Judicial
Ministro de la Defensa, Munguía Payés, declaró sobre el caso Tregua que continúa hoy en el Tribunal Antimafia
El ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, se refirió este lunes a la tregua entre pandillas a la que llamó “proceso de pacificación”, y aceptó que esta “fue una política púbica que nació en el gabinete de seguridad” del expresidente Mauricio Funes.
“El proceso de pacificación era una política pública, de gobierno, y mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de estos y miembros de la OEA, y mantener informado al presidente de los avances del proceso”, dijo el general, quien ayer fue citado en calidad de testigo por el Tribunal Antimafia para declarar en el caso Tregua.
En 2013, cuando se dio la tregua entre las principales pandillas del país, Munguía Payés se desempeñaba como ministro de Seguridad, por lo que era uno de los principales promotores de dicha política pública que mediáticamente se ha calificado como un fracaso por la cantidad de muertos que dejó luego de interrumpirse.
El militar defendió el proceso y dijo que el principal fin que tenía era el de disminuir los homicidios y otros delitos y que “hay gente que puede no estar de acuerdo con la manera en que se llevó a cabo, pero el Estado tiene que trabajar y hacer sus esfuerzos por combatir el crimen, y es lo que estamos haciendo”, dijo, a la vez agregó que “si por hacer el trabajo nos quieren imputar que lo hagan, pero no lo van a poder probar porque no hay caso”, afirmó.
Según Munguía Payés, es falso que la tregua haya aumentado la cifra de desaparecidos. “Ahí están los datos”, manifestó y argumentó que la cantidad de desaparecidos es mayor en la actualidad que cuando se implementó la tregua.
También reveló que parte del dinero de las tiendas de los centros penales se han ocupado por muchos años para hacer trabajo de inteligencia y contrainteligencia, y que en ese periodo se utilizó para pagar informantes. “La mayor parte de información que tenía el gabinete de seguridad era aportada a través de Centros Penales. Se tienen fuentes, se decomisas mensajes. Solo se puede lograr información por la inteligencia de los Centros Penales”, justificó.
El dinero de las tiendas fue utilizado para llevar a cabo las labores de inteligencia ante la falta de recursos públicos, añadió. Además, dijo que “nunca se dio un solo centavo a las pandillas. El dinero que aportó Centros Penales estaba destinado a operaciones de inteligencia, a pagar informantes y dar beneficios a algunos privados de libertad, así es como funcionaba”, argumentó.
El caso tregua continuará el martes con la etapa de alegatos.
A 12 años de prisión fueron condenados Tomás Quintanilla Brizuela y Domingo Najarro Domínguez por intentar asesinar a un menor de edad.
La pena se las impuso el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, tras revisar la prueba presentada por la Fiscalía General de la República durante en la vista pública.
El hecho ocurrió la noche del 29 de noviembre de 2023, en el cantón Santa Isabel, distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima, con régimen de protección, recibió una golpiza después de asistir a una fiesta bailable.
Los agresores en estado de ebriedad, se fueron con la víctima hacia una tienda del sector donde la atacaron, el día siguiente, al llegar a su vivienda, el adolescente fue llevado a un hospital para que fuera atendido por la gravedad de las lesiones, sobre todo en el abdomen.
El juicio contra nueve integrantes de la clica y programa Hollywood de la MS, procesados por el delito de feminicidio agravado, inició este sábado, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, el 12 de octubre de 2021 los imputados citaron a la víctima a un inmueble ubicado en el cantón Las Pilas, en San Ignacio, Chalatenango. En ese lugar, presuntamente la acusaron de ser informante de las autoridades.
Según el fiscal del caso, la mujer fue agredida verbal y sexualmente y posteriormente estrangulada. La investigación también establece que los imputados arrojaron el cadáver a un pozo de la localidad, donde fue encontrado por las autoridades tres días después.
La Fiscalía indicó que cuenta con prueba documental, pericial y testimonial para sustentar la acusación, incluyendo declaraciones de varios testigos. Uno de ellos habría identificado la participación de los procesados en los hechos.
De los nueve imputados, siete se encuentran presentes en la vista pública: Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez, Yonathan Armando Ardón Rivera, Víctor Manuel Rivera Vásquez y José Ignacio López Vásquez.
La institución señaló que estos dos últimos también enfrentan cargos por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. Asimismo, Óscar Arnoldo Huezo Mena, alias “Chiva”, y Giovanny de Jesús Vásquez Chavarría, alias “Curra”, fueron declarados rebeldes en el proceso y son procesados por los mismos delitos adicionales.
La representación fiscal informó que solicitará las penas máximas de prisión para los nueve acusados. La vista pública continuará el lunes con la declaración de otros testigos.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
