Judicial
La FGR logra que explotadores sexuales sean condenados en Chalatenango
Cinco personas han sido condenadas a cumplir penas de 20, 16 y 14 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables judicialmente por haber explotado y abusado sexualmente de una menor en una población del departamento de Chalatenango.
La Unidad Especializada Delitos Tráfico Ilegal y Trata de Personas, informó que los imputados son Mirna Arely Rodríguez Rivera, David Josué Rivera Masón, Timoteo Duarte Escobar, Josué Ernesto Corona Valle y Milton Corona Valle. De acuerdo a la participación que tuvieron en este caso, enfrentaron los delitos de Trata de personas, en la modalidad de Explotación Sexual y Violación en Menor o Incapaz.
Todos comparecieron en vista pública a cargo del Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Los fiscales al exponer su dictamen de acusación durante la audiencia confirmaron que quedó evidenciado que los hechos inician el 7 de julio del año 2019 cuando la víctima, mientras recibía asistencia en el Hospital Rosales reveló al personal médico que había sido víctima de violación por varios sujetos, esto en una determinada zona del departamento de Chalatenango.
Fue así como se conocieron los pormenores del caso y principalmente fue la imputada Rodríguez Rivera, quien, en septiembre del año 2017, entregaba a la víctima hacia los imputados para que sostuvieran relaciones íntimas, a cambio de dinero. Las cantidades que pagaban los abusadores eran de $10 y hasta $20 que eran entregadas a la referida imputada.
Al final, las penas han sido determinadas de la siguiente forma:
David Josué Rivera Masón, fue condenado a 20 años de prisión por Violación en menor o incapaz, en la modalidad del Delito continuado; mientras que Mirna Arely Rodríguez Rivera, cumplirá 16 años de cárcel por Trata de personas Agravada, en modalidad de Explotación sexual.
Para Timoteo Duarte Escobar, Josué Ernesto Corona Valle y Milton Corona Valle, se les impone 14 años de prisión, por Violación en menor o incapaz.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
