero de las tiendas de los centros penales se han ocupado por muchos años para hacer trabajo de inteligencia y contrainteligencia, y que en ese periodo se utilizó para pagar informantes. “La mayor parte de información que tenía el gabinete de seguridad era aportada a través de Centros Penales. Se tienen fuentes, se decomisas mensajes. Solo se puede lograr información por la inteligencia de los Centros Penales”, justificó.
El dinero de las tiendas fue utilizado para llevar a cabo las labores de inteligencia ante la falta de recursos públicos, añadió. Además, dijo que “nunca se dio un solo centavo a las pandillas. El dinero que aportó Centros Penales estaba destinado a operaciones de inteligencia, a pagar informantes y dar beneficios a algunos privados de libertad, así es como funcionaba”, argumentó.
El caso tregua continuará el martes con la etapa de alegatos.
Judicial
Exempleado de banco enfrenta cargos por hurto informático: sustrajo más de $1,000 de cuenta de clienta en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Bryan Ariel Méndez Flores, de 26 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos en perjuicio de una clienta identificada como Gladis P., y de forma subsidiaria contra la institución bancaria donde laboraba.
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se valió de su posición como asesor comercial del banco para obtener datos de la víctima y realizar transacciones no autorizadas, logrando sustraer más de $1,000 en total.
Cómo ocurrieron los hechos
La investigación inició el 27 de mayo de 2024, cuando la Gerencia de Seguridad de la entidad financiera reportó irregularidades en la cuenta de la clienta: cambio de contraseña de banca en línea, registro de nuevos dispositivos y activación de clave dinámica, gestiones que la afectada negó haber solicitado o autorizado.
Las pesquisas internas revelaron que el número telefónico vinculado a los dispositivos pertenecía a Méndez Flores, quien había atendido personalmente a la clienta en al menos cuatro ocasiones.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, el 22 de abril de 2024, la víctima entregó su tarjeta de débito al imputado para una gestión. En las imágenes se observa cómo este anotó datos de la tarjeta en un papel antes de devolvérsela.
Minutos después se registró un nuevo dispositivo para acceder a la banca en línea. Desde ese dispositivo se realizó una transferencia electrónica por $417.
Posteriormente, el 13 de mayo se registró otro dispositivo y se efectuaron dos retiros sin tarjeta de $250 cada uno en un cajero automático. La persona que realizó las operaciones utilizaba casco de motocicleta y mascarilla para evitar su identificación. Un tercer retiro por $200 se registró el 25 de mayo.
Al ser consultada, la clienta manifestó desconocer todas estas transacciones, por lo que el banco procedió a bloquear de forma definitiva la tarjeta, el usuario de banca en línea y los dispositivos vinculados.
Medidas judiciales
Tras las pruebas presentadas, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Méndez Flores mientras se desarrolla la etapa de instrucción.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
