Judicial
Hombre es condenado a 42 años de cárcel por abusar de su hija menor
María (nombre cambiado por protección), una menor que actualmente tiene nueve años, tuvo que comparecer en 2017 a través de la cámara Gesell. La niña debía relatar ante un juez los abusos sexuales que sufrió desde que tenía cinco años; el agresor no era cualquier persona, sino su padre.
Raúl Ernesto Orellana, el hombre de 42 años que engendró tres hijos con su esposa, estaba al otro lado del grueso cristal escuchando de la voz de su víctima los abusos a los que la expuso.
Orellana es mensajero de una empresa privada. En 2014 el sujeto comenzó con un comportamiento torcido respecto al que se espera de un padre, empezó a abusar de la menor de sus hijas dentro de la vivienda de la familia, en una colonia de Soyapango. El hombre aprovechaba la ausencia de su pareja y madre de la menor para cometer los abusos.
Según el testimonio de la víctima, Orellana la tocó de forma indebida en varias ocasiones y en diferentes circunstancias durante los años 2014 y 2015; sin embargo, un año después los abusos fueron mayores y el hombre llegó al punto de violarla. Para entonces, María había cumplido siete años.
La madre de la víctima se dio cuenta de lo que ocurría hasta el año pasado, cuando notó en la niña un comportamiento atípico para su edad y por unos comentarios que le hizo la empleada que para entonces cuidaba de los niños.
La mujer, al darse cuenta de lo ocurrido con la niña acudió a una sede de Ciudad Mujer y a la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia en contra de su pareja.
De acuerdo a un peritaje hecho por los especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML), María sí presentó indicios de haber sido abusada sexualmente. Se determinó que fueron varias ocasiones en las que Orellana cometió el ilícito.
Los detalles del hecho fueron expuestos en la audiencia de vista pública ejecutada por la jueza del Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador, luego de que el hombre fuera acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de violación y agresión sexual agravada contra de una menor y de manera continuada.
Luego de escuchar los argumentos tanto de la representante fiscal como de los dos abogados defensores del sujeto y de los testigos de cargo y descargo, la jueza valoró las pruebas periciales e impuso una pena de 42 años y ocho meses de prisión contra el hombre.
Orellana continuará detenido en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde ha permanecido recluido desde que comenzó el proceso judicial.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
