Judicial
Hombre termina con el rostro desfigurado al no contestar las preguntas de un borracho en una gasolinera del bulevar Constitución
Estar en una zona donde no era conocido y negarse a responder los cuestionamientos de un sujeto en estado de ebriedad provocaron que un hombre terminara desfigurado en el estacionamiento de una gasolinera ubicada sobre el bulevar Constitución.
La madrugada del 18 de mayo de 2017, Julio llegó a la estación de servicio buscando consumir bebidas y alimentos sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar a manos de Daniel H., de 37 años, quien podría recibir una condena de 10 años de prisión por los hechos.
Según el expediente judicial, la víctima y el imputado no se conocían y la discusión inició cuando el segundo Daniel H,, en estado de ebriedad y con un arma en sus bolsillos, comenzó a cuestionar a Julio.
Daniel, junto a un acompañante, llegó a la gasolinera a bordo de un vehículo y tras estacionarse se dirigió directamente a donde se encontraba Julio quien en un primer momento no se inmutó pese a la presencia de los dos extraños.
La forma de caminar de los sujetos y la manera en la que lo miraban alertó a la víctima quien disfrutaba de una bebida cuando comenzó a ser cuestionado sobre su procedencia por uno de los agresores.
Julio se quedó inquieto, pero no dijo nada y los cuestionamientos siguieron hasta un punto que se convirtieron en agresiones físicas que el ofendido no estaba dispuesto a tolerar pese a la desventaja que tenía.
En el relato que brindaron testigos se señala que Julio y Daniel comenzaron a forcejearse hasta que el imputado sacó un arma de fuego con la que apuntó a la cara de su víctima quien no pudo hacer nada por evitar el ataque.
Cuatro disparos cortaron brutalmente el silencio de la madrugada, Julio incluso no tenía forma de quejarse para ser socorrido ya que los impactos destrozaron su mandíbula y parte de su rostro.
Las detonaciones provocaron que testigos alertaran a elementos de la Policía Nacional Civil y a socorristas que llegaron a la zona para trasladar a Julio a un centro asistencial en el que fue estabilizado.
Los agresores intentaron darse a la fuga, pero los agentes arrestaron a Daniel por los delitos de homicidio tentado; el acompañante que estaba con el imputado logró huir sin dejar rastro y poco se conoce de su participación en el caso.
El fiscal del caso explicó que tras la larga recuperación la víctima perdió la gran mayoría de sus dientes y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para recuperar parte de su rostro.
El proceso judicial
Cuando comenzaron las investigaciones, Julio logró identificar a su atacante en una rueda de personas, algo que permitió que se judicializaran los hechos hasta llegar al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador
El martes 7 de mayo de 2019, Daniel –quien está siendo procesado en libertad- llegó a la sala de audiencia para enfrentar el juicio por el caso en el que se le detalló el delito y la pena que se le podría imponer.
La parte acusadora sostiene que el ataque fue producto de las reacciones de los efectos del alcohol, sin embargo, el abogado defensor sostiene que nunca a su cliente no se le hizo un examen que determinara esa afirmación.
Ese mismo martes, la representación fiscal solicitó una reprogramación ya que la víctima no había logrado tener el permiso de sus jefes para presentarse a la audiencia por lo que se espera que en próximos diez días se lleve a cabo el juicio.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
