Judicial
Juzgado decreta uso de brazalete electrónico para abogado Ricardo Jandres
En una audiencia inicial, desarrollada por el Juzgado 11° de Paz de San Salvador, se determinó que el abogado Ricardo Vásquez Jandres, de 60 años de edad, deberá portar el dispositivo electrónico conocido como brazalete, debido a que es procesado por el delito de ejercicio ilegal de la profesión.
El juez a cargo del caso ordenó instrucción formal con medidas alternas a la detención, por lo que además deberá presentarse una vez al mes al Juzgado 7° de Instrucción, no deberá cambiar de domicilio y no podrá salir del país.
Inicialmente el profesional fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de falsedad ideológica y desobediencia a particulares, pero tras la audiencia inicial se modificó el delito.
El abogado está acusado de haber elaborado 53 compraventas de vehículos, en igual número de víctimas, a pesar de tener conocimiento que estaba inhabilitado para ejercer como notario. Los documentos los elaboró en el período que abarca de septiembre de 2017 a febrero de 2018.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo inhabilitó como notario por haber elaborado un documento fraudulento, por lo que en agosto de 2017 le notificó que debía entregar el sello de notario, pero hasta la fecha no lo ha hecho.
Las compraventas las firmaba y sellaba en calidad de notario, por lo que esos documentos carecen de validez.
Un total de 65 pandilleros de la MS fueron condenados a penas que, en conjunto, alcanzan hasta 880 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y San Miguel.
Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el homicidio de una de sus víctimas, quien fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, en San Miguel. Posteriormente, los pandilleros la aislaron, golpearon y apuñalaron hasta causarle la muerte.
Además, los imputados fueron declarados responsables de 22 homicidios, ocho casos de privación de libertad, 13 casos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo condenas contra integrantes de esta estructura criminal por los diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población.
⚖️ HASTA A 880 AÑOS DE PRISIÓN A 65 MAREROS
Una de las víctimas de estos criminales fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, San Miguel. Luego de aislarla, la golpearon y apuñalaron hasta matarla.
Además, los imputados son responsables de 22 homicidios, 8… pic.twitter.com/aaqK9xDLFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
