Judicial
Juzgado decreta uso de brazalete electrónico para abogado Ricardo Jandres
En una audiencia inicial, desarrollada por el Juzgado 11° de Paz de San Salvador, se determinó que el abogado Ricardo Vásquez Jandres, de 60 años de edad, deberá portar el dispositivo electrónico conocido como brazalete, debido a que es procesado por el delito de ejercicio ilegal de la profesión.
El juez a cargo del caso ordenó instrucción formal con medidas alternas a la detención, por lo que además deberá presentarse una vez al mes al Juzgado 7° de Instrucción, no deberá cambiar de domicilio y no podrá salir del país.
Inicialmente el profesional fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de falsedad ideológica y desobediencia a particulares, pero tras la audiencia inicial se modificó el delito.
El abogado está acusado de haber elaborado 53 compraventas de vehículos, en igual número de víctimas, a pesar de tener conocimiento que estaba inhabilitado para ejercer como notario. Los documentos los elaboró en el período que abarca de septiembre de 2017 a febrero de 2018.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo inhabilitó como notario por haber elaborado un documento fraudulento, por lo que en agosto de 2017 le notificó que debía entregar el sello de notario, pero hasta la fecha no lo ha hecho.
Las compraventas las firmaba y sellaba en calidad de notario, por lo que esos documentos carecen de validez.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
