Judicial
Mauricio Funes es condenado a 14 años de cárcel y Munguía Payés a 18, por la Tregua con pandillas
El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado este lunes a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión, ambor pos haber facilitado y negociado con las pandillas durante la Tregua de 2012 y 2013.
Según informó la Fiscalía, Funes, quien huyó a Nicaragua, recibió 8 años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes.
En tanto el general retirado, Munguía Payés es culpable por los delitos de: Agrupaciones ilícitas, 8 años, incumplimiento de deberes, 6 años y recibió otros 4 años de prisión por actos arbitrarios.
De acuerdo con la Fiscalía, Munguía Payés, en su calidad de ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre 2011-2013, fue quien propuso al expresidente Funes realizar una tregua con las pandillas.
Además, el militar retirado jugó un papel clave como el hombre que estaba detrás de las negociaciones y quien facilitaba los accesos de mediadores a las cárceles. Durante las negociaciones se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, entre otros.
Tanto el expresidente Funes como Munguía Payés utilizaron recursos del Estado a favor de los grupos terroristas.
PACTOS CON EL FMLN HICIERON CRECER A LAS PANDILLAS
De acuerdo con la Fiscalía, el pacto con las pandillas permitió que las estructuras terroristas se fortalecieran económica y territorialmente a cambio de reducir el índice de homicidios en los años 2011 y 2013, además de favorecer al gobierno de turno en las elecciones.
Durante el gobierno de Funes, a las pandillas les facilitaron diversos municipios, lo que fueron llamados «municipios santuarios», en los que la Policía no podía ingresar y la población civil estaba a expensas de la criminalidad de los grupos terroristas.
La representación fiscal presentó suficientes pruebas periciales, documentales y testimoniales para demostrar que Funes pactó la reducción de los homicidios con los dos principales grupos de pandillas y por ello recibió 8 años por agrupaciones ilícitas, y seis por incumplimiento de deberes.
Como parte de los beneficios recibidos por los grupos terroristas están el traslado de líderes de la pandilla del Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad.
La flexibilidad en el protocolo de las visitas íntimas en los centros penitenciarios, permitirles la introducción de electrodomésticos, celulares, comida rápida a las cárceles y la facilitación de reuniones entre pandilleros en libertad con sus líderes recluidos en centros penales.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
