Judicial
Lorena Peña habría amenazado a auditores de la CCR para parar investigación en caso Sigfrido Reyes
Uno de los fiscales asignados al proceso contra Othon Sigfrido Reyes Morales, su esposa Susy Rodríguez y doce personas más acusados de lavado de dinero, peculado y por estafa agravada, confirmó que la expresidenta de la Asamblea Legislativa del partido FMLN, Lorena Peña, amenazó a auditores de Corte de Cuentas de la República (CCR) para que no siguieran investigación en contra Reyes Morales.
En la audiencia inicial, el funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que la exparlamentaria mandó un mensaje de amenaza a los auditores de Corte de Cuentas que realizaron los hallazgos sobre los viajes de Sigfrido Reyes.
Según el fiscal, Lorena Peña utilizó al expresidente de Corte de Cuentas de la República, Gregorio Sánchez Trejo, para llevar un mensaje a los auditores de CCR y en el cual les decía: «Si siguen con esa línea, van a conocer el poder político».
El anuncio fue realizado en horas de la noche de este lunes antes de concluir el primer día de la audiencia inicial contra diez reos presentes y cuatro ausentes.
Los fiscales asignados al caso piden que el proceso pase a la siguiente etapa del proceso y que todos guarden prisión por existir peligro de fuga.
Los capturados son: Susi Melba Guadalupe Rodríguez, esposa de Sigfrido Reyes; Sonia Inés Morales Rivas de Larrazabal, Kevin Mauricio Larrazabal Morales y Manuel Antonio Berncian Castro, Rene Antonio Diaz Argueta, gerente general del IPSFA; Delmy Beatriz Vela Jiménez, jefe del departamento de inmuebles del IPSFA y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, coordinadora ventas del departamento de inmuebles del IPSFA.
También figura Noemi Candelaria Rodríguez de Carillo, subdirectora de auditoría 1 de Corte de Cuentas de la República (CCR); Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández, auditores de CCR.
Los prófugos de la justicia son: Othon Sigfrido Reyes Morales, Earl René Reyes Morales, Byron Enrique Larrazabal Arévalo y Karla Beatriz Recinos Ramírez.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.
Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.
Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.
Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.
Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.
Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.
Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.
