Judicial
Mecánico es condenado a cinco años de cárcel por tener un vehículo robado en su taller
El Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de cárcel a William Ernesto Vásquez por el delito de receptación de vehículos automotores o sus piezas provenientes de hurto.
En la vista pública se presentaron las pruebas, que comprobaron el cometimiento de la receptación, es decir la posesión de un vehículo producto de un hurto, cometido el 1 de mayo de 2017, en la colonia los Naranjos, municipio de Apopa.
Los hechos fueron corroborados por el testimonio de dos agentes policiales, quienes realizaron inspección en los talleres del municipio de San Martin, el 4 de mayo del mismo año.
Cuando entraron a un taller de la zona encontraron un automóvil sin placas y al pedir los documentos al propietario del taller, éste dijo que no los tenía. El vehículo estaba siendo lijado para pintarlo.
Posteriormente los agentes consultaron el carro por el sistema policial y descubrieron que existía una denuncia por hurto, por lo que procedieron a detenerlo. Además el taller no estaba legalizado.
De estas circunstancias el juez concluyó que el imputado tenía el conocimiento de la procedencia ilícita del vehículo, por el intervalo de tiempo tan corto entre el primer delito y por no tener las placas y documentos. Además que al querer pintarlo, consideró que quería modificar las características descriptivas del mismo. El imputado gozaba de medidas sustitutivas las cuales fueron revocadas con la condena.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
