Judicial
Llevan a juzgados a militares de alto rango, un policía y un exfiscal acusados de privación de libertad y tortura
Tres militares de alto rango, cuatro abogados y exfiscal serán acusados por los delitos de privación de libertad y tortura en el Juzgado Especializado de Instrucción «B», en San Salvador. Los procesados están involucrados con otros 8 militares que fueron acusados por el mismo delito después de secuestrar a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, el año pasado en el municipio de Apaneca, en Ahuachapán.
Ayer la Fiscalía General de la República (FGR), a través de un comunicado, informó sobre la orden captura que gira en torno a los militares de alto rango. La disposición de la Fiscalía alcanzó a funcionarios judiciales, un policía y un médico.
Los implicados son acusados por al menos seis delitos y serán llevados mañana al Juzgado Especializado de Instrucción «B», en San Salvador, donde se celebrará la audiencia de imposición de medidas.
Los militares capturados son: el Coronel Héctor Solano, agregado militar en la embajada de El Salvador en Honduras, el Coronel David Iglesias destacado en el Estado Mayor y el Teniente Coronel, Leonel Ascencio.
A los ocho militares se les condenó el año pasado a 14 años de prisión por varios delitos entre ellos tortura, privación de libertad y allanamiento de morada.
Según los militares condenados, esta acción se derivó porque los dos jóvenes eran responsables de un supuesto robo de un arma de fuego de un coronel. En este sentido, los militares, tomaron la justicia por sus manos pasando por alto una acusación formal y el debido proceso penal.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
